La Justicia provincial postergó por dos meses la ejecución de la sentencia de desalojo de unas tres mil personas que ocupan un predio de 12 hectáreas en la zona de Empalme Graneros. La medida estaba prevista para el 15 de febrero (la audiencia que se realizó ayer pasó ahora a cuarto intermedio y continuará en esa fecha), pero se suspendió y podría consumarse el 15 de abril. El retraso fue solicitado por los representantes legales de las familias asentadas en el terreno, quienes buscan ganar tiempo para seguir negociando un acuerdo que les permita quedarse en el lugar. El caso tomó estado público por el fuerte impacto social que tendría una expulsión forzada de tamaña población.
La audiencia que se realizó ayer en los Tribunales provinciales fue convocada por la jueza que entiende en la causa, Stella Maris Bertune. Hasta allí llegaron los representantes legales de los titulares del predio (figura a nombre de Compañía Santafesina de Tierras, una empresa dedicada a la compraventa de suelo que adquirió varios terrenos con el presunto fin de desarrollar loteos y nuevas urbanizaciones) ubicado al sur de avenida Sorrento, entre Cullen y el arroyo Ludueña; de las familias que habitan el lugar, el Ejecutivo local, el Concejo, la pastoral social de la Iglesia y la diputada provincial del Frente de Izquierda, Mercedes Meier. Una de las condiciones que se impuso para la suspensión por dos meses de la ejecución del desalojo fue que todas las partes vuelvan a la continuidad de la audiencia el 15 de febrero próximo con propuestas concretas de lo que están dispuestos a aceptar para llegar a un acuerdo que evite una salida conflictiva.
Compañía Santafesina de Tierras deberá presentar ese día una cotización real del predio para, entre otras alternativas, comenzar a explorar la posibilidad de una expropiación por parte del Estado provincial. En tanto, los vecinos ofrecieron entregar el 20 por ciento de sus ingresos para pagar las parcelas que hoy están ocupando.
“Los habitantes del terreno no están diciendo que le quieren comprar directo a la empresa. Necesitan el aval del Estado. Y no me refiero a una garantía, sino que el Estado esté presente en la negociación”, sostuvo Analía Carrió, la abogada del grupo más grande de personas asentadas el lugar.
Según pudo saber este medio, en la audiencia se dio un fuerte y prolongado cruce de acusaciones entre los representantes del Ejecutivo local y de los propietarios del terreno.
Los reproches giraron en torno a las negociaciones que se dieron tiempo atrás para arribar a un acuerdo, que hasta ahora no se logró. “La empresa se puso muy intransigente en la reunión. No se puede seguir mirando al pasado. Ahora hay que pensar hacia adelante. La Intendencia y el Concejo cambiaron sus autoridades”, señaló Carrió al respecto.
La ex concejala del PPS mencionó que en la audiencia también solicitó que la Legislatura provincial (que no envió representantes) apruebe el nuevo proyecto de expropiación presentado por el diputado santafesino Carlos Del Frade el mismo día de su asunción, el 10 de diciembre pasado. La iniciativa se funda en la ordenanza votada en 2010 que declaró al predio de “interés público” luego de que el año anterior el por entonces intendente Miguel Lifschitz enviara el mensaje al Concejo Municipal rosarino.
La idea era que la Legislatura se hiciera cargo del conflicto y diera curso a la expropiación –que se realiza por ley– con el fin de desarrollar luego un plan de viviendas para los ocupantes. Sin embargo, todo lo proyectado se cayó ya que el pedido nunca se trató en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Bertune admitió que la expropiación es una de las posibilidades más firmes que se barajan para comenzar a resolver la situación sin conflictos. Ese camino también fue avalado este martes por los representantes legales que envió el Concejo Municipal a la audiencia.
Carmen Donadío, subsecretaria de Legal y Técnica del municipio, señaló igual que la “situación es compleja”. “Los propietarios quieren el terreno, pero también es cierto que hace 30 años que está ocupado por gente que vive y ha formado su familia. De allí que propongan adquirirlo mediante un sistema que deberá acordarse con los propietarios”, sostuvo.
La historia del conflicto comenzó cuando Compañía Santafesina de Tierras compró el terreno en 1984. El juicio, en tanto, dio inicio 15 años después, en 1999, al momento en que la firma pidió el desalojo del terreno, lo que coincidió con la pavimentación de Sorrento por parte de la Municipalidad con un crédito del BID.
En ese período hubo varias reuniones para buscar una salida. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y en 2005 se dictó la sentencia de desalojo. Bertune se hizo eco ahora de ese fallo tras un nuevo pedido del privado.
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