Unas 200 mil personas accedieron a microcréditos en el país desde 2006 para expandir pequeños emprendimientos productivos y, con ese fin, el Estado nacional subsidió tasas de interés y destinó unos 350 millones de pesos a unas 1.500 organizaciones sociales, según informaron ayer fuentes oficiales.
Esas entidades trabajan permanentemente con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Alicia Kirchner, y hacen viable el otorgamiento de esos préstamos, que registran un crédito promedio de 1.200 pesos, y que son devueltos mayoritariamente en forma semanal, a una tasa del seis por ciento anual, según la actividad.
“Es una cadena de decisiones”, explicó el coordinador general de la Comisión Nacional de Microcrédito, Alberto Gandulfo, quien resaltó la vocación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la ministra Alicia Kirchner de expandir la “economía social” hacia la producción de alimentos.
Esa cadena enlaza “la decisión política del gobierno de transferir recursos y expandir el sistema en el país y en Latinoamérica, la decisión de organizaciones y promotores de crédito de gestionar en forma conjunta y la apuesta fundamental de los emprendedores de tomar un préstamo y devolverlo”, graficó Gandulfo.
El 70 por ciento de los denominados “emprendedores” son mujeres de menos de 30 años, que encontraron en los microcréditos –con montos de entre 1.200 a 1.600 pesos– la “herramienta” para ampliar su producción o fuente de ingreso, a partir de que en 2006 se sancionó la ley 26.117 y validó la metodología con status nacional.
El modelo del microcrédito, que registra en la Argentina un 93 por ciento de recupero de los fondos prestados, está basado en un diseño del premio Nobel de Economía Mohammed Yunus, creador del llamado “Banco de los Pobres” Grameen, aunque en el país se aplica con un rol protagónico del Estado.
Este formato de “gestión compartida” y desarrollo de la “economía social” apunta a lograr “mejores ingresos para los sectores populares y una economía basada en el trabajo, en la solidaridad, en el compromiso y en la organización comunitaria”, explicó Gandulfo.
Neutralizar la concentración
Con el objetivo puesto en neutralizar los efectos en los más pobres de la “economía concentrada”, el sistema genera una “relación permanente entre el Estado, las organizaciones y los emprendedores”, lo que permite un “tejido social de organización que sostiene, crea y da sustento a la experiencia”, detalló el funcionario.
El programa nacional, con adhesión de 22 provincias (excepto San Luis y Capital Federal) está destinado a facilitar la expansión de pequeñas unidades productivas, que acceden a un crédito y fijan un sistema de devolución “a medida” de sus posibilidades.
Para eso, unos cinco mil promotores –becados por el gobierno pero que responden a las organizaciones sociales– recorren, capacitan y realizan un “seguimiento semanal” en todo el país de cada uno de los emprendimientos.
“El Estado subsidia la tasa de interés y la operatoria y las organizaciones sociales administran los fondos públicos, además de facilitar las gestiones para las habilitaciones, la capacitación y el monotributo social, entre otras cuestiones”, indicó Gandulfo.
Se trata de pequeños montos, que “en forma gradual y escalonada, a medida que se devuelven, se pueden aumentar y eso genera una rueda de confianza”, que no se rompe abruptamente cuando se registra alguna morosidad, sino que permite un replanteo del proyecto y del financiamiento.
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