Ezequiel Nieva
El ministro Marcelo Saín terminó de elaborar la nueva ley de seguridad pública que anunció el gobernador Omar Perotti ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de mayo, en su discurso de apertura del período ordinario de sesiones. El proyecto consta de 184 artículos divididos en diez títulos (60 páginas) y está acompañado por otras 30 páginas de fundamentos. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que será enviado a las cámaras en los próximos días.
El principal fundamento de la profunda reforma que propone Saín es actualizar dos normativas: la Ley Orgánica de la Policía provincial, vigente desde 1975, y la Ley del Personal Policial de Santa Fe, del año 2006. Esas reformas apuntan a generar un modelo de policía moderna, profesional y democrática. Según Saín, la provincia “cuenta con una caja de herramientas antiquísima para abordar un problema nuevo, complejo, diversificado y en crecimiento”.
“Al día de hoy, en Santa Fe no hay una ley relativa al sistema de seguridad como la que sí disponen, desde hace años, las provincias argentinas más grandes, con problemáticas más complejas en materia de seguridad y con dispositivos institucionales y policiales de mayor envergadura”, argumentó el ministro.
En ese sentido, Saín menciona las nuevas leyes policiales que rigen en la provincia de Buenos Aires (desde el año 1998), en Córdoba (2005), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2008 y 2016) y en Mendoza (1999).
En los fundamentos de la iniciativa, Saín sostiene que “para mejorar el funcionamiento del sistema de seguridad en la provincia resulta necesario establecer un nuevo marco legal”. Además, señala que “la propuesta pretende saldar un vacío: la provincia no cuenta con una ley que articule los componentes, estructuras y actores que intervienen en materia de seguridad pública”.
Para Saín, esa carencia es “una preocupante paradoja”. Según el ministro, “por un lado, los problemas de seguridad ocupan un lugar prioritario y destacado en la agenda social y política provincial y, por otro, el sistema político de la provincia no ha sido capaz, hasta ahora, de sancionar una legislación que regule los principales instrumentos político-institucionales para su abordaje”.
El nuevo proyecto enumera diez objetivos:
- Fortalecer las capacidades de gobierno en materia de seguridad y de conducción política del sistema policial provincial.
- Disponer de información para la toma de decisiones y la elaboración de políticas de seguridad basadas en la evidencia.
- Prevenir y reducir la violencia con armas de fuego.
- Diferenciar los servicios policiales para especializar y profesionalizar el sistema policial provincial.
- Mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad de género en el sistema policial provincial.
- Mejorar la formación y capacitación en materia de seguridad y policía, ajustando el sistema educativo al nuevo modelo de policía.
- Promover la coordinación y colaboración interjurisdiccional y multiagencial en materia de seguridad, en particular entre el Ministerio de Seguridad y los Municipios.
- Regular los servicios de seguridad privada y complementarlos con las políticas de seguridad pública.
- Fortalecer el control legislativo sobre el sistema de seguridad pública.
- Generar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de seguridad.
Los fundamentos
El proyecto de 184 artículos divididos en diez títulos está acompañado por 30 páginas de fundamentos que justifican la necesidad de la reforma. Allí el ministro Saín asegura que “en Santa Fe, la situación de seguridad pública es crítica. Pero tenemos claro hacia dónde vamos y la propuesta que pretendemos ofrecer a la sociedad y al sistema político santafesino, para lograr un consenso en torno a políticas de estado que supere la discusión de los casos, la utilización política de los muertos y la verborragia estridente, dura, inflamada de palabras y vacía de contenidos de políticos que, con muecas de compromiso, afirman ‘luchar contra las mafias’, según los reiterados clichés de la época”.
Saín menciona también “una tríada desfasada y trágica”: el problema criminal, las políticas y las capacidades institucionales. Y despega la situación de inseguridad de las gestiones de uno u otro color político: “En la última década la inseguridad en la provincia, fundamentalmente en sus principales urbes, ha cambiado la calidad de vida de los ciudadanos y algunas ciudades han adquirido una nefasta reputación en torno al narcotráfico, sus clanes y organizaciones criminales. Este proceso no sucedió en los últimos meses, pero tampoco es imputable a un partido político exclusivamente que haya gobernado con anterioridad. Es tan maniqueo atribuir políticamente un homicidio actual, inscripto en problemáticas sociales que llevan años configurándose, como colocarle a un partido político que ha gobernado en el pasado el sello de ‘narco’. Pero algo está claro: hay sectores que quieren que nada cambie y otros que están dispuestos a construir un nuevo modelo de gestión de la seguridad”.
En su descripción de los problemas actuales, el ministro de Seguridad sostiene que “al crecimiento del problema criminal no lo acompañaron nuevas políticas ni el rediseño institucional para generar capacidades. El Ministerio de Seguridad sigue más o menos igual que hace años, sus políticas son más o menos las mismas y la policía se mantuvo históricamente al mando de la seguridad. El ‘gobierno policial’ de la seguridad resulta en un fracaso a la hora de tomar cuenta de las problemáticas delictivas y abordarlas de manera integral y, peor aún, ante la criminalidad compleja”.
Según Saín, ello “deriva en la rápida conformación de grupos y circuitos institucionales dedicados casi exclusivamente a regular el delito, asociándose a él o protegiendo sus emprendimientos. Este no es un problema ‘moral, individual o de conductas desviadas’, sino de alcance institucional: la policía heredada es socia y árbitro de los negocios criminales. Esa es la peor herencia. Así, el abordaje debe orientarse hacia una reforma integral del sistema de seguridad y policial, ya que no resultan suficientes los intentos centrados en ‘casos’ frente a una crisis estructural”.
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