Policiales

Emboscada en Cinco Esquinas

Doble crimen develó entramado de traición y drogas

Este viernes fue imputado Claudio “Morocho” M., un hombre de 36 años a quien ubican como verdugo de dos adolescentes asesinados en un pasillo de Lima al 2100. La fiscal dijo que el cuñado del acusado entregó a las víctimas


Los adolescentes estaban en la entrada al pasillo de Lima al 2100 cuando fueron atacados. Foto: Juan José García.

En septiembre pasado los vecinos de Lima al 2100 tuvieron que soportar repetidas balaceras. El más grave de los episodios fue un doble crimen ocurrido cerca de la medianoche del domingo 23. Leonel Bubacar, un pibe de 18 años apodado Buba o Ozuna, y su amigo Kevin Neri, de sólo 16, fueron emboscados y acribillados a balazos por un dúo que se apostó en las sombras de un pasillo de Lima al 2150. Horas después, por la mañana, un grupo familiares de las víctimas sufrió un ataque a balazos que partió de un Peugeot 206 color bordó. Esta agresión dejó un joven de 16 herido en una pierna. La investigación de estos hechos de sangre, que ya tiene a dos adolescentes imputados bajo la órbita del fuero de menores, develó una trama de traiciones con un trasfondo de comercio de drogas. Ahora, como artífice y ejecutor de los ataques quedó detenido un tercero. Se trata de un hombre de 36 años apodado Morocho, quien supo vivir en Rosario pero se había mudado al Cordón Industrial luego de unos años a la sombra en la prisión de Piñero.

El jueves, detectives de la división Homicidios de la PDI bajo directivas de la fiscal Marisol Fabbro llegaron a un domicilio de Buenos Aires al 600, en Capitán Bermúdez, y detuvieron a Claudio Javier M., alias Morocho. El hombre, que posee grueso prontuario y cuyo cuerpo exhibe gran cantidad de tatuajes, quedó imputado un día después por homicidio agravado por el uso de arma de fuego –dos hechos–, abuso y portación de arma de fuego de guerra y tentativa de evasión, ya que, según la acusación, al momento de la detención intentó fugar forcejeando con los policías, y luego quiso tirarse del auto en movimiento. El juez de primera instancia Carlos Leiva aceptó la calificación presentada por la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva por 60 días, lapso que el magistrado consideró suficiente para que la acusación pueda profundizar la investigación y la defensa pueda avalar su planteo desincriminatorio.

La fiscal Fabbro describió en la audiencia de este viernes las circunstancias que rodearon el doble crimen de Lima al 2100, que los investigadores enmarcaron en una disputa por el control del negocio del narcomenudeo en esa zona. Fue en un contexto de repetidas amenazas y balaceras que Buba y Kevin fueron ejecutados. Según la acusación, el doble crimen fue concretado gracias a un entregador, Brandon, cuñado de Morocho.

Regalados

“El imputado concertó con Brandon P. –de 16 años y ya indagado en el juzgado de menores– que éste retirara a Kevin y Leonel de sus casas para llevarlos a una vivienda que Brandon habitaba con su hermana Brenda P., con la excusa de tener que solucionar un entredicho”, dijo Fabbro. Engañadas por su vecino, Kevin y Leonel quedaron indefensos frente a los tiratiros.

“El imputado –describió Fabbro– efectuó múltiples disparos con un arma calibre nueve milímetros acompañado de un cómplice no identificado hasta la fecha con clara intención de causar la muerte”.

Leonel y Kevin murieron minutos después en la guardia del Heca. Pero el raíd de los homicidas no había culminado.

Cuando la zona todavía estaba caliente por el ataque, familiares de Bubacar se habían juntado en Servando Bayo y Riobamba para preparar detalles del velatorio. Eran las 7 de la mañana cuando desde un Peugeot 206 bordó tiratiros arremetieron con plomo contra los deudos: Joel V., de 16 años y hermano de Ozuna, recibió una bala en una pierna. Esa balacera volvió a espantar a los vecinos, todavía asustados, y ahuyentó a los pocos periodistas que se habían acercado al pasillo de calle Lima.

Por ese amedrentamiento, la investigación ubicó otra vez como tirador a Morocho, quien estaba acompañado del ya mencionado Brandon P. y otro adolescente de barrio Tablada: Lucas M., quien fue detenido allá por octubre en Esmeralda al 3700. Fabbro enumeró actas, entrevistas e informes para atribuirles las imputaciones.

Entramado

A comienzos de este año los dos adolescentes, Brandon y Lucas, fueron demorados por tirotear una casa de Uruguay al 3900, en barrio Alvear, agresión derivada, según fuentes policiales, de la disputa entre los bandos con base en los barrios Grandoli y Municipal de la zona sur. En ese contexto, ahora los detectives buscan establecer qué rol le cupo en ese entramado a Morocho, un hombre que en la audiencia imputativa adujo ser vendedor de ropa y exhibe un tatuaje tribal en la cara similar al del ex boxeador Mike Tyson.

Morocho, a quien los detectives vinculan con la familia del hampón asesinado por Los Monos Sergio Pared (VER NOTA), había sido condenado a una sentencia unificada de 17 años por un delitos que van desde el robo, la portación de arma de fuego y la infracción a la ley de drogas. Purgó condena un tiempo en Piñero, pero desde hace un tiempo estaba en su casa de Bermúdez. Este viernes al mediodía prefirió guardar silencio cuando el juez le otorgó el uso de la palabra.

La defensa, representada por Narela y Fernando Sirio, pidió la libertad de su cliente, al exponer que la profusa enumeración de evidencia presentada por la fiscalía carecía de valor probatorio. Expresaron que tanto Ozuna Bubacar como Kevin Neri ya se encontraban amenazados por gente “como el (conocido narcotraficante) Dulce Abregú”.

El juez Leiva buscó mediar entre la petición de la Fiscalía, que pidió como medida cautelar la prisión efectiva por el plazo de ley, y la defensa, que solicitó, en caso de que su cliente no obtuviera la libertad, la prisión domiciliaria. Tras una breve deliberación el magistrado dictó que Claudio Javier M. permanezca preso en Piñero hasta una nueva audiencia a celebrarse el 5 de febrero de 2019. A su vez, instó al Servicio Penitenciario que verifique “la situación de resguardo” del detenido en un plazo que no exceda los cinco a siete días.

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