Negui Delbianco
La emblemática causa de gatillo fácil de Jonatan “Joni” Herrera, tuvo otra instancia judicial este año cuando un nuevo Tribunal de la Cámara de Apelaciones confirmó el jueves pasado la condena a 17 años de prisión para el policía Ramiro Rosales, de 33 años, como autor del homicidio doloso cometido en enero de 2015. Este fallo llega a casi nueve años de una lucha incansable de la Multisectorial contra la Violencia Institucional y de la familia del joven para que se demostrara que su muerte no fue un error sino que fue una víctima de la violencia institucional.
El 4 de enero de 2015 a las 15, Jonatan, de 23 años, lavaba su auto Volkswagen Gol en la puerta de su casa, ubicada en pasaje Villar y Ayacucho, a pocos metros de bulevar Seguí al 300, en barrio Tablada. El joven padre no tenía idea de que a once cuadras, se había producido un asalto a una juguetería de Saavedra y San Martín.
Agentes de Comando Radioeléctrico perseguían desde esa zona a un joven sindicado como quien cometió el robo, condenado en tiempo record en un juicio abreviado. El chico pasó corriendo frente a Jonatan con los uniformados por detrás. En ese momento pasaba un colectivo urbano en el que viajaban una decena de policías de la PAT. Cinco decidieron bajarse y unirse a la persecución.
Jonatan, al ver la escena, intentó resguardarse y corrió a esconderse detrás de un árbol, pero al menos cuatro de los uniformados de la PAT abrieron fuego y lo mataron. En el lugar, los pesquisas recolectaron 50 vainas servidas que provinieron de las armas reglamentarias de los policías.
Los cuatro uniformados quedaron vinculados al caso, también una mujer que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico. El más comprometido fue Ramiro Rafael Rosales sindicado como el autor del tiro que le atravesó la arteria hipogástrica en la pierna a Jonatan y le causó la muerte. Los resultados de las medidas también determinaron que disparó su arma reglamentaria en 11 oportunidades, sin dar la voz de alto.
Después de dos años de muchas manifestaciones para exigir justicia y hacer interminables vigilias en los pasillos de los tribunales cada vez que había rumores de acuerdos abreviados, llegó el juicio oral donde el 24 de abril de 2017 un tribunal pluripersonal –a cargo de Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala– resolvió absolver por el homicidio de Jonatan a la única mujer policía de Comando Gladys G. y condenar a Rosales a 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, también agentes de la PAT, fueron penados a 3 años y 8 meses por abuso de armas agravado.
Las querellas que representa a los familiares de Jonatan junto a la Fiscalía apelaron la resolución con sabor a nada del tribunal de primera instancia. En octubre de ese mismo año, los camaristas Javier Beltramone, Bibiana Alonso y Georgina Depetris confirmaron tanto la absolución a la uniformada de Comando como los seis años y medio de prisión para Rosales. Además, redujeron las penas de los agentes de la PAT, Rodríguez, Sosa y Gálvez, a dos años.
La familia no desistió y acompañados por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, retomaron el derrotero judicial llevando la causa a la Corte Suprema de la Provincia que, tras analizar el expediente, envió el caso a otro tribunal de segunda instancia para que revisara el fallo.
En octubre de 2022, los camaristas Gabriela Sansó, José Luis Mascali y Carolina Hernández revocaron parcialmente la sentencia y encuadraron el caso en el delito de homicidio agravado con dolo eventual por el uso de arma de fuego e impusieron a Rosales la pena de 17 años de cárcel.
“Yo sabía que a Jonatan Herrera lo mató la Policía asesina”: 17 años de cárcel para Ramiro Rosales
Este fallo de la Cámara abrió una nueva instancia debido a que el defensor Mariano Buffarini interpuso una nueva apelación horizontal, la cual tiene como finalidad resguardar el derecho del “doble conforme”.
La apelación horizontal
El nuevo tribunal de segunda instancia designado para ello estuvo integrado por Gustavo Salvador, Daniel Acosta y Carina Lurati, quienes en septiembre pasado comenzaron a analizar los fundamentos de la defensa como también las pormenorizadas fundamentaciones del fiscal Miguel Moreno, de la querella de la pareja de Jonatan, representada por Gustavo Feldman y Liza Feldman, y de la madre de Jonatan, constituida por Federico Garat y Gerardo Andrés Bravo.
El defensor de Rosales se enfocó en tres puntos para apelar el fallo entre los que se destacaron: el reproche por la valoración de la prueba en orden a la calificación la que consideró errónea, ya que debía ser culposo y no doloso. También hizo un detallado análisis de la mecánica que terminó en el crimen de Jonatan y resaltó que Rosales iba por el joven que escapaba del personal de Comando, no por Jonatan.
Además, insistió en la inexperiencia de Rosales, de entonces 25 años, y describió una situación que sobrevoló todas las instancias por las suspicacias que generó la responsabilidad política, pero que no tuvo lugar en los debates.
Para Buffarini, “a mayor experiencia a la función policial, mayores niveles de exigibilidad, entonces a mínima o nula experiencia (en el caso de Rosales se trató de la segunda guardia), deben ser menores”, indicó para detallar que, oriundo de la capital provincial, había ingresado de pupilo a la Escuela de Policía en marzo de 2014.
Reforzó esta teoría en la ley orgánica policial y al artículo 37 de la Ley de Creación del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (Isep) que determina que para ser funcionario policial debía cursar y aprobar dos años de la tecnicatura de auxiliar en seguridad.
Sin embargo, “por la situación de emergencia que atravesaban las fuerzas de seguridad a los seis meses de cursado, el 22 de diciembre de 2014, con sólo tres prácticas de tiro y faltando un año y medio entero de capacitación y siendo esa su segunda guardia: lo nombraron suboficial y lo mandaron a patrullar con la PAT”, al igual que a sus otros colegas que intervinieron esa tarde fatal del domingo 4 de enero de 2015 en barrio Tablada.
Tras analizar la apelación presentada por la defensa y en línea con los argumentos de las querellas, los camaristas Salvador, Acosta y Lurati resolvieron este jueves 2 de noviembre confirmar íntegramente la sentencia apelada.
“Estamos de acuerdo en que no hubo abuso funcional, Rosales no se valió de su cargo para salir a matar. Ello lo libertó de la pena de prisión perpetua. Salió a disparar para reducir a un sujeto al que se perseguía sin tener ninguna noción del hecho por el que se lo perseguía, no dar la voz de alto ni establecer ninguna proporción en sus acciones, y lo más grave, no actuó procurando resguardar la vida de terceros como acción primaria. Ello no es producto de un error. Fue producto de su decisión. Equivocada decisión. Nadie le ha achacado a Rosales disparar fuera de su deber, se le achacó haber matado más allá de su calidad de personal policial”, describen los magistrados en sus consideraciones.
Y para finalizar el fallo cierra con otro párrafo tajante: “Haber bajado del colectivo con el arma empuñada, a la carrera, listo para utilizarla lo que ha demostrado en Rosales es no haber tenido dudas a la hora de su accionar tendiente a efectuar disparos en la vía pública, esto es, el mayor desapego por toda regla propia de la actividad por la cual se le entregara un arma de fuego con semejante poder letal, que es la protección de los ciudadanos como primer función. Un joven padre, un joven hijo, hermano, que en su día libre lavaba su auto, quedó sin lograr esconderse de los disparos de 9 agentes policiales y recibió tres impactos, uno de ellos fue el de Rosales, uno de los once que disparó”.
La potencia de lo colectivo
Conocida la resolución, la Multisectorial contra la Violencia Institucional publicó una reflexión en su cuenta de X (Twitter) que engloba estos casi nueve años de lucha constante para honrarlo con justicia a Jonatan Herrera.
“La perseverancia, la creencia en el tiempo y la potencia de lo colectivo así como la lucidez para afrontar la adversidad y la arbitrariedad sean quizás los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Lo decíamos hace unos días cuando comunicamos el recurso de apelación por la sentencia en la causa Franco Casco: fallos adversos de primera instancia pueden ser revisados y revocados en tribunales superiores. Como en este caso, más temprano que tarde, será justicia también por Franco y por todes les pibes asesinados por la Policía. ¡Nos la deben y será nuestra!”
✊🏻 #AHORA
El tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Rosario, encargados de revisar la sentencia acusatoria a RAMIRO ROSALES en virtud de recurso de apelación horizontal interpuesto por su defensor, resolvió ¡confirmar la sentencia apelada! pic.twitter.com/nYcr4whLBq— Multisectorial Contra La Violencia Institucional (@MultisectorialI) November 3, 2023
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