Ecuador regresaba ayer muy lentamente a la calma después de la jornada de gran tensión de anteayer que concluyó por la noche con el rescate del presidente Rafael Correa por parte de fuerzas militares que lo liberaronde su encierro en el hospital del cuartel policial de Quito, en donde estaba retenido por agentes policiales amotinados. Las autoridades informaron ayer que además de los tres policías fallecidos en la operación, hay un militar y un estudiante que murieron en el hospital, lo que eleva a cinco las víctimas, según el diario ecuatoriano Expreso.
El gobierno ecuatoriano acusó a grupos civiles de estar detrás del amotinamiento policial y apuntó a la Sociedad Patriótica, la organización política que conduce el ex presidente Lucio Gutiérrez.
En tanto, el comandante de la Policía de Ecuador, general Freddy Martínez, renunció ayer al cargo.
El momento más intenso de las últimas once horas del encierro del presidente Correa en el tercer piso del Hospital de la Policía Nacional fue cuando alguien gritó: “Al suelo, al suelo”, y sobrevino el tiroteo.
Unos 550 militares, miembros de la 1ª División de la Brigada de Fuerzas Especiales y del Grupo Especial de Operaciones Ecuador (GOE), participaron en operativo de liberación del mandatario anteanoche.
Cuando la caravana presidencial logró salir del recinto en medio del combate, el mismo vehículo en que se trasladaba Correa sufrió cuatro impactos de bala, y a su paso, en medio de la avenida Mariana de Jesús, caía abatido el agente del GOE, Edwin Calderón.
El saldo del rescate fue dos policías rebeldes abatidos, dos militares y un estudiante, según indicó ayer el diario Expreso.
Minutos después de ser rescatado, Correa culpó al ex mandatario Lucio Gutiérrez por el episodio al hablar al final del “triste día”, porque “se derramó sangre ecuatoriana”, y advirtió que “no habrá ni perdón ni olvido”.
Desde un balcón del Palacio de Carondelet, el presidente sostuvo que entre los sublevados “no todos son policías” sino que “hay infiltrados de partidos políticos”.
Más tarde aún, sobre la medianoche en Ecuador (las 2 de ayer en la Argentina), Correa habló por la cadena nacional, luciendo la banda presidencial, y dijo: “Aquí no vamos a permitir que ocurra lo que ocurrió en Honduras”, en alusión al golpe militar que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya.
Correa afirmó que las tropas policiales y militares fueron manipuladas en un intento de golpe de Estado y una conspiración “muy bien planeada” desde hace tiempo, y anunció una “profunda depuración” de la Policía Nacional, con sanciones a quienes lideraron y participaron en la rebelión.
La crisis también motivó una convocatoria urgente a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en una resolución condenó el intento de golpe de Estado y manifestó su preocupación por la insubordinación policial.
La solidaridad también llegó a través de comunicados, declaraciones de voceros oficiales y llamados telefónicos a Correa, desde todos los países de América latina, la Unión Europea, Estados Unidos y las Naciones Unidas.
En tanto, Francisco Torres, asesor y amigo de Correa, que el jueves compartió con él las casi 12 horas que duró su secuestro en el hospital policial, dijo ayer que los policías, militares y civiles involucrados en el intento de golpe de Estado en Ecuador serán acusados de agresión al presidente, intento de homicidio y traición a la patria.
Torres afirmó que entre los responsables de la rebelión no sólo hay policías y militares sino también civiles, entre quienes identificó a representantes de la Sociedad Patriótica, la organización política que conduce el ex presidente Lucio Gutiérrez. También agradeció especialmente a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por el apoyo brindado al gobierno constitucional, y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por la inmediata condena al intento golpista, en la reunión que tuvo lugar antenoche en Buenos Aires.
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