Pablo Moscatello
Justo en el mismo momento en que los integrantes del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) estaban reunidos con referentes de organizaciones que defienden los derechos de usuarios y consumidores de toda la provincia, para definir los pasos a seguir cuando el hecho se consume, el gobierno santafesino solicitó formalmente al organismo la autorización para subir la tarifa de agua un 19 por ciento, tal cual lo había adelantado hace dos semanas el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio. “Tenés la primicia. Hace diez minutos nos acaba de llegar la oficialización del pedido del Ministerio”, le confirmó entre risas pasado el mediodía a este cronista el presidente del organismo, Alberto Muñoz, en las oficinas de calle Córdoba al 800. En el encuentro quedó confirmado que en poco más de un mes se llevará a cabo la audiencia pública en la que usuarios y especialistas podrán expedirse sobre la suba impositiva, aunque su opinión no es vinculante.
Si bien la solicitud de incremento tuvo su confirmación oficial en la jornada de ayer, el ministro de Aguas y Servicios Públicos ya la había anunciado hace quince días. “Fabricar un metro cúbico de agua (mil litros), que es lo que consume una familia tipo durante un día y medio, cuesta un peso, y nosotros lo estamos vendiendo a 43 centavos. Eso es algo irrisorio e imposible de sostener”, había afirmado.
Por su parte, al ser consultado por este medio, Muñoz evitó ayer realizar una valoración tajante sobre el pedido oficial de incremento del 19 por ciento. “Más que un número de aumento, hay que discutir una ecuación de calidad y el precio, qué servicio se va a brindar, qué sectores se van a conectar, dónde se van a solucionar problemas, y en función de eso hay un precio del servicio”, apreció el titular del ente, sin arriesgar opinión.
De todas formas, habrá que ver cómo se las ingenia el gobierno para convencer de la necesidad del aumento a los representantes de los usuarios, quienes ayer salieron de la reunión convencidos (o al menos así lo manifestaron) de no avalar ningún aumento. “Nosotros no avalamos ningún incremento de tarifas, bajo ningún pretexto, aún teniendo en cuenta que se diga que con ese aumento se van a hacer obras. Para que eso pueda llegar a darse primero debe anunciarse e informarse debidamente por escrito para que se conozca el impacto. Además, previamente debe tenerse un conocimiento de la situación económica de la empresa y un cronograma de obras de los próximos dos años”, sostuvo Christian Galindo, referente de la Red Argentina de Consumidores, que ayer participó del encuentro junto a integrantes de la Unión de Usuarios y Consumidores, las únicas dos agrupaciones en la ciudad que tienen personería jurídica.
Se viene la audiencia
Otra de las cuestiones que quedó confirmada en la reunión de ayer es el llamado, todavía sin fecha, a una audiencia pública, la cual deberá expedirse sobre el incremento solicitado por el gobierno. Si esto se concreta con los pasos legales previstos, será la primera vez en la historia santafesina en que los usuarios, representantes de las universidades y especialistas podrán participar, opinar y hasta decidir sobre políticas públicas, lo que en este caso implica definir los criterios tarifarios del servicio de agua. Según se supo, la idea es llamar a dos encuentros, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario.
“Esto es algo que hasta ahora no se hizo nunca con los efectos y la convocatoria que debe tener. Hasta ahora lo que hubo en algunos temas son jornadas de discusión pública, que no es lo mismo que una audiencia. Eso se dio en el tema de los subsidios al transporte a nivel nacional. Una audiencia tiene que tener ciertos requisitos, formalidades. Pero lo más importante es que las recomendaciones que salgan de esa audiencia pública tienen efecto jurídico y que la autoridad que tome la decisión final tendrá que fundamentar muy bien en caso de que se decida algo contrario a lo que se resuelva en audiencia pública. Se está trabajando en eso”, explicó Galindo.
El referente de los consumidores también resaltó como otro hecho importante tratado en la reunión el futuro cambio de configuración legal de la empresa. “La normativa que regula el funcionamiento de Aguas Santafesinas está hecha para una empresa privada y tenemos que pasar a una que regule una empresa pública. Nosotros creemos que la figura jurídica no debe ser una sociedad anónima, sino que tiene que ser una sociedad del Estado”. En este sentido el gobierno de la provincia ya tiene redactado un borrador y se dice que “en el corto plazo” quedará conformada la sociedad de Estado que reemplace a la sociedad anónima.
El trasfondo
Si bien en las declaraciones a la prensa ciertas cuestiones no se mencionaron, hay realidades que preocupan y mucho tanto a los funcionarios del Enress como al gobierno de la provincia. Actualmente, la empresa funciona con un déficit operativo permanente y hay muchas obras que, a raíz de esa situación, están atrasadas. “Si Assa fuese una firma privada como cualquier otra habría quebrado hace rato”, le confió otro de los integrantes del directorio a este medio.
En otro orden, consumidores y autoridades del Enress coincidieron (a pesar de que esto tampoco fue hecho público) en la necesidad de avanzar en algún momento a una tarifa que sea acorde al consumo y no a la cantidad de metros cuadrados de un inmueble, tal cual sucede en la actualidad. “Hoy en las quince ciudades de Santa Fe donde está Aguas Santafesinas, tenemos una tarifa casi plana. No se tiene en cuenta si el agua se derrocha o se usa racionalmente. Tenemos que empezar a entender esto y a discutirlo porque el agua, como ya se ve, va a ser el problema de los próximos años”, aseveró Muñoz en diálogo con El Ciudadano.
El funcionario agregó que actualmente se tiene “una red que 110 años de antigüedad. Y la planta potabilizadora fue hecha hace 50 años. Si no empezamos a encarar este tema le vamos a llevar un problema a nuestros hijos. Éste es el problema principal”, concluyó.
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