La Cámara de Biocombustibles, dependiente de la Unión Industrial de Santa Fe, lanzó este lunes un duro comunicado contra el gobierno nacional. Desde el sector sostienen que la falta de actualización de precios para la venta del producto final y el relanzamiento del dólar soja afectan “gravemente” la situación de los productores de bio.
“Increíblemente vemos que decisiones políticas y económicas sin sentido, transparencia ni respaldo técnico ni mucho menos jurídico nos ponen en una posición de vulnerabilidad a riesgo de transformar nuestras Pymes en económicamente inviables”, manifestaron desde la Cámara de biocombustibles.
El reclamo principal tiene que ver con la demora en la actualización del precio de referencia para la venta del biodiesel que debe fijar el Estado nacional. Por otra parte, el enojo también tiene que ver con una segunda edición del dólar soja y el consecuente aumento del grano, principal insumo para la cadena de valor en el bio.
En ese sentido, agregaron: “Estas medidas desesperadas por controlar la macroeconomía y proteger algunos sectores en detrimento de otros, terminan afectando gravemente la continuidad de los productores de Biodiesel de la provincia que concentra el 80% de la producción nacional”.
Los productores vienen reclamando desde octubre que la Secretaría de Energía fije un precio de referencia para noviembre, pero aún no obtuvieron novedades. En simultáneo, reclaman que a las petroleras ya les adelantaron un sendero de precios que recompone los costos de ese sector en perjuicio del biocombustible.
“Para sumar más incertidumbre Economía hoy informa la reedición de un dólar soja disparando los costos de nuestro principal insumo y firma la sentencia de muerte para el sector acordando con las petroleras precios cuidados al combustible lo que implicaria para el futuro incrementos mensuales en el sendero de precios hasta marzo de tan solo el 4% mensual cuando nuestro insumo es en dólares y la devaluación promedio mensual supera el 7%”, agregaron.
Pese al descontento, desde el sector consideran que este conflicto se solucionaría con la reglamentación de la Ley 27640 (todavía en discusión) que debería fijar una fórmula de precio para evitar como en este caso la discrecionalidad del funcionario de turno.
“Ante este nuevo ataque al sector con medidas irracionales y como Pymes de Santa Fe reclamamos de nuestros gobernantes y funcionarios coherencia al momento de legislar y gestionar para no repetir errores del pasado que vemos inexplicable e inexorablemente se repiten desde Aranguren al presente”, concluyeron en el comunicado.
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