El Senado aprobó hoy con 39 votos a favor y 28 en contra el proyecto sobre blanqueo de capitales no declarados, enviado por el Ejecutivo.
El oficialismo impuso su mayoría para aprobar la iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, mientras que el arco opositor votó de manera unánime en contra del proyecto.
El blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno establece que las divisas que se exterioricen serán destinadas a la reactivación del mercado inmobiliario, energético y de la construcción, y quienes participen de esa operación no deberán rendir explicaciones sobre el origen del dinero.
La sesión especial comenzó pocos después del mediodía cuando la bancada oficialista, que conduce Miguel Pichetto, juntó el quórum reglamentario necesario para habilitar el debate del proyecto que permitirá el ingreso al circuito formal de divisas no declaradas al fisco, los que podrán ser utilizados a través de determinadas herramientas financieras en el sector de la construcción y en obras energéticas.
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico, que estarán denominados en dólares.
Asimismo, autoriza al Banco Central para emitir el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) en dólares, que será endosable, como un medio para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en la moneda estadounidense.
El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández, quien planteó que este proyecto permitirá al país “seguir en la senda del crecimiento y la generación de empleo”.
El legislador cuestionó además al radicalismo por oponerse a esta iniciativa, pese haber aplicado dos regimenes de blanqueo de capitales en las gestiones de los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, lo que generó un contrapunto con el jujeño Gerardo Morales y la cobista mendocina Laura Montero.
Fernández señaló que “no es la primera vez que se realiza un blanqueo” en el país y recordó que, además del aprobado por ley en el 2008, se instrumentaron otros en 1987 por una ley sancionada en la gestión de Alfonsín, y por medio de un decreto en noviembre del 2001, un mes antes de la renuncia de Fernando De la Rúa, en medio de una grave crisis social y económica.
El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que “esto no es un hecho que es sólo patrimonio de países subdesarrollados, sino que la principal potencia del mundo usa un sistema que es un mecanismo de blanqueo para dinero radicado en el exterior”.
“Quiero desmitificar de que esto se va a convertir en una narco-democracia o que va a entrar el dinero de la trata. Hace cuatro años y medio se hizo un sistema de blanqueo tributario similar”, recordó Pichetto.
En ese aspecto, el senador rionegrino dijo que “los principios férreos de que no se puede hacer una moratoria chocan con la realidad económica de que la gente necesita instrumentos para poder salir”.
Morales se hizo cargo de la decisión adoptada en la gestión de Alfonsín “al que definió como `su` gobierno” y dijo que era un plan de regularización de deudas. En tanto, evitó hablar del decreto dictado por el presidente del gobierno de la Alianza, Fernando de la Rúa.
Montero justificó la decisión de Alfonsín en la situación que se vivía en Latinoamérica y sostuvo que “fue la década perdida” para la región.
Morales afirmó que el oficialismo quiere generar “un paraíso fiscal para que se beneficien” los que no declararon miles de dólares y que la “clave es si esta ley va a ser transparente o no”.
Por su parte, el peronista federal y ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero, adelantó que su voto será negativo al proyecto de exteriorización de divisas.
En tanto, el senador bonaerense por el FAP, Jaime Linares, reafirmó su rechazo a la iniciativa oficialista y dijo que se hace porque “hay una crisis en el desarrollo del modelo económico y que tiene su principal problema en la cuestión energética” y dijo que este proyecto “es peligroso porque no tiene equidad” y es “es un retroceso desde el punto de vista impositivo”.
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