El gobierno nacional resolvió ampliar la presencia de representantes del Estado en los directorios de las empresas, que hasta ahora estaba limitada al 5 por ciento del total accionario. La medida fue difundida ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión alcanza a 43 empresas del sector privado, en las cuales el Estado nacional –por medio de la Ansés– tiene participación desde que se reestatizó el sistema previsional y desaparecieron las AFJP, que poseían acciones en esas compañías. La decisión causó rápidas reacciones. Desde la CGT no descartaron pedirle al gobierno que confíe en sindicalistas para representar al Estado en las compañías privadas. En tanto, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) dijeron estar “preocupados por la injerencia estatal en la gestión empresaria” y le pidieron a la administración kirchnerista que dé marcha atrás con la iniciativa.
Entre las firmas en cuestión, las diez que más presencia estatal tienen son Banco Macro (30,9 por ciento), SA San Miguel (26,96), Gas Natural BAN (26,63), Consultatio (26,6), Edenor (26,41), Gas Cuyana (26,23), Siderar (25,97), Telecom Argentina (24,98), TGS (23,10) y Pampa Energía (22,48). El Estado también participa en grupos como Galicia (20,44), Transener (18,78), Banco Patagonia (15,25), Petrobras Energía (11,84), Grupo Clarín (9), Metrogas (8,13), Banco Hipotecario (4,87), IRSA (4,47) y Cresud (3,50).
En la mayoría de estas empresas, los directores del Estado representan el tope del 5 por ciento de participación, pero ahora ese límite desapareció y se podrá subir la cantidad de integrantes en el directorio. Así, en una empresa donde el Estado tiene el 30 por ciento de las acciones, estaría en condiciones de sumar más directores, hasta alcanzar esa participación.
Con el decreto 441, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández y todos sus ministros, el Estado podrá participar en el directorio de las sociedades en la medida de sus tenencias. Así, la Casa Rosada podrá colocar tantos representantes en las empresas como lo permita la proporción de su tenencia accionaria, algo que no estaba autorizado a las AFJP, y permanecía vigente luego de la reestatización de los fondos jubilatorios. El decreto destacó que esta medida tiene por objetivo defender “rentas provenientes de las inversiones que realice” la Ansés.
El director ejecutivo de la Ansés, Diego Bossio, calificó como un “acto de justicia” la decisión oficial. El funcionario sostuvo, además, que la mayor presencia del Estado “significa tener mayor control, injerencia en las inversiones, poder participar de política y dividendos y aportar para que a la empresa le vaya bien”. “Esto representa la garantía y el cuidado de los activos que tienen los trabajadores argentinos, los jubilados y los futuros jubilados”, enfatizó Bossio, que hoy informará al Congreso nacional sobre la medida y explicará la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Por su lado, la UIA advirtió que “aumenta la incertidumbre” la pretensión de la CGT de colocar directores gremiales en las compañías. “La UIA solicita se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso de la Argentina”, señaló la central fabril en un comunicado.
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