Los dueños de la jauría de perros que, según la imputación fiscal, atacaron al nene Diego Román, de 12 años, a mediados de 2019 en la localidad de Recreo y le causaron la muerte, fueron imputados por homicidio culposo la semana pasada.
Ahora, tras una audiencia de medida cautelar, la justicia les impuso un embargo de dos millones de pesos a cada uno y les impuso reglas de conducta entre las que se enumeran la prohibición de tener contacto con la familia de la víctima por cualquier medio como también acercarse a sus viviendas. Los imputados fueron identificados como IMR, de 53 años, y su pareja de 44 años cuyas iniciales son NEV.
La causa que investigó la muerte de Diego Román tuvo sus idas y vueltas. En un primer momento, la hipótesis giró en torno de un homicidio atroz, un informe pericial deslizó que se trataba de una muerte violenta, aunque otros cotejos al cuerpo determinaron que se trató de un ataque de una jauría de perros.
En este sentido, la pesquisa avanzó el mes pasado cuando se conoció un informe pericial al respecto que confirmó la muerte del nene fue provocado por acción de animales.
Para los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, el ataque se produjo entre el 3 y el 4 de julio de 2019 en inmediaciones del límite del predio rural que los imputados poseen y la propiedad de un vecino.
Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) añadieron que “tal como confirmaron las autopsias realizadas por especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los médicos forenses locales, los canes le produjeron múltiples lesiones contusas, punzantes, desgarradas y excoriativas que le causaron la muerte al menor de edad por hemorragia externa”, según describieron voceros judiciales.
Marchi y Gioria también hicieron hincapié que “en el marco de la investigación por la muerte de Román, lograron constatar al menos otros cuatro ataques cometidos por la jauría. Tres de ellos fueron contra seres humanos y el restante a otro animal”. Y añadieron que “estos hechos previos son los que confirman que los imputados sabían de la peligrosidad de los canes y no tomaron los recaudos legales necesarios”.
La jauría
La pareja tenía a su cargo una decena de perros de distintas razas, entre ellos Rottwailer, tres Bóxer, uno cruza con Pastor alemán, otro con Cocker y el resto mestizos.
La semana pasada la Fiscalía imputó a los dos propietarios de ocasionar la muerte de Diego por imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos u ordenanzas a su cargo. “A sabiendas de la potencialidad agresiva y lesiva de los animales, los imputados omitieron adoptar las medidas de cerramiento necesarias en el predio en el que estaban lo que hubiera permitido mantener a los animales en un ámbito de vigilancia”, explicaron.
Ahora los fiscales, en un acuerdo celebrado con el defensor de la pareja, presentaron ante el juez Rodolfo Mingarini, durante una audiencia de medida cautelar, un embargo por dos millones de pesos cada uno lo que fue admitido por el magistrado.
Además los imputados no podrán salir de la provincia ni el país sin autorización como tampoco tener contacto por ningún medio con los familiares de Diego por si o por otra persona. A estas normas de conducta se sumó una prohibición de acercamiento de 500 metros a sus domicilios. También no pueden tener contacto con los animales que fueron secuestrados y deberán presentarse cada 15 días en la comisaría local.
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