Cuando hace dos años Martín Tobares decidió cambiar de sexo supuso que el proceso iba a ser largo, traumático y hasta doloroso pero, sobre todo, sabía que sería difícil. Tras aprobarse la ley de Identidad de Género en Santa Fe, en junio pasado, sus perspectivas de vida cambiaron aunque sus ilusiones volvieron a desmoronarse. Según contó a El Ciudadano, cuando fue a atenderse al Hospital Centenario para quitarse las mamas, un médico del mencionado efector le pidió 3.500 pesos “en mano” antes de la intervención en concepto de “anestesia”. También sufrió, junto con unos 20 varones trans rosarinos, la demora en la entrega de hormonas masculinas durante cuatro meses.
El pedido del “pago extra” por parte del médico del efector público fue denunciado el lunes pasado por la titular del Frente de Diversidad del Movimiento Evita, Michel Mendoza, y por el mismo Tobares, en el área de Derechos Humanos de la provincia. Al respecto, la subsecretaria jurídica del organismo, Nadia Schujman, dijo que apenas recibió el reclamo ella informó de la situación a través de correo electrónico a las máximas autoridades de Salud santafesinas. Asimismo, indicó que se “llevarán adelante todas las instancias de investigación del caso”.
Aproximadamente en agosto pasado, apenas fue promulgada la ley de Identidad de Género en la provincia de Santa Fe, Tobares pidió un turno en el hospital Centenario para practicarse una masectomía, es decir, la extracción de las glándulas mamarias. Esta intervención puede incluir, en algunos casos, una cirugía estética en la que se corta y retoca la piel para dar forma a los nuevos pectorales. La norma vigente garantiza, entre otras cuestiones, “el derecho de las personas transexuales a acceder a intervenciones quirúrgicas totales y/o tratamientos integrales hormonales” con el fin de adaptar su cuerpo y, además, detalla que “los tratamientos deberán ser cubiertos por el sistema público de salud obras sociales o prepagas”.
De corroborarse el hecho, constituiría un accionar grave por parte del profesional en cuestión puesto que, más allá de lo estipulado por la ley de Identidad de Género, la atención en los efectores públicos de la provincia es totalmente gratuita para quienes no tengan obra social.
Falta de hormonas
Tobares también denunció la falta de entrega de medicamentos para continuar con el tratamiento hormonal que lleva adelante desde hace dos años en el Consultorio Amigable. Aunque esa situación se normalizó y ayer recibió una nueva entrega después de cuatro meses, explicó que cuando se corta un tratamiento de este tipo “se produce un retroceso” en todo sentido. “Nos empiezan a doler los órganos femeninos y en mi caso, que tengo prótesis, me la tengo que quitar porque al no tener los medicamentos me viene nuevamente el período menstrual”. El joven contó que además surgen otras complicaciones como son decaimiento general, cambios en la voz y en la masa muscular, entre otros, lo que ocasionan traumas psicológicos.
Mendoza contó que ayer mantuvieron una reunión con la secretaria de Salud pública municipal, Adela Armando, para solicitarle la “descentralización” de la entrega de hormonas, ya que el trámite sólo se realiza en el Centro de Salud Martin, Moreno 950, donde funcionan los Consultorios Amigables desde 2007. “El efector asiste a unas 173 personas trans, de las cuales 20 son varones”, explicó Armando. Y agregó que allí trabajan, fundamentalmente, en la prevención del uso inadecuado de siliconas –lo que es muy frecuente en el caso de las mujeres–. Respecto al faltante de hormonas para los tratamientos, aseguró que “el problema ya está resuelto” y, que además se capacita permanentemente al personal para dar una respuesta integral en la atención de las personas trans.
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