Luego de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el gobierno ya tiene lista la próxima ley para consolidar su estrategia de seducción a las franjas progresistas del electorado. Se trata de la despenalización del uso de drogas para consumo personal, una iniciativa que en medio de la imposibilidad del Congreso para lograr consensos y sancionar leyes, ya cuenta con los votos suficientes para ser aprobada.
Más allá del debate sobre las libertades individuales y la filosofía del derecho, la despenalización del consumo responde a la necesidad de la Casa Rosada de ubicar el debate en otros actores que no sean el gobierno. Ocurrió con la ley de medios, con la reforma del sistema de partidos políticos, con la ley de glaciares, con el amague para cambiar la ley de entidades financieras y ahora con la política de drogas.
El proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas ilegales para consumo personal ya fue presentada en el Congreso por el santafesino diputado del GEN Fabián Peralta, presidente de la comisión de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico. Y vuelve a fracturar a todos los bloques transversalmente, al igual que el matrimonio gay. “Hay una opinión favorable generalizada, que se consolidó con el fallo Arriola de la Corte Suprema, que declara inconstitucional penar la tenencia para consumo. Ahora queremos poner el tema en el cronograma para que sea discutido, nuestra idea al presentar este proyecto es militarlo para que sea aprobado. Esta es una deuda del Poder Legislativo ya que tenemos que admitir el fracaso de la legislación anterior y producir los cambios normativos”, dijo el santafesino Peralta.
La iniciativa para modificar la ley 23.737 que actualmente penaliza la mera tenencia de estupefacientes, cuenta con el aval del bloque kirchnerista de Agustín Rossi y también es apoyada por un sector del radicalismo. Basta recordar el fallo Bazterrica, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que modificó la jurisprdencia a favor de la despenalización. También se manifestó a favor la coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Mónica Cuñarro, aunque el proyecto es resistido en la Cámara de Diputados por el Peronismo Federal de Eduardo Duhalde, el PRO de Mauricio Macri y también por el Episcopado de Jorge Bergoglio. Sin embargo, el punteo de votos previo le asegura el apoyo de más de 129 legisladores.
“En Argentina comenzó la prohibición para consumo en el año 1926 y, salvo en un período de Juan Carlos Onganía y Alfonsín con el fallo Bazterrica, el paradigma fue totalmente prohibicionista; a pesar de que hasta fines de la década de los 80 no había ni consumo problemático de drogas ilegales –estaban reducidas al ámbito bohemio–, ni organizaciones criminales, ni relación entre el narcotráfico y la política, ni nichos de corrupción en las fuerzas y en el poder judicial”, explicó Cuñarro.
Según el proyecto de Peralta, la tenencia de drogas para consumo personal “no será punible cuando por la escasa cantidad sembrada, cultivada o guardada y demás circunstancias surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal”. El segundo es bajar la pena, que actualmente es de tres a doce años de prisión, y que con este proyecto pasaría a se de entre seis meses y tres años “cuando la entrega, suministro o facilitación (de drogas) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad”.
Asimismo, el proyecto establece que cuando un condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, tendrá derecho a acceder a un tratamiento adecuado. El tratamiento se hará “siempre que (el condenado) prestare consentimiento” y deberá ser reconocido y evaluado periódicamente por la autoridad sanitaria nacional o provincial.
El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió, por unanimidad de todos sus integrantes, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la ley de Estupefacientes (N° 23.737), que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento). Según la Corte la inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal que no afecten a terceras personas.
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