El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que rendir cuentas al Congreso y quizás renegociar con Estados Unidos el acuerdo militar que permitía el uso de siete bases en su territorio, que la Justicia declaró inválido por no haber sido sometido al Parlamento.
La Corte Constitucional, que hace un año levantó polémica en la región, determinó que el acuerdo tiene características de un tratado internacional, y por ello requiere de la aprobación parlamentaria, paso que el anterior gobierno de Álvaro Uribe había paso por alto. El gobierno de Santos, que asumió el 7 de este mes, declaró que acatará el fallo y que estudiará detalladamente la decisión.
En tanto, Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, declaró que ese tratado no se había complementado hasta el momento. El número de efectque presta cooperación a la fuerza pública en Colombia está circunscripto a acuerdos que tenían vigencia anterior, por lo que en estos momentos el pronunciamiento de la Corte no tiene un impacto directo.
Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que mantendrá su cooperación con Colombia.
El acuerdo –en cuya negociación participó Santos como ministro de la Defensa– permitía el uso por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra el terrorismo, con autorización de la presencia de un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles, amparados por inmunidad penal.
El canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense William Brownfield fueron los autores del texto suscripto en Bogotá en octubre de 2009 sin ser sometido a la ratificación ni del Congreso estadounidense ni del colombiano.
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