La presidenta Cristina Fernández inauguró ayer la llamada ronda de “diálogo político” y dejó entrever la voluntad del gobierno de modificar el impuesto a las Ganancias, pero se mostró tajante frente a empresarios, industriales y líderes sindicales, al afirmar que “el modelo no se cambia” más allá de lo que suceda en las elecciones de octubre.
En un encuentro de más de tres horas en el hotel Patagonia de Río Gallegos, la jefa del Estado escuchó los reclamos de cada sector y brindó respuestas y explicaciones en una reunión calificada como “muy productiva” por la propia mandataria en una rueda de prensa.
“Pasamos revista a todos y cada uno de los puntos de vista, y el gobierno explicó lo fundamental de la economía Argentina”, indicó CFK y señaló que “hubo coincidencias en realizar mesas multisectoriales” para tratar los problemas específicos de cada sector.
Uno de los temas de esos grupos de trabajo, indicó la presidenta, serán, por ejemplo, “los precios que imponen los sectores monopólicos”. Indicó que los puntos de coincidencia que hubo en la reunión fueron “el crecimiento de la actividad, de la construcción, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la defensa de los puestos de trabajo”. Cristina dijo que fue “una reunión muy productiva que vamos a repetir más seguido”. Y afirmó: “Hoy estamos en una situación sustancialmente diferente a la que está el resto del mundo”.
De este modo, el gobierno puso en marcha el “diálogo político” que la misma Casa Rosada busca motorizar. En esta ocasión, la presidenta analizó la coyuntura económica doméstica ante representantes de las principales cámaras empresarias e industriales y sindicalistas. Empresarios y gremialistas que participaron del encuentro, en el que se discutió sobre el impuesto a las Ganancias y la posibilidad de gravar la renta financiera, informaron que este mecanismo de reuniones continuará con el equipo económico del gobierno mediante encuentros periódicos cada 20 días o un mes.
De todos modos, la presidenta se mantuvo firme en su postura: ratificó que “el modelo no se cambia pase lo que pase en las elecciones” legislativas del 27 de octubre próximo y “lo dijo en varias oportunidades”, aseguró el titular de la Came, Osvaldo Cornide, al término de las deliberaciones.
El secretario general de la CGT oficialista, Antonio Caló, por su parte, señaló que cada sector planteó a Cristina sus problemas específicos y “ella dio sus explicaciones”.
“Hay voluntad de solucionar” el reclamo sindical para que se actualicen los parámetros sobre los cuales se aplica Ganancias, remarcó el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, Eduardo Eurnekian, quien dijo que se trató de una “reunión positiva”.
Del encuentro también tomaron parte el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el número dos de la cartera, Axel Kicillof; y la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; además de los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Trabajo, Carlos Tomada, acompañando a Cristina.
También participaron el presidente de la UIA, Héctor Méndez; sus colegas de Adeba, Jorge Brito; de Came, Cornide; de Adimra, Juan Carlos Lascurain; de Aeropuertos Argentina 2000, Eurnekian; y los líderes sindicales Caló, Ricardo Pignanelli y Gerardo Martínez (por la CGT oficialista), Hugo Yasky y Pedro Wasiejko (ambos de la CTA oficialista).
Enojo de los “suplentes”
Entidades del agro y gremios opositores cuestionaron ayer la decisión de la presidenta de excluirlos de la convocatoria al diálogo. El líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, dijo que “hubiese correspondido” que el gobierno lo invitara a participar de la reunión con empresarios y sindicalistas en Río Gallegos. “El diálogo con amigos sirve de poco. El diálogo debe ser con los que no piensan igual”, sostuvo, y consideró que el encuentro fue una “parodia”.
El titular de FAA, Eduardo Buzzi, advirtió que el gobierno “excluye y proscribe” a entidades del sector. “Mientras la presidenta convoca a quienes considera «dueños de la pelota», excluye al sector más dinámico de la economía”, enfatizó. Por su parte, el titular de la SRA, Luis Etchevehere, dijo que la “convocatoria” presidencial fue “renga” porque no tuvo al “sector agropecuario”.
Adjudicaron la construcción de dos megarepresas en Santa Cruz
La presidenta Cristina Fernández encabezó ayer la adjudicación para construir las represas hidroeléctricas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic” en Santa Cruz, y defendió la “transparencia” del proceso. Las obras por casi 23 mil millones de pesos fueron otorgadas al consorcio integrado por las empresas argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo, y la china Gezhouba.
En el salón de actos del Obispado de Río Gallegos, la presidenta remarcó que el proceso de licitación “se hizo con total transparencia” y les advirtió a los empresarios que “las obras públicas no se ganan con lobby o denuncias contra otras empresas”.
“Si empiezan con denuncias sobre la otra, no es un buena conducta empresaria”, consideró la mandataria. Cuando comenzó su discurso, Cristina se encargó de aclarar que el gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, alejado del kirchnerismo, había sido invitado al evento y no había podido ir por “temas de agenda”.
El proceso licitatorio para construir ambas represas –que una vez concluidas aportarán 1.740 megavatios de potencia al sistema eléctrico nacional– llega a su fin. Así, quedaron afuera las ofertas presentadas por el consorcio Constructora Norberto Odebrecht-Industrias Metalúrgicas Pescarmona-Alstom Brasil Energía e Transporte, de acuerdo con lo manifestado por la unidad técnica mixta de evaluación del gobierno.
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, autorizó a la Secretaría de Obras Públicas a suscribir con la empresa adjudicataria el contrato de obra pública, de acuerdo con la resolución publicada ayer.
La construcción de las represas sobre el río Santa Cruz demandará entre 5 y 6 años, y una vez en funcionamiento permitirán reducir en unos 1.100 millones de dólares anuales las importaciones de energía, según cálculos oficiales.
Para su concreción se crearán 6.900 puestos de trabajo, de los cuales el 70 por ciento deberá ser destinado a habitantes de Santa Cruz.
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