Estados Unidos demandó a British Petroleum (BP) y a otras ocho compañías vinculadas con el derrame de crudo en el Golfo de México por violar legislación ambiental en el país, informó ayer el fiscal general Eric Holder. La demanda civil contra el gigante petrolero británico, el operador de plataformas Transocean, Andarko Petroleum Corp, la aseguradora de BP Lloyd’s y otras cinco compañías por su rol en el vertido de crudo fue presentada ante la corte distrital en Nueva Orleáns, donde miles de particulares y pequeños empresarios presentaron ya demandas contra el grupo petrolero.
“Buscamos probar que los demandados son responsables sin restricciones de los costos gubernamentales de limpieza, las pérdidas económicas y los daños medioambientales”, aseveró Holder. “Tanto nuestras investigaciones civiles como criminales continúan y avanza nuestro trabajo para asegurar que los contribuyentes estadounidenses no se vean forzados a soportar los costos de restaurar el área del Golfo y su economía”, agregó.
El 20 de abril pasado el estallido de la plataforma Deepwater Horizon causó la muerte de 11 trabajadores e inició un derrame de de unos 5 millones de barriles de crudo a las aguas del Golfo de México, el peor desastre ambiental en la historia de Norteamérica, afectando las costas de cinco estados del sur.
El petróleo fluyó hasta julio y recién en septiembre fue sellado finalmente el pozo.
De acuerdo con la demanda, los acusados fracasaron en mantener bajo control el pozo petrolero en el período previo a la explosión y tampoco pudieron usar la tecnología de perforación más segura para monitorear sus condiciones.
También se denunciaron fallas en lograr condiciones de continua vigilancia y en usar el equipamiento necesario para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los recursos naturales.
BP afirmó en noviembre pasado que los costos del derrame petrolero se habían incrementado a 11.600 millones de dólares.
Se espera que los costos totales aumenten hasta 40.000 millones de dólares, incluyendo 20.000 millones para pagos compensatorios en un acuerdo firmado con el gobierno estadounidense.
El gobierno busca que se determine la responsabilidad civil por la catástrofe en nueve sociedades, y reclama compensación en base a la ley contra la contaminación petrolera y a la ley de aguas limpias “por las pérdidas del gobierno en limpieza, las pérdidas económicas y los daños medioambientales”.
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