Durante el año pasado la Municipalidad de Rosario llevó adelante 7.500 auditorias sobre establecimientos de la ciudad vinculados con la producción, elaboración y venta alimenticia. A manos del Instituto Municipal del Alimento fueron inspeccionados 902 restoranes, 195 servicios de catering, 1.600 bares y mil rotiserías. Tras 410 denuncias recibidas en las oficinas ubicadas en Lima al 800, fueron clausuradas 200 empresas ligadas al rubro alimenticio rosarino. En comparación con el período 2011, hubo funcionando 1.200 menos empresas del rubro. Aún bajo, el porcentaje de clausuras se redujo desde el 2011 a un 5 por ciento del total de los establecimientos registrados.
En diálogo con El Ciudadano, la directora del Instituto encargado de la sanidad de los alimentos en la ciudad, Susana Dueñas, explicó: “Los establecimientos elaboradores de alimentos dentro del registro nacional –inscriben sus productos y tienen tránsito federal– se les hacen como mínimo dos auditorias anuales. Incluso se los llega a visitar hasta cuatro veces”. La funcionaria aseguró que los controles se realizan desde un supermercado de barrio hasta las grandes cadenas. Para Dueñas, en ninguno de los establecimientos se presentaron trabas durante las auditorías del 2012.
“La gente que ve una anormalidad puede hacer la denuncia de manera anónima, eso dispara una auditoría inmediata al lugar apuntado. No queremos llegar después. Trabajamos mucho desde la prevención y queremos que cada uno cumpla con su rol en la cadena alimentaria”, agregó Dueñas. Si bien el Instituto no tiene poder de policía, cuando la situación lo amerita, solicita la intervención del Tribunal de Faltas local. Al constatar las irregularidades, procede a la clausura o suspensión de actividades. Entre los motivos más comunes de clausura se encuentran la falta de habilitación municipal o medidas de higiene que pueden derivar en un riesgo potencial para la población. Otra causal para decomisos es el mal estado de la mercadería: falta de rotulación, rótulos engañosos o sin fecha de vencimientos. Respecto a la infraestructura de los locales, se registraron góndolas que no cumplen con la temperatura mínima de 16 grados. En particular, apuntaron desde el municipio, las que preservan productos perecederos como pescaderías, carnicerías o lácteos.
Respecto de la venta ambulante, la directora de la repartición explicó que el monitoreo está a cargo de personal municipal: Control Urbano y la Guardia Urbana Municipal (GUM). “El Instituto colabora capacitando a los vendedores ambulantes. Les damos cursos de manipulación de alimento –ver recuadro–, hacemos auditorías que llegan hasta seis visitas anuales donde exigimos que se priorice el lavado de manos, los controles de temperatura, que los productos estén registrados y rotulados. También instamos a que los aderezos no estén al aire libre sino refrigerados”, precisó Dueñas sobre las recomendaciones elementales y permanentes del municipio. Según la directora, el control es transversal, desde el más chico al más grande de los negocios y vendedores. Ya sea McDonald’s, que tiene su propio régimen de control de higiene y seguridad, a la venta en los balnearios de las islas.
El Instituto del Alimento cuenta con 30 auditores: personal con distintos perfiles que van desde ingenieros agrónomos, en alimentos, bioquímicos, farmacéuticos, veterinarios hasta licenciados en químicos. “Contamos con un plantel integrador. Si vamos a un frigorífico importante va un veterinario, por ejemplo. Las auditorias incluyen guarderías de bebés, colonias de vacaciones, piletas, geriátricos, panaderías, granjas, carnecerías, las cocinas centralizadas de los sanatorios, los microemprendimientos sociales. Tratamos de cubrir todo. De las inspecciones no se salva nadie”, señaló Dueñas.
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