El gobierno de México manifestó ayer su “firme rechazo” a la ejecución de un ciudadano de ese país en Estados Unidos y advirtió que, de producirse, significará una “clara violación” de Washington a “sus obligaciones internacionales”.
La ejecución de Edgar Tamayo, de 46 años, está programada para el miércoles en Huntsville, Texas, ya que fue sentenciado a la pena de muerte, tras haber sido hallado culpable de asesinar a un policía en Houston en 1994.
En las últimas semanas se han multiplicado las llamadas e intervenciones diplomáticas y judiciales para intentar evitar la muerte del acusado, que no recibió la asistencia consular que le habría evitado la pena.
En una declaración publicada ayer en su sitio de internet, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana recordó que, en virtud del llamado Fallo Avena, dictado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2004, Estados Unidos “está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos, incluido Edgar Tamayo”.
La nota señaló que esos 51 mexicanos “fueron condenados a la pena capital sin haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas, tal y como establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.
De producirse la ejecución de Tamayo “sin que su proceso penal sea revisado y su sentencia reconsiderada, de conformidad con lo ordenado por la CIJ, constituiría el tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del Fallo Avena”, indicó el comunicado.
Además, subrayó que ello representaría “una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena, cuya observancia es fundamental para garantizar el derecho de toda persona al debido proceso, incluyendo los nacionales de Estados Unidos, mientras se encuentren de viaje o residan en el extranjero”.
La cancillería mexicana informó que “en coordinación con los abogados del señor Tamayo ha hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles para evitar la ejecución”, y destacó que “valora los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para asegurar que el estado Texas acate el Fallo Avena”. Y agregó que aprecia también “el repetido reconocimiento de su obligación internacional en el transcurso de los años recientes y los esfuerzos realizados junto con algunos legisladores federales para buscar la aprobación de una iniciativa de ley que asegure el cumplimiento en todos los estados de esta obligación internacional”. No obstante, advirtió que esa legislación “desafortunadamente continúa sin concretarse”.
Tras describir las numerosas “acciones políticas” efectuadas para evitar la ejecución de Tamayo por parte de funcionarios y dirigentes mexicanos, así como por organismos internacionales, embajadores en Washington y hasta los propios departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, la nota aseguró que la cancillería “continuará asistiendo a familiares del connacional” Tamayo.
“El gobierno de México se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena”, sostuvo la declaración, y aseguró que desde 2000 logró “evitar o revertir la imposición de la pena capital en 868 casos”.
En tanto, la abogada de Tamayo, Sandra Babcock, afirmó que aún mantenía la esperanza de que el gobernador de Texas, Rick Perry, conmute la pena de muerte a su cliente.
“Todavía no hemos recibido una respuesta a nuestra petición de clemencia ejecutiva, es decir, para la conmutación de la pena”, dijo Babcock en una entrevista emitida ayer por el canal Univisión.
La abogada detalló que la semana pasada presentó recursos legales adicionales ante la Corte de Apelaciones de Texas y la corte de distrito del condado Harris, y aseguró que presentará otros hasta el miércoles.
“Todavía nos quedan algunos recursos y vamos a luchas hasta el último momento, pues yo siempre tengo esperanza, porque sé que nosotros tenemos razón”, sostuvo Babcock.
Inmigrantes sin derechos
El denominado corredor de la muerte de Estados Unidos está repleto de extranjeros que no fueron informados a tiempo de sus derechos y se encuentran a la espera de ser ejecutados, en violación del derecho internacional, entre ellos Edgar Tamayo.
La Convención de Viena de 1963, ratificada por 175 países, entre ellos Estados Unidos, señala que las autoridades penitenciarias deben velar por que el extranjero sea notificado de “los derechos que son suyos” y principalmente de “su derecho a informar a sus representantes consulares”.
De su lado, el consulado debe ofrecer ayuda y asistencia, visitarlo en prisión y representarlo ante los tribunales.
Sin embargo, solo seis de los 143 reos de 37 nacionalidades que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte han sido informados de sus derechos.
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