La Asociación de Abogadas Translesbofeministas La Colectiva denunció a la fiscal María Josefina Bertotto. Lo hizo en relación a un caso donde la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) interviene en la etapa de ejecución penal. Entienden que actuó en forma discriminatoria y sin perspectiva de género. La organización presentó una nota ante la fiscal Regional interina María Eugenia Iribarren advirtiendo la actuación de la funcionaria en relación al caso de una mujer que se encuentra condenada por homicidio y cumple condena domiciliaria desde hace 8 años. A esta persona le faltan cumplir dos años de sanción y, pero como su hija más pequeña cumplió cinco, la fiscal reclama que transite el resto de la condena en la cárcel a pesar de los informes socioambientales y de la Secretaría de Niñez favorables. A esto se suma la posibilidad de encontrarse en plazo para solicitar una libertad condicional. Por esto, desde la Asociación pidieron la adopción de medidas correctivas y sancionatorias para Bertotto.
Representantes de la organización explicaron que la condenada cumple prisión domiciliaria desde hace 8 años. La prisión preventiva la cumplió en esa modalidad y se mantuvo tras ser penada a 10 años de cárcel porque acababa de tener una niña. La menor de sus hijas, convive con cinco menores de edad, cumplió recientemente cinco años y la fiscal solicitó que los años que le quedan los pague en un penal, a pesar de haber respetado todas las reglas de conducta impuestas, explicaron.
Contaron que de suceder esto “las consecuencias que ello acarrearía serían catastróficas. Perjudicaría a todas las partes y no beneficiaría absolutamente a nadie. Entendemos que su argumento radica tan sólo en que su hija menor ha cumplido los cinco años de edad, límite etario dispuesto por la ley. pero para nada restrictivo a la posibilidad de que continúe con la mencionada morigeración”.
Y agregaron que este planteo fue denegado por el juez Rafael Coria de primera instancia y la fiscal apeló la resolución, “lo que según nuestra mirada agrava aún más el incumplimiento de los preceptos constitucionales”.
Piden que una mujer condenada termine la sanción en un penal porque su hija ya cumplió cinco años
La organización se preguntó cuál es el rol del Ministerio Público de la Acusación en la etapa de la ejecución de la pena. Expresaron que en este caso el accionar de la fiscal no condice con la tarea que el MPA debe llevar adelante en esta instancia, “desplegando un punitivismo crudo carente de toda razón y completamente alejado del principio de objetividad”.
Además, dijeron que la falta de perspectiva de género se agrava con la falta de enfoque interseccional atento a que la fiscal ya había pedido la revocación del arresto domiciliario porque no pudieron ponerle un dispositivo de control ya que la mujer no contaba con una conexión de luz oficial en su vivienda. Con esto, desde la Colectiva entendieron esos planteos como “estereotipantes, con falta de conocimiento de las realidades territoriales y discriminatorios”.
A pesar de los informes de cumplimiento de diferentes organismos de control y de lo referido respecto a la imposibilidad de colocar la tobillera electrónica atento a las precarias condiciones de la vivienda, explicaron que la fiscal insistió con el planteo, ahora en base a que la menor de los hijos de la condenada cumplió cinco años.
Argumentaron que este planteo “no tuvo en cuenta el interés superior del niño y no tuvo en consideración que, desde la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes refirieron que al estar involucrados los hijos menores de edad, sus derechos podrían verse afectados si la mujer, única sostén de familia, fuera a prisión”.
Sumaron que la mujer ya cumplió el término legal para acceder a la libertad condicional y hubo trabajadores sociales y psicólogos que relevaron el caso y “ratificaron los cuidados que ella les otorga a sus hijos, señalando incluso desde el Patronato de Liberados que se trata de un caso testigo de cumplimiento de la prisión domiciliaria”, explicaron en el documento que presentaron las integrantes de la Asociación de Abogadas Translesbofeministas La Colectiva.
Concluyeron que la fiscal “ignoró todas las recomendaciones internacionales al solicitar la revocación de la prisión domiciliaria, reincidiendo en su conducta al apelar la resolución denegatoria. No valoró las circunstancias en que se produjo el hecho delictivo, el correcto desarrollo de la ejecución de la pena y las consecuencias que importarían revocar esta modalidad de cumplimiento en el caso concreto, donde existen cinco niños menores de edad que quedarían sin su madre, única referente familiar”.
Además del planteo administrativo ante la fiscal Regional a cargo de la Circunscripción 2 Rosario se fijó para el próximo 7 de junio una audiencia de apelación, a raíz del pedido fiscal, donde un camarista revisará el caso.
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