Dos organismos creados por el gobierno provincial en octubre del año pasado, tras el caso Tognoli –la Secretaría de Delitos Complejos y la Subsecretaría de Delitos Económicos–, están bajo la lupa de la oposición legislativa.
Diputados del PJ y del PRO aprobaron una moción para que el presidente de la Cámara, Luis Rubeo, gestione una reunión con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, con el objetivo de acordar la visita de la secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, al cuerpo legislativo, en un encuentro del que también quieren participar los senadores.
Según el diputado Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Seguridad, en los siete meses que pasaron desde la creación de la Secretaría de Delitos Complejos –a cargo de la Viglione, que es comisaria, abogada y licenciada en Seguridad– no se cumplieron con los objetivos planteados en su momento por el ministro de Seguridad. El legislador del bloque unipersonal Corriente Peronista Federal sostuvo: “En su constitución, Lamberto señaló que era necesario dejar de lado las improvisaciones, que había que tener gente especializada, altamente calificada y profesional y que había que dar respuestas a la comunidad frente al escándalo que significó la detención del ex comisario Tognoli”.
“El gobierno resolvió crear esta Secretaría a los efectos de dar garantías de que había un proceso de mayor control y evitar la relación de la Policía con el narcotráfico. Está claro que la Secretaría fracasó porque no sólo hay implicancias sino que el segundo de Viglione (el comisario Gustavo Pereyra) no sólo que les daba información a los narcotraficantes de los movimientos que hacía la Policía sino que daba información relacionada con las familias: no solamente decían cuál era el policía que lo investigaba sino a qué escuela iban sus hijos y a qué horario”, acusó Acuña.
Como la Secretaría depende del Ministerio de Seguridad y no de la Policía, el legislador justicialista infiere que la responsabilidad por la actuación del comisario Pereyra es de su superior, Viglione. “Hay que tener en claro que esta persona (Pereyra, detenido por la Justicia) no recibía órdenes de (Omar) Odriozola (jefe de la Policía) sino que dependía exclusiva y excluyentemente de Viglione”.
Además, en la última sesión los diputados del bloque 100% Santafesino presentaron un pedido de informes para conocer cómo está compuesta la Subsecretaría de Delitos Económicos, qué investigaciones se están tramitando y si tuvo intervención en la investigación de casos de narcotráfico en el territorio provincial.
Delitos Económicos está a cargo de la abogada y especialista en derecho tributario, Margarita Zabalza, y depende de la Secretaría de Delitos Complejos. Su objetivo es atender causas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero producto del narcotráfico.
“Queremos saber si se encuentran tramitándose causas como las referidas a los bienes muebles e inmuebles que, según versiones periodísticas, pertenecerían a la familia Cantero, vinculada a causas de narcotráfico en el sur provincial. También queremos conocer qué tipo de capacitación ha brindado esta Subsecretaría a funcionarios y personal policial de la provincia que trabajan en ella”, reclamaron los legisladores de 100% Santafesino.
“Nuestra provincia ha declarado la emergencia en seguridad pública, por eso es de suma importancia que tengamos conocimiento de estas cuestiones a los fines de establecer cómo se encuentra funcionando la Subsecretaría de Delitos Económicos, más aun teniendo en cuenta los últimos acontecimientos referidos a la megacausa que involucra a una familia del sur provincial (los Cantero) y a funcionarios policiales de la Secretaría de Prevención de Delitos Complejos”, añadieron.
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