El Movimiento Evita de la provincia de Santa Fe expresó ayer su rechazo al pedido que hizo la Corte Suprema a la Legislatura para evaluar el desempeño como funcionario del titular del Servicio público de Defensa Penal Gabriel Ganón, al entender que no tiene facultades que lo habiliten a ejercer la representación un menor.
El espacio del kirchnerismo santafesino consideró que ese pedido “conlleva un sesgo claramente intimidatorio y en la práctica constituye un intento de limitar la tarea institucional del defensor”.
“A nuestro criterio, Ganón está en la mira del Poder Judicial por haber asumido la defensa de un menor, para lo cual la Corte dice que no tendría facultades”, dice el parte enviado a la prensa, que además recuerda que el propio Ganón “subrayó que su defendido fue víctima de un caso de torturas y sugirió que fueron precisamente esas denuncias de apremios ilegales las que actuaron como el disparador del pedido a la Legislatura”.
“La presentación efectuada por el defensor general ante la Corte, que generó la cuestionada decisión del tribunal, tiene que ver con una situación de extrema gravedad institucional en torno a una causa armada con menores torturados, en la que además la propia Policía le secuestra un ciclomotor a uno de ellos y tres días después dicen que se lo habían robado del interior de la propia seccional”, señala el comunicado del espacio que conduce el diputado Gerardo Rico.
También reflota las palabras del funcionario sobre un caso de torturas en Florencia: “Quizás estén molestos por otra presentación que efectué por un violento hecho de torturas en Florencia”, había dicho Ganón refiriéndose –según el comunicado– “a otro caso de torturas y apremios ilegales en una comisaría, que fuera oportunamente denunciada por el diputado provincial del Movimiento Evita Eduardo Toniolli, con el patrocinio del propio Ganón”.
“En aquella ocasión, tres jóvenes de esa localidad del norte santafesino fueron detenidos por la Policía, sometidos a brutales torturas durante una semana, como picana y submarino seco, además de haber sido filmados humillados y denigrados en poses sexuales por los mismos policías, y luego procesados en base a esos mismos testimonios, cuando aún tenían las marcas de la tortura en sus cuerpos. El hecho, de extrema gravedad institucional se concretó frente a las narices del juez Virgilio Palud, que además no le dio intervención a la defensora oficial”, reseñaron.
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