Laura Gambale/Noticias Argentinas
Luego de la multitudinaria jornada llevada a cabo este sábado a 8 años de la primera gran manifestación que dio origen a Ni Una Menos, todavía resuenan las demandas esbozadas desde distintos colectivos feministas en pos de frenar todas las formas de violencia de género que, llevada a su expresión más brutal, se perpetúa en cada nuevo femicidio.
En diálogo con la reconocida socióloga e investigadora y miltante feminista Dora Barrancos, repasa para NA los principales logros obtenidos desde el 2015 a esta parte y, al mismo tiempo, destaca las deudas urgentes que todavía están vigentes con las mujeres y disidencias.
“El 3 de junio es un hito en nuestras vidas. Ha tenido una proyección de enorme significado, ha logrado grandes cambios en las subjetividades e, incluso, ha puesto de manifiesto que también hay muchos varones Cis dispuestos a cambiar el rumbo brutal del mandato patriarcal”, expone Barrancos.
Y continúa: “Desde luego, aún no hemos podido extinguir la violencia femicida, uno de los hechos que más nos alarman. Lamentablemente, los datos que tenemos son muy similares a los años anteriores y eso debe de cambiar”.
Asimismo, considera que desde el 2015 a esta parte, existe una mayor consciencia crítica sobre la violencia de género y la necesidad de provocar un cambio radical al respecto.
Entre los principales logros y derechos adquiridos, la investigadora no duda en mencionar a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): “Probablemente la Argentina sea hoy el lugar de América Latina con más derechos formales obtenidos gracias a la última gran conquista feminista con la ley por el aborto legal, seguro y gratuito”.
Asegura que “el 30 de diciembre 2020, a las 4.14 de la madrugada –así le gusta puntualizar-, las mujeres y personas gestantes dimos un salto cuántico en la emancipación y en la dignidad. La IVE marca un hito y un quiebre sin precedentes de la circunstancia de retraso de la cuestión latinoamericana respecto a este derecho fundamental para las mujeres y las personas gestantes”.
Si bien todavía existen irregularidades en el cumplimiento efectivo de esta ley tanto en los ámbitos públicos como privados de distintas partes del país, el avance en términos de derechos es sustancial. No obstante, entre las demandas actuales –leídas ayer en el documento-, también se hizo referencia a que se deje de criminalizar a las profesionales que practican la IVE.
Las deudas con las mujeres y disidencias
De las exigencias y demandas urgentes que las mujeres y disidencias continúan esgrimiendo ante los tres poderes del Estado como ante la sociedad en su conjunto, Barrancos puntualizó: “Es prioridad la sanción de la ley de Cuidados, la cual ya se está tratando actualmente en el Congreso”.
En este sentido, asume que es “un año difícil por ser electoral”, pero no por eso deja de manifestar que “es urgente para poder avanzar en la equidad. Se trata de una ley redistributiva y es importante que sea pensada desde esa perspectiva”.
Al mismo tiempo, afirma que se necesita de una “manifestación enérgica por parte del Estado para cambiar las conductas y las normas del mercado laboral: debemos conseguir que las actividades económicas sean desempeñadas en su totalidad también por las mujeres y disidencias”.
Acerca de la Ley de Cuidados
La ley de Cuidados cuenta con unos 40 proyectos diferentes que coinciden en puntos centrales: Todos apuntan a la creación de un sistema integral de políticas de cuidado que reconozca el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados. Según diversos estudios, la feminización de las tareas de cuidado que recaen sobre las mujeres y las disidencias, las recarga por más de 4 horas diarias en cuidar, principalmente a los hijo/as, a personas discapacitadas y a los adultos mayores, obstaculizando su desarrollo profesional y laboral.
Según datos de la organización Grow -Género y Trabajo-, en el país, las tareas domésticas de cuidado están realizadas en un 70,2 por ciento por mujeres vs 29,8 por ciento por varones. Con la nueva ley, se busca que impacte principalmente en la reducción de la carga de cuidado sobre madres y personas gestantes, en pos de revertir la desigualdad laboral; que exista un mayor involucramiento de padres y personas no gestantes en la crianza; y que el cuidado sea reconocido como una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, la sociedad civil y el sector privado.
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