Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Apenas comenzado el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, se iniciaron las gestiones para remediar el conflicto con los denominados “fondos buitre”, que todavía contaban con el 7,6% de la deuda defaulteada en 2001 por no haber aceptado ninguna de las dos propuestas de canje realizadas por la Argentina en los años 2005 y 2010.
El apuro por solucionar este conflicto, agudizado a partir del año 2014 por el accionar del juez norteamericano Thomas Griesa, radicaba en la necesidad de obtener financiamiento para una economía peligrosamente deficitaria. Resulta que luego de la crisis financiera internacional del año 2008, la Argentina evidenció un serio problema de competitividad que revirtió los superávits gemelos (fiscal y externo) logrados en el período 2004-2008. En otras palabras, era necesaria una revisión de la estructura productiva nacional a fin de obtener los recursos que permitieran sostener los objetivos políticos (empleo, inclusión, calidad de vida, etcétera) de manera genuina, es decir, sin profundizar el déficit público ni abusar del endeudamiento interno.
Esta cuestión fundamental de la economía argentina, ausente en el debate público electoral del 2015 pero inquietante entre los economistas y académicos seriamente comprometidos con el desarrollo nacional, fue abordada por el gobierno electo de Cambiemos con una lógica de negocios basados en la renta y la especulación, contraria al interés de las grandes mayorías populares.
Se sostuvo que era necesario arreglar (a cualquier precio) el conflicto con los fondos buitre para así “volver al mundo”, idea que el Congreso de la Nación validó en abril de 2016 aprobando las leyes que permitieron obtener nuevo financiamiento externo para cancelar una parte mayoritaria de la deuda en manos de los especuladores.
Pero lejos de “ingresar al mundo” de los países exportadores y autosuficientes, se profundizó la dependencia del financiamiento externo. Porque en vez de utilizar los recursos provenientes de la deuda pública para solucionar los problemas estructurales de la economía argentina, el gobierno de Cambiemos aplicó una serie de medidas monetarias, cambiarias y fiscales que hicieron que los dólares obtenidos sean apropiados o consumidos sólo por algunos sectores y personas, cargando regresivamente el compromiso de pagarlos sobre el conjunto de la ciudadanía.
Los números explican esta cuestión. El año 2015 terminó con un stock de Deuda Pública Externa de 63.580 millones de dólares y de Deuda Pública en Moneda Extranjera (sin incluir la deuda no presentada al canje) de 148.881 millones de dólares. Tres años después, en diciembre de 2018, tales stocks ascendían a u$s 161.180 millones y u$s 250.957 millones, respectivamente. En síntesis, en tan solo tres años la deuda pública externa, es decir, los pasivos emitidos por el Estado nacional con residentes del exterior, creció en u$s 97.600 millones (un 154%) y la Deuda Pública en Moneda Extranjera (que incluye también deuda interna), en u$s 102.076 millones (un 70%).
Pero, ¿dónde están esos dólares ahora? Entre enero de 2016 y diciembre de 2018 el país registró un egreso de divisas de 146.682 millones de dólares, u$s 92.733 millones en concepto de fuga neta de capitales (Formación de Activos Externos, Turismo y Giro de utilidades), u$s 46.397 millones por el déficit acumulado de la Cuenta Corriente (incluye el intercambio comercial y los servicios reales y financieros), y u$s 7.551 millones por el pago de intereses de deuda al exterior.
En otras palabras, el 95% de la deuda externa contraída durante los primeros tres años de gestión de Cambiemos equivale al monto de la fuga de capitales ocurrida durante ese período. Para comprender mejor el destino de esta “fuga”, vale decir que incluye la compra neta de moneda extranjera por parte del público por un total de u$s 48.102 millones, e inversiones en el exterior por u$s 11.226 millones. También incluye las divisas que los argentinos (los que pudieron) gastaron en el exterior en concepto de “Viajes, transporte y otros pagos con tarjeta”, menos las divisas que los extranjeros dejaron en nuestro país, adición que llega a un egreso neto de u$s 27.200 millones. Por último, la cuenta “Giro de utilidades y dividendos” capta las transferencias al exterior de las ganancias que las empresas tuvieron en el país en el mismo período, y que suman alrededor de u$s 6.205 millones.
Es importante resaltar la relación que existe entre el endeudamiento público y ese egreso de dólares, puesto que la economía argentina no generó esas divisas “fugadas” de manera genuina, mediante el intercambio comercial de bienes y servicios. Por el contrario, el país registró un déficit de Cuenta Corriente que acumuló en los primeros tres años de gestión de Cambiemos cerca de u$s 46.400 millones. Tal monto se explica por un intercambio comercial de bienes y servicios deficitario de u$s 1.913 millones, una salida por rentas netas por u$s 47.303 millones y por un superávit de las transferencias corrientes netas de 2.819 millones; ello en vista de la apertura comercial y la desregulación de los mercados que promovió el gobierno de Cambiemos.
Por último, también hay que considerar la cantidad de dólares enviados al exterior por el pago de intereses de deudas contraídas con residentes extranjeros, que acumuló en tres años u$s 7.551 millones.
Estas cifras son contundentes a la hora de explicar el fracaso que ha significado el modelo de Cambiemos, la falacia de “volver al mundo” y la injusticia e inequidad que genera el esquema aperturista y liberalizador que promovieron siempre los grupos concentrados de poder y que tristemente apoyaron muchos argentinos adherentes a este modelo. Pero ahora sabemos que el país no puede evitar el riesgo creciente de default con una combinación tan aguda de endeudamiento y fuga de capitales.
Pero también indica que cualquier propuesta de solución no puede eludir la definición de una estructura económica posible y efectiva para generar recursos de manera genuina, al mismo tiempo que la posición comercial del país en el contexto mundial como consecuencia de ello. Todo ello, fundamentalmente, luego de establecer los objetivos políticos nacionales y las necesidades básicas que se deben satisfacer y que ningún argentino puede dejar de percibir.
Son muchos los precandidatos que se anticipan a manifestar la necesidad de refinanciar los compromisos de deuda y llevar “tranquilidad a los mercados”, pero pareciera que eluden deliberadamente explicar los cambios que hay que hacer para que la economía argentina genere recursos de manera genuina, deje de fugar la riqueza y redistribuya el ingreso obtenido sobre la base de una estrategia de desarrollo que incluya a todos los sectores y a todas las personas.
La Argentina cuenta (todavía) con una riqueza natural, física y humana suficiente como para que cada argentino viva dignamente y se proyecte en comunidad, realizándose material y espiritualmente. Por eso, no se puede hacer campaña eludiendo la exigencia de un pueblo que sigue clamando por su liberación.
Las injusticias económicas que acentuó el gobierno de Cambiemos ubicando al país en una delicada situación de dependencia y subordinación de intereses extraños (internos o foráneos), sólo puede revertirse con una mirada nacional que ponga a la Patria por encima de las pretensiones coloniales de los poderosos de hoy.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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