¿Por qué un productor agropecuario, una industria o una empresa constructora están exentos del famoso impuesto a los Ingresos Brutos y el peluquero de la esquina debe pagar religiosamente? ¿Por qué los que facturan por millones no pagan un tributo que por otro lado están obligados a cumplir muchos que a gatas llegan a fin de mes? La pregunta se la hacen muchos que asistieron impávidos al debate en la Legislatura provincial, donde el oficialismo intentó romper esa lógica por tres veces consecutivas y el reutemismo resistió tenazmente. Tanto resistió que finalmente impuso su criterio en el último de los debates, en el que había juntado más presión, cuando los empleados públicos amenazaban con dejar paralizada la provincia.
Son pocos los que recuerdan los motivos que dieron origen en su momento al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, transformado en ley en la provincia en 1993, que eximía del pago de Ingresos Brutos a sectores que se suponía promovían la creación de empleo. Lo cierto es que en aquel momento la lógica de la economía nacional era muy distinta a la actual. Un Estado “acomplejado” miraba con ansias a cualquier proyecto de inversión privada y quitaba del medio toda las trabas que frenaran al posible nuevo inversor, a quien se miraba como una especie de redentor. Por eso la Nación y las provincias resolvieron firmar aquel acuerdo en el que quedaban exentas del pago a los Ingresos Brutos actividades que se suponían tenían un efecto multiplicador sobre el empleo.
Para el viceministro de Economía provincial, Carlos Fernández, hoy la situación es diferente y los senadores “deberán explicarle a los santafesinos por qué impidieron que Santa Fe pueda seguir el mismo camino que el resto de las provincias argentinas, que ya salieron de los acuerdos fiscales firmados en los 90”. Para Fernández los argumentos de la oposición sobre la inconveniencia de levantar la exención no son coherentes: “La oposición tiene que definir si defiende la competitividad de las empresas o el bolsillo de los consumidores”, aseguró, para luego aclarar que en el último rechazo de los senadores al proyecto tal como estaba la provincia se perdió de recaudar algo más de 200 millones de pesos, considerando los nueves meses que restan del año.
Además, Fernández aseguró que difícilmente se puedan dar las proyecciones de los senadores reutemistas sobre la recaudación: “No quiero ser agorero pero en los dos primeros meses la diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado apenas llega a los 15 millones de pesos, nada” aseguró.
“Para no gravar a noventa grandes empresas industriales o a los beneficiados por el boom de la construcción, perjudicarán a tres millones de santafesinos que verán reducir las inversiones que le mejoren la calidad de vida” dijo el diputado del PS Raúl Lamberto sobre la posición de los senadores reutemistas en la Legislatura. Lejos de las consideraciones sobre el “efecto cascada” o el “efecto multiplicador” sobre las fuentes de trabajo, en las que insiste el reutemismo, el oficialismo califica como “un capricho” la posición del PJ en el Senado y le atribuye intenciones de defensa del poder económico más concentrado de la provincia.
“Creo que ha habido un posicionamiento político muy serio –dijo Lamberto en una de las sesiones del debate parlamentario–. Se han tomado banderas de la industria que ni la industria las toma. ¿Cuántas cámaras industriales vinieron a pedir por no pagar Ingresos Brutos a esta Cámara? Es difícil para un industrial llegar a explicar esto en una provincia con necesidades, con excluidos, con desocupados, con problemas de seguridad. ¿Cuántas cámaras de la construcción vinieron? ¿Qué inflación genera un edificio que vale 500 mil dólares y lo venden a 2 millones de dólares? Las cámaras no se animaron. Llegaron a reconocer que podían pagar Ingresos Brutos. No el 2,5 pero, tal vez el 1, pero lo podían pagar”, protestó Lamberto en un pasaje de los largos debates reprochando la actitud del PJ.
Para el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti es “inentendible” que en Santa Fe esté desgravada la industria y la construcción, “que son los que más posibilidades tienen hoy de contribuir al erario público”, por lo que acusó al Senado de quitarle a la provincia “la posibilidad de que tributen quienes más ganancias tienen”. Incluso el propio secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Alberto Maguid, se animó a meterse en la discusión tributaria y planteó que los que ganaron mucho en los últimos años tenían que hacer un esfuerzo impositivo y contribuir a solventar los gastos del Estado. Pero tampoco fue escuchado por la mayoría reutemista en el Senado provincial.
¿Sectores concentrados que se escudan bajo el amparo de legisladores? ¿Legisladores que defienden el trabajo y se preocupan por no generar inflación? ¿Justicia o injusticia tributaria? Cada uno tendrá su respuesta. Por lo pronto el peluquero seguirá pagando y el industrial mantendrá la exención. El tiempo dirá cuánta justicia hay en eso.
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