Si algo está claro en torno al proyecto de ley ómnibus de extenso título es que nada está claro. Muchas fueron las idas y vueltas del voluminoso texto con pretensiones de refundación nacional que el Ejecutivo envió a Diputados. Al final, sorteó el paso por el plenario de tres comisiones con un dictamen de mayoría a favor que, por tan manoseado en su letra, no terminó de convencer a la “oposición dialoguista”, presionada por los gobernadores de Juntos por el Cambio que defienden sus arcas provinciales de la motosierra. Se trata de los bloques bisagra imprescindibles para que, en principio este martes, haya media sanción en el recinto de la Cámara baja. El último intento del oficialismo por habilitar el tratamiento con cierta posibilidad de éxito corrió por cuenta del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en conferencia de prensa anunció este viernes el retiro del capítulo fiscal del megatexto, que ya había perdido muchos artículos. Sin embargo, aunque la novedad deja afuera el aumento de retenciones a las economías regionales, uno de los ejes de repudio de todos los jefes provinciales y los legisladores que les responden, también lo hace con la reposición de Ganancias para la cuarta categoría, lo que se traduce en menos recursos coparticipables. Por si fuera poco, el financista a cargo de las cuentas nacionales avisó que, de todos modos, la meta de equilibrio fiscal para este año se mantiene, con lo que el semáforo sigue en rojo por los recortes a los Estados subnacionales. Y ahora, para colmo, Caputo tiene otra herramienta para la poda: las áreas que dependían del disuelto Ministerio de Infraestructura.
Marcada por las masivas movilizaciones convocadas por la CGT, que sumaron una inédita diversidad de participantes en rechazo de la mega ley y el ídem DNU, la semana anterior fue agitada y nada hace prever que la siguiente lo será menos. El derrotero de las “Bases” sentó las bases de la desconfianza entre los propios aliados que insisten en acompañar los deseos del Ejecutivo bajo el paraguas de garantizarle “gobernabilidad”. Y eso es crítico para una administración legislativamente débil y sin anclaje territorial.
Otra de las alertas ya compartidas entre los gobernadores remite a que la última versión del texto conserva el capítulo de delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo. Aunque el lapso de esos superpoderes se acote del original de dos años más prórroga idéntica a sola firma de Milei al aparentemente menos enojoso de un año con uno más ad referendum del Congreso, se trata de un tiempo suficiente para que desde la Casa Rosada reintroduzcan todo lo que cedieron para sumar votos.
“Hay que acotar la delegación de facultades, restringirlas porque se pidieron demasiadas. Acá se necesita que el gobierno dialogue, y no por Twitter”, dijo este sábado el gobernador de Córdoba, el “dialoguista” Martin Llaryora, en una entrevista del programa Conflicto de Intereses. Caputo había argumentado que el retiro del capítulo fiscal era para aceitar el acompañamiento, pero son varios los que olfatean una trampa asentada en el mantenimiento de los superpoderes. Otra herramienta de maniobra que tiene el Ejecutivo es manejarse con el prorrogado presupuesto 2023, que le permite mover partidas y, con la inflación galopante, una excusa para licuarlas.
Lo descontado, aunque con la dinámica de la coyuntura nunca se sabe, es el voto negativo de la bancada de Unión por la Patria, disminuida en tres curules por la deserción de Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla, los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. El norteño, a tono con negociaciones atomizadas promovidas por el propio oficialismo, que rompen las agrupaciones políticas identitarias y diluyen la dimensión nacional en el toma y daca, se despegó de su origen peronista para refugiarse en el territorial.
Claro está que la izquierda tampoco acompañará. Lo mismo harán, a juzgar por sus declaraciones, los dos diputados del socialismo que integran el interbloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, que en el plenario de comisiones presentaron un dictamen propio. “Algunos elementos para tener en cuenta, más allá de la conferencia de Toto Caputo”, tuiteó Esteban Paulón. Y enumeró: “Siguen pidiendo emergencias y facultades delegadas, el gobierno ejecuta un Presupuesto prorrogado (enorme discrecionalidad), se mantiene impuesto PAIS y Nación concentra recursos”.
Desde el peronismo, otro santafesino se explayó en un hilo de X con un decálogo de los peligros, centrado en los que se ciernen sobre la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro. Con la delegación de facultades intacta, publicó, Milei podrá liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que afecta a 440 mil jubilados en la jurisdicción. También, siguió, el Ejecutivo nacional queda habilitado para intervenir organismos como el Inta, el Inti, el Conicet, el Senasa y el Inase (semillas), entre otros con asiento en la bota y que son fundamentales para el desarrollo económico y productivo. Otro punto del diputado es sobre el reclamado tema de los biocombustibles, modificado y vuelto a modificar en los borradores del dictamen. También ahí, los superpoderes, y si se trata de Energía ya en manos de Caputo, pueden dar vuelta los pactos.
SUPERPODERES A MILEI. IMPACTO EN SANTA FE.
Algunos podrán creer que postergar el debate sobre temas fiscales es un triunfo. Pero, en realidad, es una trampa.
Acá van 10 motivos (y hay muchos más) por lo que la delegación de facultades a Milei perjudicará a Santa Fe.
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— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 27, 2024
Martínez siguió con los aumentos en los servicios, a tenor de las declaraciones del titular de Economía sobre la inmovilidad de la meta de déficit cero. También, posteó, las transferencia a las provincias, bajo la sombra de las declaraciones filtradas del libertario y su deseo de “fundir” a las provincias si sus legisladores no le aprueban todo lo que pretende. El peronista sumó como otro punto de riesgo el de los subsidios al transporte, a caballo de las facultades delegadas y del presupuesto prorrogado. También, privatizaciones, entre ellas el Banco Nación, clave para la producción santafesina, y la planta de Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán. Otro: la política ferroviaria, un tema de infraestructura que se nota con las cosechas. Por último, el acecho para las industrias culturales, de gran protagonismo en Santa Fe.
Los manejos oficialistas en ese plenario, a la vez, no hicieron más que expandir los resquemores entre los propios dialoguistas. De por sí, de las 55 firmas conseguidas, 32 son en disidencia parcial, lo que promete más chisporrotazos en el recinto si es que de acá al martes no se zanjan las diferencias. Es que, aún así, la saga de firmas en papeles en blanco, circulación de borradores diferentes y oscuro cónclave en un departamento de Recoleta para seguir toqueteando el texto minaron la poca confianza que quedaba entre los negociadores.
Además, los gobernadores cercanos al Ejecutivo en este trance insisten en que muchos de los acuerdos económicos que ellos planteaban para respaldar la ley no se vieron reflejados en el dictamen de mayoría, que vale decir no es vinculante para el debate en el recinto. Los radicales, por caso, expusieron más de 180 disidencias.
El bloque de gobernadores patagónicos –que integra el chubutense Ignacio Torres junto con Alberto Weretlneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figuero (Neuquén) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)– representa un grupo con orientaciones políticas diferenciadas, pero con intereses comunes en relación a varios de los artículos contenidos en “Bases”. Se trata de la ley que rige la actividad pesquera, aspectos referidos a la producción de los hidrocarburos y los subsidios para la Patagonia a los consumos de gas por la ley de “Zonas Frías”.
“Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas. Trabajamos y producimos y de cada 100 que aportamos, recibimos apenas 40 y nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales sean un desastre, que los puertos estén destrozados. Encima nos vienen a decir que si no acompañamos, no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros”, se enojó Torres, durante un acto en Chubut.
Con la atomización, la desprolijidad y la impericia con la que el Gobierno encaró el debate, es una incógnita en qué parada se detendrá la ley ómnibus.
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