Al mismo tiempo que monitorea el expediente del caso Nisman, el gobierno planifica cambios en el Ministerio de Justicia para afrontar los últimos meses de una gestión en la cual los avatares de los tribunales tendrán un espacio preferencial. Ya está confirmado que el secretario de Gestión Registral, Ernesto Kreplak, dejará su cargo para desempeñarse como secretario en la Casación Penal ordinaria, así como que en los próximos días cambiará de oficina el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi. En paralelo resta definir el reemplazo de Juan Martín Mena en la subsecretaría de Política Criminal. Tres variantes que están vinculadas, en distinto nivel, con los asuntos más candentes que por estas horas obnubilan al kirchnerismo así como al conjunto del peronismo que procesa todas las novedades del caso por un tamiz electoral que arroja diversas conclusiones. La tercera vacante ministerial tiene relación con el terreno en el cual el oficialismo dará su contienda más decisiva, que es la reforma de la ex Side, ahora dirigida por Oscar Parrilli.
En ese sentido, la novedad de la posible declaración del espía Antonio “Jaime” Stiuso –y el consecuente levantamiento del secreto– genera pronósticos dispares. Por un lado, la posibilidad de –en esa declaración– conocer influencias y realidades que hasta ahora permanecen ocultas y, al mismo tiempo, los temores de un bumerán de efectos explosivos que podría emerger en la fiscalía de Viviana Fein, especialmente si las precisiones del espía conectan el caso Amia con otros expedientes menos resonantes.
Esta segunda línea es la que tiene en vilo a ciertos gobernadores del peronismo y que hace dos semanas ya era desmenuzada por el formoseño Gildo Insfrán en un café reservado que compartió en el Patio Bullrich, luego de la cumbre partidaria.
El sentido previsor llevaba anteanoche a funcionarios del gobierno a repasar las dos declaraciones que Stiuso prestó en instancias de juicios orales. La primera fue en los Tribunales de San Martín a raíz del caso Strawberry (uno de los decomisos de drogas más importantes en los que le tocó intervenir) y la segunda fue en el primer juicio de la Amia. Fue en los Tribunales de Comodoro Py y en esa ocasión se presentó como “agente de la Side”, cuando en realidad ya ostentaba el cargo de director de Operaciones.
Esas presencias fueron clave para que el Tribunal Oral Federal Nº 3 entendiera que Gustavo Béliz era inocente en la causa abierta a partir de que el ex ministro mostrara una foto del espía en un programa de televisión. Stiuso no quedó conforme con la sentencia y además de apelarla (con éxito) querelló a los jueces de ese tribunal. Desde hace más de dos años que ese expediente no registra movimiento, pero aun así el juez Julián Ercolini se niega a archivarlo. Algo similar sucede al máximo nivel: el caso de Béliz ya está en la Corte Suprema (luego que la Casación anulara su sobreseimiento), pero por ahora la Procuración no dictamina.
Por otra parte, la salida de Picardi de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial se debe a que éste concursa para ser fiscal federal. Su reemplazo también será decisivo de cara a un año caliente en la relación con los Tribunales, realidad que se vincula con los cambios en la ex Side, el nuevo sistema acusatorio votado por el Congreso y el hecho de que la oficina de pinchaduras telefónicas pasará a la órbita de la Procuración.
Febrero promete ser intenso, especialmente si Claudio Bonadio termina por dar a conocer los llamados a indagatoria que ya tendría listos en el marco del caso Hotesur.
Mientras tanto, la Cámara insiste para que sea indagado el empresario kirchnerista Lázaro Báez y se espera también la indagatoria a Julio Alak, aunque, deslizan en Comodoro Py, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien fue el que la ordenó, habría reducido el nivel de belicosidad que exhibía en diciembre. Expedientes que, llegado el momento, podrían quedar opacados por las novedades del caso originado por la última denuncia de Nisman y que la Cámara Federal le asignó a Daniel Rafecas.
Los Tribunales de Retiro son para el oficialismo un escenario de múltiples reacomodamientos a partir de la idea de que ciertos estudios jurídicos vinculados con la clandestinidad ya no tendrían tanta recepción en esos despachos. Esas conclusiones podrían ser anticipadas si se observan las fotos que circulan en las redes sociales y que dan cuenta de un festejo reciente de un juez del fuero penal económico.
Finalmente, la llegada de Kreplak a la Casación ordinaria confirma lo adelantado por este diario hace quince días: que desde esa instancia el oficialismo aspira a instaurar el modelo acusatorio. Kreplak inició su carrera en el Poder Judicial, luego pasó a la cartera de Justicia y ahora vuelve a la Casación con el guiño del allí designado Gustavo Bruzzone.
El destino de esa instancia ahora está empantanado por una cautelar del fuero Contencioso Administrativo que suspendió a los tres fiscales nombrados allí por Gils Carbó. El gobierno buscará votar una ley que permita ocupar esos cargos y poner en marcha la Casación. Parece ser, al menos en el contexto actual, un camino más sencillo que esperar que la Corte revoque la medida. Además, la Corte por lo general esquiva tratar cautelares.
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