Ana Laura Piccolo
Un albañil que permaneció el último mes detenido en una comisaría, sospechado de participar en un robo, sufrió la amputación de una pierna luego de que se le infectara la herida que le provocó una bala policial. Días antes, la familia había logrado por medio de un habeas corpus trasladarlo a la Unidad 3, pero fue tarde. Los abogados defensores no sólo aseguran que su cliente es inocente, sino que piden explicaciones al juzgado que investiga la causa ya que no le tomó declaración indagatoria durante el mes que estuvo preso, medida que se realiza dentro de las 48 horas posteriores a una detención.
Ramón es un albañil de 36 años que hasta la tarde del 26 de febrero vivía junto a su esposa y dos hijos en el asentamiento conocido como Villa Banana, en la zona oeste de la ciudad. Esa tarde discutía con un vecino cuando llegó la Policía y le disparó de espaldas, según denuncian sus familiares y varios testigos, por un robo que había ocurrido momentos antes en una perfumería del barrio.
El plomo le atravesó la arteria femoral de la pierna izquierda y ese mismo viernes fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital de Emergencias. Luego de otras dos operaciones Ramón fue dado de alta el martes siguiente y trasladado a la comisaría 13ª, adonde lo alojaron en un calabozo.
Los familiares de Ramón, que aseguran que esa tarde había estado todo el día construyendo una habitación para su hermana a la vista de todos los vecinos de Villa Banana, trataron de evitar por todos los medios que el hombre quedara alojado en la comisaría por la “falta de higiene y las condiciones de hacinamiento”. Y fue por eso que recurrieron desesperados a la Justicia.
“Cuando lo fui a ver a mi hijo estaba destruido. Lo habían puesto en un calabozo con la ropa y el colchón mojados. Sin agua ni medicamentos. Tenía los dedos del pie todos negros”, relató Marta visiblemente angustiada. “Nos arruinaron la vida. Cómo le explico ahora a mis nietos que su papá se fue con dos piernas y va a regresar con una. Arruinaron una familia”, dijo.
Recién el día jueves y por medio de un habeas corpus que dio lugar el juez de Instrucción de la 8ª Nominación, Juan José Pazos, la familia de Ramón logró su traslado a la Unidad 3, adonde tenía mejores condiciones de higiene. Sin embargo, a esa altura la infección ya le había comprometido casi toda la pierna, y el sábado pasado debieron amputarlo arriba de la rodilla.
Los familiares no entienden por qué le dispararon, por qué está preso y temen que cuando le den el alta médica lo vuelvan a alojar en un calabozo con la posibilidad de que se infecte nuevamente. En ese sentido dijeron que Ramón continúa esposado recuperándose de la operación en el Heca.
Fue un error
La madre de Ramón vive a una cuadra de la casa de su hijo, en una humilde vivienda ubicada en 27 de Febrero y Gutenberg adonde funciona un quiosco. Según la mujer, el día del hecho su hijo había estado construyendo una piecita para su hermana detrás del negocio y ante la presencia de muchos vecinos. Luego de trabajar toda la tarde se fue a bañar y a cambiar la ropa y cuando volvía, en pantalón corto y sin remera, se cruzó con un vecino con quien discutió.
En esos momentos llegaron al lugar efectivos policiales que buscaban a dos sospechosos de protagonizar un robo en una perfumería del barrio, ubicada en 27 de Febrero al 5700. Hay dos versiones de lo que sucedió después. Según la versión de Ramón y el vecino con el que discutió, la Policía disparó sin dar voz de alto, y ninguno de los dos estaba armado. Pero la versión de los uniformados es que los vieron sospechosos y al darles la voz de alto ellos respondieron a los tiros.
“Mi hijo es un trabajador, no tenía armas, estaba en cuero y en short y ellos le dispararon de espalda y a quemarropa”, dijo su madre.
Los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara hicieron una presentación en el Juzgado de Instrucción de la 6ª Nominación que investiga la causa, en la que ponen en conocimiento de la jueza Raquel Cosgaya que su cliente lleva casi un mes detenido y aún no se le tomó declaración indagatoria. Además de esa irregularidad, los defensores del albañil pidieron su libertad y explicaron que ni siquiera las víctimas del robo por el que se lo acusa dijeron poder reconocer a los autores, sólo deslizaron que tenía pelo largo, cuando el albañil está rapado.
Por medio del escrito judicial, Marta le pide a la jueza que tome la declaración de su hijo, “ya sea testimonial, informativa, o indagatoria, que será vital para esclarecer un hecho en el que fue víctima de un policía de gatillo fácil, y que inventa esta imputación para poder liberarse de un acto alevoso y cobarde que terminó prácticamente con el sueño de una familia”.
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