Las “nuevas” tarjetas de colectivo de 1 y de 3 viajes que de golpe y porrazo “aparecieron” en los puntos de venta causaron sorpresa en los pasajeros y asombro y enojo en el Concejo Muncipal, que ayer aprobó un pedido de informes “con carácter de urgente” para que el Palacio de los Leones explique por qué puso en circulación cartones que hipotéticamente no existen “sin haber previamente modificado las normativas que regulan el servicio de cancelación de viajes del sistema”.
La razón por la que aparecieron tarjetas que “no existen” parece ser una coincidencia matemática sumada a una situación doméstica. Es que en las bóvedas del Banco Municipal –el proveedor del sistema de boleto prepago– quedan los cartones de remanente, que ya no se pueden usar. Y todo indica que un retraso en la provisión de las tarjetas magnéticas debilitó la provisión: ante ello los funcionarios echaron mano a una cantidad no determinada de cartones cuyo único destino posible era juntar polvo y ocupar espacio: se trata de los que se pusieron en uso el 17 de abril de 2006. Ese día, se comenzó a aplicar la entonces nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros, con tarjetas biviaje de 1 peso con 90 centavos y tarjetas de 6 viajes de 5,40 pesos.
La matemática quiso que la tarifa exacta del boleto de hoy sea el doble que la que se ponía en vigencia hace casi cinco años y medio. Y si un usuario va a adquirir una tarjeta de seis viajes a 10,80 pesos, poca o ninguna incomodidad le provoca llevarse dos de 5,40. La misma lógica se aplica a la tarjeta biviaje de 3,80 pesos: “Llévese dos de 1,90”, podría ofrecer cualquier quiosquero.
Pero los ediles del Partido del Progreso Social Alfredo Curi y Héctor Cavallero no se lo tomaron tan a broma: en el proyecto que presentaron ayer adjuntaron fotocopias de los cartones que “no están admitidos en el sistema normal” –que son tres: los de dos y seis pasajes y la tarjeta de uso frecuente o tarjeta laboral– y reclamaron al Ejecutivo que cuanto antes explique “los motivos de la decisión, la justificación técnica de la misma, los estudios técnicos que la respalden”. Y también las causas por las cuales no pidió al Legislativo “la debida autorización”.
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