El juez de Instrucción de la 9na. Nominación, Javier Beltramone, descartó esta mañana que la policía haya utilizado balas de plomo en el desalojo realizado el viernes pasado en terrenos de la zona de Empalme Graneros. Además, afirmó que hay cuatro personas detenidas.
El magistrado, quien brindó una conferencia de prensa en los Tribunales Provinciales, aclaró que las determinaciones se lograron a través de las pruebas de balística. “Si la posta de plomo hubiera sido disparada por la policía, tendría que haber herido a diez o doce personas, no a una sola”, consideró, al tiempo que aseguró que los tiros fueron efectuados con “un arma tumbera”.
Por otra parte, Beltramone indicó que hay cuatro personas detenidas por los incidentes durante el desalojo y que podrían pertenecer a una organización ilícita ya que, según detalló, “no se trata de personas en situación de indigencia”. Agregó que algunos rondan por la zona en camionetas Toyota Hilux.
El martes pasado, familiares de vecinos heridos durante el desalojo de los terrenos ubicados en la zona norte de la ciudad realizaron una denuncia en Tribunales, acompañados por el diputado provincial Eduardo Toniolli, en la que afirmaban que la policía había reprimido con balas de plomo.
“La policía tiene prohibida la compra de cartuchos rojo, que traen perdigones de plomo, por lo que, en un procedimiento ordenado por un juez y un fiscal, es prácticamente imposible pensar que se ordene la utilización de esos cartuchos, que están prohibidos”, puntualizó.
Asimismo, destacó que conforme a la cantidad de gente que se hallaba en el lugar y que como se trata de la utilización de una escopeta, que dispara múltiples perdigones en cada descarga, “tendría que haber razonablemente haber herido por lo menos diez o doce personas” y no una sola. “Esta afirmación científica se llega por la deformación que tiene el cartucho cuando es disparado por un arma reglamentaria. Si una posta de plomo se utiliza para ser recargada y posteriormente tirada con cartuchos de plomo, no se vuelve a deformar. Entonces, esto significa que fue disparada por un pistolón o una reconocida tumbera, que son de caño recortado”, explicó quien además dedujo que “es técnicamente imposible que una posta de plomo hiera a sólo una persona y por la espalda”.
Por otro lado, el juez aseguró que en los procedimientos ordenados por la Justicia fueron encontradas armas de fuego y que “aún resta aguardar el resultado de otros dos allanamientos”.
En tanto, se refirió a que, producto de los enfrentamientos con los manifestantes, no solamente hay una persona herida de la GUM, sino que hay tres camionetas de esa repartición, un móvil policial y una camioneta perteneciente al Poder Judicial que fueron destrozadas. “Tenemos fotos de todo”, confirmó.
Y agregó: “Contamos con un video de la policía en el que, a partir de las 19 horas, se pueden escuchar múltiples disparos de arma de fuego. Esto obligó a las autoridades a realizar una retirada.
Finalmente, Beltramone se refirió a la imputación que pesa sobre los detenidos que prevé penas de entre 10 y 15 años. Además, dijo que, si bien queda descartada la teoría de que los disparos fueron efectuados por la policía, no tiene ninguna duda de que, si llegara a probarse que un policía actuó por su cuenta y de modo incorrecto, la Justicia se encargará someterlo a juicio. “Esto se trata de ser serio y de contar con pruebas. No tengo ningún problema en ordenar alguna medida judicial, dentro de los límites legales, para aplicar la ley a aquellos policías puedan haberse excedido en su accionar. Pero con lo que nosotros tenemos probado, sería un disparate sostener que la policía autorizó el uso de balas de plomo “, concluyó.
Beltramone defendió la tarea de la hermana Jordán
El juez Beltramone dejó en claro que en el marco de la investigación por los incidentes durante el desalojo del predio, no se cuestiona el trabajo que la hermana Jordán desempeña en el barrio Empalme Graneros. “Estamos ante la presencia de la toma de un predio, donde me parece que el trabajo de la hermana está fuera de discusión”, expresó.
“A mí no me cabe la menor duda que al narcotráfico le molesta cualquier cosa que signifique urbanizar un barrio”, consideró el magistrado. Y agregó: “Cualquier intento por transformar un barrio para que las condiciones sociales sean mejores y más inclusivas va a resultar sumamente molesto para la gente que se dedica al comercio ilegal de estupefacientes”.
En este sentido, el juez de instrucción no descartó que la toma de los terrenos esté vinculada a personas que se dedican al narcotráfico y no a vecinos que sufren por falta de viviendas.
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