El gobierno provincial envió este viernes a la Legislatura el paquete de leyes de seguridad que había anunciado Omar Perotti en su discurso de apertura de sesiones el pasado 1º de mayo. Son tres proyectos que apuntan a reestructurar la Policía provincial, dotarla de un control externo y modernizar la normativa en materia de seguridad pública. En el oficialismo piensan que recién se sancionarán el año próximo porque se trata de un tema que va a demandar un amplio acuerdo político.
Los proyectos fueron diseñados por el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, quien además encabezó una ronda de consultas con especialistas antes de remitir los mensajes a la Legislatura. El objetivo final es modernizar diferentes aspectos de la institución policial y, en líneas generales, alinear las normativas provinciales con los preceptos del Acuerdo por la Seguridad Democrática.
Los tres proyectos ingresarán por la Cámara de Diputados, donde el PJ tiene solo siete representantes sobre un total 50. Para poder avanzar, el gobierno abrió canales de diálogo con la oposición –en particular con el Frente Progresista, que tiene mayoría en la cámara– con el objetivo de lograr los consensos necesarios para la sanción de las leyes. Según señaló el diputado provincial y presidente del PJ Ricardo Olivera, “esto requiere de algún consenso previo y para ello se han hecho muchas consultas”.
Los tres proyectos
La primera iniciativa establece las bases jurídicas del sistema de seguridad, sus autoridades, la conducción política del sistema policial, lineamientos en materia de gestión del conocimiento en seguridad y las políticas para prevenir la violencia con armas de fuego. Además, sienta las bases de las principales funciones del sistema policial, políticas para el bienestar policial, un nuevo esquema de formación y capacitación, la coordinación entre provincia y los municipios, la delimitación de los servicios de seguridad privada y el control legislativo de la seguridad pública.
El segundo proyecto refiere a la modificación del sistema policial provincial. En ese punto se buscará distinguir en forma clara los servicios de prevención, investigación y control para arribar a una mayor especialización y profesionalización. Por otro lado, se definirán la estructura de personal con escalafones, especialidades y grados jerárquicos.
La tercera iniciativa pretende establecer procedimientos disciplinarios para los efectivos y mejorar las capacidades para la investigación y la sanción de las faltas disciplinarias en que pueda incurrir el personal. El nuevo modelo propuesto apunta que, en caso de faltas graves, haya un organismo externo al sistema policial que las juzgue.
Detalles de la ambiciosa ley de seguridad pública que promueve el ministro Marcelo Saín
La reforma estructuras de la Policía contempla cuatro servicios especializados e independientes: la Policía de Seguridad, la Agencia de Control Policial, la Tropa de Operaciones Especiales y la Agencia de Investigación Criminal.
El proyecto propone un nuevo esquema de trabajo de seis superintendencias que dependerán de la Jefatura provincial, ubicadas en las ciudades de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela. No existirían más las 19 unidades regionales y estarán configuradas de acuerdo a la característica y al problema particular del territorio provincial, teniendo independencia de acción y autoridad.
El control externo
Entre otros puntos, se plantea la necesidad de profundizar el sistema externo de control policial y garantizar el derecho a la defensa de los uniformados ante situaciones de procesamiento administrativa o penal. Para ello, el proyecto plantea que “es necesario que todos los niveles del Estado provincial lleguen a un acuerdo para trabajar sobre estos cambios en conjunto”.
El ministro Saín observa cuatro grandes problemas: la violencia institucional, la corrupción, las vinculaciones con el crimen y con la violencia de género. Para atacar esos problemas Saín propone enfocarse en la profesionalización de la Policía y mejorar todos los niveles de la institución.
“Esto nos permitirá tener un sistema que se enfoque en una función más preventiva, atenta a reconocer focos de corrupción interna o delitos criminales, fundamental para no tener un sistema netamente reactivo, que pueda trabajar en una investigación administrativa independiente de la parte judicial y penal, y que se base en una Policía especializada en investigar principales hechos o crímenes”, se afirma en los fundamentos del proyecto.
“Al mismo tiempo es imprescindible que el policía pueda defenderse ante un proceso de investigación penal o administrativa y que puedan ejercer todos los derechos y garantías correspondientes a fin de conocer todo sobre el sumario administrativo y el proceso penal”, agrega la iniciativa.
Los motivos
Para justificar el paquete de reformas en materia de seguridad pública, el ministro Saín acude a tres hechos históricos: la organización institucional de la fuerza policial en la década del 50, la sanción de la ley orgánica de 1975 y la última reforma integral sancionada en 2006 bajo el título ley del personal policial.
Saín entiende que es necesario un nuevo marco normativo ya que “las problemáticas sociales que llevan años configurándose” no pueden abordarse con una estructura pensada hace siete décadas sobre la cual los distintos gobiernos democráticos de 1983 a la fecha solo aplicaron “parches”.
La reforma apunta a modernizar las leyes de la Policía y legislar en materia de estructura de personal y carrera profesional. “La Policía de la provincia de Santa Fe cuenta con una institucionalidad construida durante un largo período histórico que va desde mediando de los años 50 hasta la actualidad. La base normativa actualmente vigente es la Ley 7395 Orgánica de la Policía de Santa Fe del 28 de mayo de 1975”, argumenta Saín.
“Desde la instauración democrática de 1983, los sucesivos gobiernos mantuvieron aquella institucionalidad policial de manera incólume pese a los profundos cambios políticos, sociales, económicos y culturales por los que atravesó Santa Fe y, en particular, las profundas transformaciones criminales y de las violencias que tuvieron lugar en su seno. Las instituciones democráticas santafecinas abordaron escuetamente la cuestión policial y sólo modificaron aquellas bases institucionales de manera parcial”.
Al analizar los gobiernos del Frente Progresista (2007-2019), el ministro Saín señala que fueron remendando el viejo sistema policial mediante la creación de nuevos servicios y dependencias especializadas, algunas de las cuales “no tuvieron desarrollo institucional a la altura de la proclama oficial de origen y otras se convirtieron en apéndices de la Policía tradicional con todos los defectos institucionales de ésta y poca eficacia en el cumplimiento de su misión”.
Al respecto, Saín enumera las reformas parciales que impulsó el socialismo: la creación de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial en 2011, la reconversión de la vieja Dirección General de Drogas Peligrosas en la nueva Dirección General de Control y Prevención de Adicciones en 2012, la puesta en marcha de la Dirección Provincial de Proximidad Policial 2013, de la Policía Comunitaria y la Policía de Acción Táctica en 2014 y la conformación de la Policía de Investigaciones en 2018.
“La creación de estos servicios policiales significaron una modificación soterrada de la organización del sistema policial aprobado en la ley 7395 (de 1975) y el resultado es una estructura policial fragmentada de forma horizontal y vertical que resulta inadecuada para disponer de un eficiente control de las problemáticas delictivas existentes en la provincia”, apunta Saín.
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