El Ciudadano
El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este martes y envió al mismo tiempo al Congreso la “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva”, que incluye entre los principales puntos la suba de retenciones al campo, bonos de 5.000 pesos para los jubilados, un impuesto del 30% para la compra de dólares y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por seis meses. Todo en el marco de un esfuerzo tendiente a conseguir el equilibrio fiscal y bajar la inflación, según explicó el ministro.
Este paquete de medidas “es un paso para resolver la crisis económica y social que generó un crecimiento de la pobreza y la indigencia, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y el restablecimiento de las condiciones macroeconómicas con equilibrio fiscal”, señaló Guzmán en rueda de prensa, y advirtió que el nuevo esquema propone “medidas para evitar el deterioro de la macroeconomía porque no se puede permitir un crecimiento del déficit, porque emitir (para cubrir ese déficit) sería desestabilizante”.
El ministro brindó detalles del proyecto de ley que incluye cuatro grandes bloques: jubilaciones, medidas tributarias, esquema tarifario y deuda pública.
Dólar y retenciones
Desde el lado de los ingresos fiscales, el impuesto del 30% que gravará la compra de divisas se amplía al atesoramiento y se destinará “para financiar la seguridad social en un 70% y el restante 30% para obras de infraestructura”. Así, con estos valores, habría un dólar de 63 pesos para operar en comercio exterior y de 82 pesos para atesoramiento y turismo.“Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos”, explicó el ministro.
Por contrapartida, el proyecto, que declara la emergencia financiera, fiscal, previsional, tarifaria, energética, social y sanitaria, también plantea la eliminación del impuesto a la renta financiera, para incentivar el ahorro de activos financieros en pesos.
Sobre el aumento de los derechos de exportación al campo, apostó a la contribución de “todos los sectores” para lograr el equilibrio fiscal y en ese marco reconoció “la importancia estratégica del sector agropecuario”, al tiempo que planteó “iniciar un diálogo para modificar el esquema de retenciones”, que tendrá como tope un 33% para el poroto de soja y un 15% para el resto de los granos.
Para aliviar a las pequeñas y medianas empresas, el proyecto contempla un plan de regularización excepcional de deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras para las pymes y entidades civiles sin fines de lucro.
Bienes personales
El proyecto también aumenta las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales a una escala de entre el 0,5% y el 1,25% al tiempo que faculta al gobierno a fijar una alícuota hasta un 100% mayor para tenencias radicadas en el exterior. El proyecto, además, permite reducir esa alícuota diferencial en el caso de que las tenencias en el exterior sean repatriadas, en un intento por incentivar el ahorro en el sistema local. La escala, que en la actualidad es del 0,25%, 0,5% y 0,75%, pasa a a tener un escalón más: en caso de ser aprobado en el Congreso arrancará en 0,5% y terminará en 1,25%.
Bonos para jubilados
Guzmán también destacó que la iniciativa enviada al Congreso comprende el paquete de medidas para la seguridad social, que entre otras establece la protección de “los jubilados que cobran la mínima” a partir de la entrega “de un bono de 5.000 pesos en los meses de diciembre y enero”.
El bono “alcanza a quienes perciben el haber mínimo pero respetando las escalas; quienes perciben un poco más de la mínima también reciben algo para que las escalas no se modifiquen”. Este plus se dará en medio de un congelamiento por 180 días del actual sistema de movilidad jubilatoria, que se ajusta por inflación, mientras se elabora “otro consistente y razonable”, afirmó.
Congelamiento de tarifas
En referencia al esquema tarifario, señaló que “lo que se hizo (durante el gobierno de Mauricio Macri) generó un enorme deterioro y se agravó la situación de la gente y de las empresas”.
“En consecuencia vamos a mantener por 180 días la postergación de los aumentos tarifarios y en ese lapso impulsaremos un nuevo esquema que contribuya a mejorar las condiciones para fomentar las inversiones en el sector energético”, aseguró el jefe de la cartera económica.
Deuda
El otro gran eje de la deuda pública fue abordado por Guzmán con más definiciones políticas que económicas. “El proyecto faculta al Poder Ejecutivo para negociar todo lo relacionado al tema deuda, que se alineará con el objetivo de la recuperación económica, definiendo un sendero fiscal para que nuestra deuda sea sustentable”, afirmó.
El ministro varias veces hizo hincapié en la necesidad de trabajar en un plan equilibrado con consistencia fiscal, aunque se excusó de proyectar números fiscales de cara al año que viene.
“Los números los van a tener por escrito y en forma institucional. Buscamos consistencia en lo fiscal, objetivo que será esencial para reducir la inflación y mejorar el perfil de la deuda”, concluyó el ministro de Economía.
Ministros y funcionarios exponen
Cinco altos funcionarios del gobierno nacional concurrirán este miércoles al Congreso para exponer sobre el proyecto de ley ómnibus de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que el Poder Ejecutivo envió en la tarde de este martes al Parlamento para declarar la emergencia pública por el término de un año.
En tanto, el oficialismo buscará debatir este miércoles en una reunión de dos comisiones y aprobar este jueves esta iniciativa en la primera sesión extraordinaria convocada por la administración de Alberto Fernández.
Para explicar estas medidas los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la directora de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, concurrirán este miércoles al Congreso para exponer aspectos centrales del proyecto ante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, que debe redactar el dictamen que se debatirá en la sesión del jueves.
El texto diseñado desde el gobierno, que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social
Rechazo de Negri
Por su parte, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, rechazó el proyecto ómnibus promovido por el gobierno para declarar la emergencia pública por un año y señaló que esta iniciativa “busca prácticamente desguazar el Congreso a través de una enorme delegación de facultades”.
Será clave la postura que asumirán los dos interbloques provinciales para sancionar esta ley ya que el Frente de Todos puede reunir 119 votos, con lo cual necesita una decena más para aprobar la iniciativa sin sobresaltos.
Los dos interbloques que serán claves en esta votación son Unidad Federal para el Desarrollo y la Equidad que conduce José Ramón y reúne ocho legisladores, y Unidad Federal, que tiene una decena de integrantes y está conformado por legisladores de Consenso Federal y cordobeses.
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