El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, le pidió a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que aclare a los clientes “si deben pagar o no” la última factura de la luz, en razón del fallo judicial que mantiene suspendido el aumento a escala mayorista en todo el país. En su primer acto al frente de la Defensoría del Pueblo, cargo que asumió el pasado 28 de julio, Lamberto le envió un oficio a la EPE para “saber qué criterio va a adoptar la empresa acerca de las facturas ya emitidas” y que llegaron a los domicilios. “Los ciudadanos nos están preguntando de forma masiva qué hacer”, advirtió el ombudsman.
En la primera semana de agosto, la EPE distribuyó las facturas del bimestre mayo-junio. Al mismo tiempo, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, emitió un fallo en el cual les ordena al Ministerio de Energía y a la distribuidora Cammesa que suspendan los aumentos de las tarifas de electricidad que aplicaron en febrero.
“Queremos saber qué van a hacer con las facturas futuras”, marcó también Lambero, en referencia al pedido. “Sabemos que este es un fallo que no está firme, pero que involucra a Cammesa, que es la distribuidora, y por lo tanto impacta en la EPE”.
El enero, el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, firmó las resoluciones 6 y 7 –que entraron en vigencia el 1º de febrero– por las cuales se ordena un nuevo marco tarifario, sin subsidios del gobierno central. A partir de esas resoluciones, la EPE debió multiplicar el presupuesto destinado a compras a Cammesa: de 1.000 millones de pesos a 4.800 millones. La diferencia se trasladó a los usuarios sin anestesia.
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