Un grupo de 13 familias –que suman un total 70 personas con niños incluidos– temen ser desalojadas de sus viviendas, ubicadas en un lote sobre la vía del ferrocarril en el barrio San Francisquito, en la zona oeste de la ciudad. La angustia de los vecinos comenzó a materializarse con la llegada de sendas cédulas judiciales solicitando que se retiren del lugar, situado entre las calles San Nicolás, Cafferata, Virasoro y Gálvez, sobre el que tiene jurisdicción la empresa Ferrocarril Belgrano Cargas. Preocupados por el panorama y ante la posibilidad inminente de quedar en la calle, los damnificados recorrieron varios despachos estatales para solicitar la posibilidad de mudarse a otro lugar, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria hasta el momento.
“A principios de abril de 2009, cuando comenzó el proceso de desalojo, nos llegaron las primeras cédulas, la mayoría de los vecinos queríamos luchar para quedarnos allí. Hoy reconocemos que como ciudadanos merecemos tener viviendas dignas, con los servicios básicos de agua, cloacas y electricidad y sus correspondientes redes como calles, transportes, escuelas y centros de salud”, destacaron los vecinos en un escrito que acercaron a este diario.
Mabel, que vive allí hace un año y medio y tiene tres hijos, señaló que están “muy preocupados porque ya está dictada la sentencia”. “Yo compré la tierra y lamentablemente me estafaron. Tengo tres hijos que mantener y realmente se me hace muy difícil todo. Para colmo ahora estamos en alto riesgo de quedar en la calle”, continuó.
El juicio –según cuentan los vecinos– avanza rápidamente y uno de los casos ya tiene sentencia de desalojo y las otras están próximas a salir. “El juez que entiende en la causa, Armando Alberto Bonino, de la 1ª Instancia de Circuito de la 3ª Nominación, ya nos adelantó que no es su intención demorar la sentencia, ni involucrar al gobierno y que sólo cumplirá con su función”, informaron.
La mujer habló más adelante de la buena relación que tienen los habitantes del lugar. “Somos un grupo de gente muy unido, realmente nos llevamos muy bien. Estamos hablando de personas de trabajo. Acá hay argentinos y peruanos. Todos trabajan de sol a sol y son muy honrados. Los peruanos, especialmente, son gente de mucho trabajo. No toman, no se drogan y cuidan muy bien a sus hijos. Ellos especialmente están muy asustados porque no tienen resuelto todavía el tema de su residencia y temen ser deportaros y realmente acá se sienten muy útiles”, añadió.
Entre los distintos problemas que padecemos está el tema de la luz. La energía eléctrica acá es muy débil y eso hace que haya muchos chicos enfermos porque los ventiladores, por ejemplo, prácticamente no arrancan. Los nenes están llenos de granos porque transpiran mucho por el calor. Con el tema de la baja tensión a mí se me quemó el televisor”, prosiguió.
“El tren es otro de los problemas, ya que pasa muy cerca de las casas y ha cortado cables, caños de agua y por la constante vibración cuando pasa ha tumbado algunas paredes. Además, esté el riesgo de accidente con los chicos. Nosotros lo que queremos es tener una vivienda digna. El tema es que nos quieren desalojar y no tenemos dónde ir. Eso provoca una angustia muy grande y lamentablemente no tenemos ninguna respuesta desde el Estado”, expresó.
La historia cuenta que Claudio Bobino, con su esposa e hijos, fue el primer vecino que llegó al terreno. Su familia tiene una casa de material, “construida con mucho esfuerzo”. El resto de las viviendas son más precarias, están hechas con chapas, maderas y cartones. “Cuando llegamos al terreno, hace varios años, era un basural. Nosotros lo limpiamos, emparejamos y levantamos nuestras casas. Nos organizamos para proveernos de luz y mantener seguros a los niños, ya que el tren pasa a metros de nuestras casas varias veces a la semana”, comentaron.
Por su parte, Luisa Montalbetti, representante legal de la ONG Casa de Todos, agrupación que ayuda a los vecinos en sus reclamos, explicó que “la mayoría de los expedientes están ingresando al juzgado y las sentencias se van a ir ejecutando, primero mediante notificaciones pidiéndole a la gente que se retire del lugar y después, si las personas permanecen allí, mediante el uso de la fuerza pública”. “Estamos hablando de que en el plazo de un mes comenzarían a materializarse estás acciones”, arriesgó.
“Hoy (por ayer) fuimos a la Municipalidad para buscar una solución a este tema y tuvimos algo así como una situación donde se mezclaron la mala con la buena suerte. La mala suerte fue que llegamos y nos encontramos con que había una actividad prácticamente nula por el paro que están llevando a cabo los empleados. Pero la buena noticia fue que justo nos encontramos con el intendente Miguel Lifschitz, a quien le entregamos en mano un documento explicando todo. Él lo recibió, nos dijo que desconocía el tema y que iba a tomar cartas en el asunto”, reveló.
Por último, según cuentan, los vecinos han presentado petitorios ante las diferentes reparticiones gubernamentales: el Servicio Público de la Vivienda (SPV), la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), el Ministerio de Desarrollo de la Nación y ante la Defensoría del Pueblo. “Sólo queremos que el gobierno al que le corresponda nos garantice nuestro derecho a la vivienda digna. Vamos a luchar para que ello se cumpla porque no estamos dispuestos a quedarnos con nuestros hijos en la calle”, finalizaron.
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