Es la eterna historia, la permanente disputa y la improvisación política casi siempre. Pero también es el mismo escenario: un sistema de transporte urbano que no satisface las demandas de los vecinos, ineficaz e ineficiente por varias razones. Y no sólo por las “frecuencias infrecuentes”, sino por las condiciones de viaje de los usuarios que cotidianamente es llevado como ganado al matadero de las indignas condiciones de vida usuales en Argentina. No hace falta que se diga, desde luego, que se habla del transporte urbano de pasajeros de Rosario (y de otras ciudades del país).
Por estos días se trata en el Concejo Municipal de Rosario el precio del boleto y, como se expresa en el inicio de esta nota de opinión, breve, pero contundente, se debate si se aumenta el precio del boleto y en qué porcentaje. Y, como siempre, hay un peculiar sistema de aplicación de la nueva tarifa: la mano política. Y es por esta razón que a las empresas privadas no les ha ido bien a la hora de invertir en transporte urbano y han perdido interés en participar en el mejoramiento de un sistema que ha sido emparchado por el Estado y que pagan todos los rosarinos, incluso los que no utilizan el servicio.
Lo inteligente sería que el precio del boleto fuera fijado no teniendo en cuenta parámetros políticos, sino analizando los costos que en realidad demanda mantener una empresa de estas características y la renta que debe tener. Sería auspicioso que tales costos los investigaran los que entienden del tema (podrían ser profesionales universitarios, por ejemplo) y no políticos que al momento de establecer los precios sucumben en la demagogia o política barata con el costo que ello, al fin, significa para el ciudadano.
Sería plausible, además, que el precio del boleto lo fijara un ente que ninguna vinculación tuviera con el Departamento Ejecutivo y el Concejo municipal, como ocurre en algunos países del mundo. A continuación se transcribe parte de una entrevista que hace dos años un periodista le hizo a Carmen Sanz Pardo, entonces jefa del área comercial del Consorcio del Transporte de Madrid, siempre vigente, desde luego:
–¿Cómo funciona el sistema de los boletos?
–Antes hay que mencionar que el Consorcio de Transporte fija la estructura tarifaria y por ende el valor de los títulos de transporte. Entonces, hay un abono que es multimodal que vale para todo tipo de transporte. El Consorcio, por ley, es dueño de todos los títulos y se ocupa de venderlos, de recaudar los ingresos de esas ventas, y de distribuirlos entre los operadores (privados y públicos). En definitiva, el usuario tiene que comprar un ticket al mes, y con él puede moverse por donde quiera y cuantas veces lo desee. El pasajero saca un boleto por un tiempo determinado y de acuerdo a zonas geográficas en las que está dividida la comuna de Madrid. Además, existe tarifa diferenciada para determinados sectores sociales, por ejemplo, los jóvenes.
–¿Cómo se determina el precio de la tarifa?
–Hay una serie de criterios. En primer lugar, el porcentaje de cobertura del financiamiento del sistema que abarca la recaudación. Queremos llegar al objetivo del 60 por ciento, es decir que ese porcentaje de lo que cuesta que el sistema de transporte funcione sea cubierto por la tarifa.
–¿Hay una tarifa específica para sectores de menores ingresos?
–No. Se considera que las políticas sociales deben ser implementadas por los organismos o las instancias estatales específicas, las consejerías de políticas sociales, por ejemplo; lo que sí tenemos son acuerdos con las secretarías de acción social de determinados ayuntamientos que nos compran a nosotros los títulos y luego ellos se ocupan de su distribución de acuerdo a sus criterios. Pero no es el órgano de transporte el que asume esas políticas distributivas”.
Después de leer esta entrevista es poco lo que puede decirse. Todo es bastante claro: el precio del boleto lo fija un consorcio de acuerdo con la realidad y no con la necesidad política. No hay subsidios, para eso está el Estado. En Madrid, claro, se viaja como corresponde, aquí como se puede y permite la improvisación y controversias de los políticos.
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