La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto por el cual se establece el libre acceso a la información pública –en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial– en la provincia. Con 30 votos a favor y ninguno en contra –hubo dos diputados que se abstuvieron–, la Cámara baja volvió a votar –por tercera vez en cinco años– la norma que reconoce “a toda persona física y jurídica que formule el pedido por escrito el derecho al libre acceso a la información completa, veraz y oportuna de los actos de gobierno” de los tres poderes, según se puede leer entre los fundamentos del proyecto. El trámite será gratuito.
El objetivo es regular el derecho de acceso a la información pública “a fin de garantizar la participación ciudadana”, dice el primer artículo de la ley. “El acceso a la información comprende el derecho de consultar la información en el lugar en que se encuentre y de obtener constancia de la misma”. En el segundo artículo, agrega que se podrá ejercer sobre los tres poderes del Estado y sobre sus entes, órganos, empresas y sociedades del sector público. También alcanza a las sentencias definitivas y otras resoluciones judiciales equiparables; no así a las actuaciones en curso.
De sancionarse la norma, a los efectos de su efectivo cumplimiento los sujetos en cuyo poder obre información deberán prever y promover su adecuada organización, sistematización, descripción, clasificación y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. En el artículo quinto de la norma se establece que también deberán disponer “lo necesario para la preservación y conservación de la información, en un todo de acuerdo con las normas vigentes en materia archivística”.
El plazo para que el particular o la empresa que haya requerido información la reciba es de 15 días hábiles administrativos. En caso de que mediaran “circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”, establece el artículo 13, se podrá prorrogar el plazo por otros 15 días. El acceso a la información pública será gratuito en tanto no se requiera la reproducción de la misma; en tal caso, los costos quedarán a cargo del solicitante. La autoridad de aplicación serála Dirección ProvincialAnticorrupción y Transparencia del Sector Público, dependiente del Ministerio de Justicia.
Voces en el recinto
El diputado radical Hugo Marcucci saludó la media sanción: “Es un tema importante y lo venimos debatiendo desde hace tiempo enla Cámarade Diputados. Siempre los distintos bloques acompañaron y avalaron este proyecto para que los ciudadanos de Santa Fe tengan pleno derecho al acceso a la información pública con los principios de igualdad, celeridad, gratuidad, informalidad y sin ningún tipo de restricción”.
Por su parte, el demoprogresista Gabriel Real recordó que el tema fue planteado por primera vez por su correligionario Carlos Favario durante el segundo gobierno de Jorge Obeid: “Esta debe ser la tercera o cuarta vez que se vota el dictamen, siempre por unanimidad. Al contrario de lo que pueden pensar algunos actores de la política, desde el bloque del Partido Demócrata Progresista estamos convencidos desde el primer momento de que esta ley va a tener un efecto altamente positivo. Que toda persona pueda conocer cómo actúa el Estado, cómo maneja sus expedientes administrativos y sus recursos, va a marcar un antes y un después. Insistimos nuevamente y esperemos que en esta oportunidad el Senado se digne a darle tratamiento en tiempo y forma para tener una ley de acceso a la información pública en la provincia”.
Un trámite difícil
En dos ocasiones –una bajo el mandato de Obeid y por iniciativa del senador Joaquín Gramajo; la otra en2009, apetición de Ricardo Spinozzi– el tema se cayó enla Cámaraalta porque los legisladores les hicieron cambios que, luego, los diputados juzgaron inadmisibles. En la primera ocasión, Gramajo introdujo la polémica cláusula del “interés legítimo”, lo que hizo naufragar el debate; dos años atrás, Spinozzi le incorporó un artículo que eximía a los senadores provinciales de informar sobre el destino de los aportes económicos otorgados a personas físicas, excepto con consentimiento expreso de los beneficiarios. Ahora, por tercera vez, la palabra final sobre el libre acceso a la información pública la tiene el Senado.
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