Política

Agenda legislativa

El gobierno provincial explora un acuerdo político con la oposición para destrabar leyes clave

El Presupuesto 2021, la paridad de género, la adhesión a la nueva ley nacional de ART, la reforma de las normativas de seguridad pública y la creación de la empresa estatal Santa Fe Redes son las prioridades del oficialismo en materia legislativa


En el final de un año legislativo atípico, signado por la pandemia del coronavirus y la modalidad de sesiones virtuales, el gobierno de Omar Perotti busca sellar un acuerdo político con la oposición para destrabar la sanción de una serie de proyectos considerados clave por la Casa Gris.

Los temas más importantes para el oficialismo son el Presupuesto 2021, la paridad de género, la adhesión a la nueva ley nacional de Riesgos de Trabajo (ley de ART), la reforma de las normativas de seguridad pública y la creación de la empresa de mayoría estatal Santa Fe Redes, que tendrá a su cargo el desarrollo de la infraestructura de energía y conectividad.

Para conseguir esos objetivos, el gobierno requiere de un acuerdo con el Frente Progresista –que tiene mayoría y quórum propio en la Cámara de Diputados– y con los propios senadores del PJ, que en el primer tramo de la gestión de Perotti exhibieron cierto grado de autonomía, algo que ahora –pandemia mediante– parece cosa del pasado.

“En los próximos días tiene que haber un acuerdo legislativo entre todas las fuerzas para definir las prioridades”, sostuvo el diputado provincial y presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, en diálogo con El Ciudadano. “Hay voluntad de sentarse en una mesa para resolver la agenda legislativa. Hay tres o cuatro temas que requieren de un acuerdo previo”, agregó.

La necesidad de una mesa de diálogo donde oficialismo y oposición puedan acercar posiciones y explorar los consensos necesarios para la sanción de las leyes que requiere la Casa Gris no es una figura de la retórica política, sino un imperativo ineludible a la vista del áspero debate que precedió la aprobación de la ley de Necesidad Pública, a fines de marzo y con la pandemia como telón de fondo.

Desde ese episodio en adelante, el diálogo entre los principales espacios políticos se limitó al abordaje institucional de la emergencia sanitaria. El nuevo paquete de leyes que apura el gobierno, con el presupuesto como prioridad excluyente, supone un desafío para los negociadores del oficialismo que deberán reunir las voluntades necesarias para avanzar con cada proyecto.

Las leyes económicas

El gobernador pidió una prórroga hasta el 30 de octubre para la presentación del proyecto de Presupuesto 2021. El límite que establece la Constitución es el 30 de septiembre, pero en la Casa Gris necesitan más tiempo para conocer las precisiones del presupuesto nacional, que por estos días se analiza en el Congreso.

“La idea del gobernador fue pedir un mes más a los fines de conocer las previsiones sobre inflación, valor del dólar y crecimiento de la economía y para acompañar la idea que hay en la Nación respecto de esas variables”, explicó el diputado Olivera.

De momento, lo único que se sabe sobre ese proyecto es que será elaborado con perspectiva de género –igual que el presupuesto nacional–, de lo que se desprende que en cada área del gobierno se tomarán decisiones con ese criterio. Cuando se hizo el anuncio, a mediados de julio, el gobernador Perotti planteó la necesidad de estructurar toda la política de gastos en base a la perspectiva de género y para lograr ese cometido se pidió el asesoramiento de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Para la diputada del PJ Lucila De Ponti, el debate que viene es auspicioso porque “por primera vez se podrán plasmar las prioridades y las políticas públicas principales que se quieren desarrollar. Muchas de ellas no contaban con asignación presupuestaria porque en este ejercicio nos encontramos con un presupuesto que había sido elaborado por la gestión anterior”, en referencia a la sanción del actual cálculo de recursos por parte de la Legislatura anterior, a fines de 2019.

La otra normativa que pide el gobierno es la adhesión de la provincia de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART. El proyecto –resistido por la mayoría de los gremios– tiene media sanción del Senado, pero en la Cámara de Diputados no se avanzó en los consensos necesarios para su aprobación, de hecho surgieron tres dictámenes diferentes de la comisión de Asuntos Laborales y el tema parece estar en un callejón sin salida.

Quienes apoyan la reforma –entre ellos, el ministro de Trabajo de la provincia Roberto Sukerman– consideran que es necesaria para poner la legislación santafesina en línea con la nacional y para bajar los costos laborales. Quienes se oponen argumentan que el verdadero objetivo es avanzar sobre los derechos de los trabajadores y propiciar un mayor margen de ganancia para las ART.

Ampliación de derechos

La paridad de género también tiene media sanción del Senado desde mediados de junio. El proyecto establece el criterio de representación igualitaria entre mujeres y varones en los tres poderes de Estado, en los partidos políticos y las asociaciones y colegios de profesionales.

Si bien el texto votado por unanimidad por los senadores prevé la aplicación de la paridad a partir de las elecciones de 2023, el oficialismo quiere sancionar la ley antes de fin de año. Según señaló el diputado Olivera, en la Cámara baja “hay acuerdo” para lograr esa meta.

En la misma línea se expresó la diputada De Ponti consultada por El Ciudadano: “El proyecto de paridad va a ser convertido en ley el próximo mes”. Diputadas y diputados negocian por estos días con los senadores una serie de cambios respecto del texto que ya tiene media sanción, con el objetivo de que luego el Senado acepte esas reformas y complete el trámite legislativo.

Si se aprueba la paridad de género, Santa Fe dejará atrás la ley de cupo femenino vigente desde 1992, por la cual se les asigna a las mujeres una cuota del 33% en las categorías colegiadas (diputados provinciales, concejales y comisiones comunales), y se pasará a un esquema de representación 50-50 en los tres poderes del Estado.

Otro de los proyectos que apura el Ejecutivo es la creación de Santa Fe Redes. Se trata de una firma de mayoría estatal que reemplazaría a Enerfé, la empresa de gas y energía creada por el gobierno anterior. Con Santa Fe Redes se pretende explotar y comercializar servicios de comunicación e información en todo el territorio santafesino. Fue uno de los principales anuncios del gobernador en su mensaje del pasado 1º de mayo ante la Asamblea Legislativa.

Según la diputada De Ponti, la creación de Santa Fe Redes es un paso necesario “para avanzar en el desarrollo de los sistemas de redes que hacen falta en Santa Fe, fundamentalmente en lo que hace a la conectividad para empezar a garantizar ese derecho en todas las regiones de la provincia que hoy no lo tienen”.

Policía y seguridad

Otra prioridad del gobierno es el paquete de leyes vinculadas a la seguridad pública y a la Policía. Para justificar esas reformas, el ministro de Seguridad Marcelo Sain menciona tres hechos históricos: la organización institucional de la fuerza policial data de la década del 50, la sanción de la ley orgánica de la Policía fue en 1975 y la última reforma integral fue sancionada en 2006 bajo el título ley del Personal Policial.

El envío de las leyes sobre seguridad fue uno de los principales anuncios del gobernador Perotti ante la Asamblea Legislativa, pero –aunque ya pasaron casi cinco meses– los proyectos todavía no fueron remitidos a las cámaras.

“Esto requiere de algún consenso previo”, explicó el diputado Olivera. “Se han hecho muchas consultas, en los próximos días estarían ingresando los proyectos, pienso que en los primeros días de octubre”, amplió.

“No es un trámite que se vaya a resolver este año”, apuntó De Ponti, “pero es un debate fundamental que nos debemos como parte de las instituciones santafesinas y, sobre todo, que le debemos a la sociedad”.

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