Norma Beatriz S. se ganaba la vida pescando, habitaba en una humilde vivienda en la zona sur que, para ubicarla hay que buscar la única referencia en la zona: el santuario del gauchito Gil. En 2014 y tras una discusión con un vecino que solía acosarla, refirieron testigos del caso, le pegó dos puntazos en el estómago. Luego esperó que la Policía fuera a buscarla a su casa. Desde entonces está detenida en modalidad domiciliaria. En 2017 reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y la condenaron a una década de cárcel y la jueza actuante mantuvo la modalidad del cumplimiento de la pena. Acababa de ser madre.
A ocho años de estar presa cumpliendo condena, la fiscal del caso pidió que se la traslade a un penal a pesar de cumplir a rajatabla las medidas impuestas por la Justicia y de tener destacados informes socioambientales y de niñez. El fundamento es que sus hijos ya superaron los cinco años. En primera instancia, el pedido pedido fiscal fue denegado y ahora el MPA insiste en la Cámara Penal.
Norma tenía 25 años cuando mato a su vecino de dos puñaladas en el abdomen en el marco de una mala relación que mantenían porque el hombre la acosaba, contaron testigos del caso. La noche del 24 de octubre de 2014 la joven fue hasta la casa de su vecino, ubicada en la zona de Teniente Sánchez y Gutiérrez, que salió a la puerta y en esa circunstancia lo apuñaló. Cuando su familia salió tras escuchar un grito del hombre hubo algunos manotazos intentando sacar a la chica que estaba sobre su vecino, que fue trasladado al hospital pero murió por la gravedad de las lesiones.
Ese mismo día fue detenida en su casa, ubicada a pocos metros del lugar del hecho. Fue imputada y desde entonces está en prisión preventiva. En marzo del 2017, en una audiencia de procedimiento abreviado fue condenada a 10 años de cárcel por el crimen de Gustavo Machuca y lesiones leves a la madre y hermano del hombre. La joven ya se encontraba en arresto domiciliario y se mantuvo la modalidad porque hacía pocos días había nacido su hija.
En abril pasado la fiscal María Josefina Bertoto pidió la revocación del arresto domiciliario al considerar que ya no se cumplía el requisito legal que le había permitido acceder a la domiciliaria, la niña había cumplido cinco años.
El informe socioambiental determinó que la mujer es la única adulta en la casa y vive con sus cinco hijos menores de edad que van desde 17 a los 5 años, a pesar de ellos y el cumplimiento de todas las reglas impuestas la fiscal pidió que los dos años que restan cumplir lo haga en el penal. Pero el juez Rafael Coria rechazó el planteo fiscal y mantuvo la prisión domiciliaria de la mujer.
La fiscal apeló la decisión al entender que no hay norma legal que avale el arresto domiciliario. Para Bertoto el hecho de que numerosos profesionales de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Oficina de Asistencia Técnica y de Asesoramiento integral y acompañamiento de las personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de la libertad del Servicio Público de la Defensa Penal y del patronato de liberados coincidieran en que durante el tiempo de detención hubo un correcto accionar de la joven madre y un destacado ejercicio su maternidad ello no es un fundamento para mantener el arresto domiciliario independientemente del interés superior del niño que se encuentra en juego en el caso.
Ahora quedará en manos de la camarista Carina Lurati la revisión de la decisión del juez Coria quien tras evaluar los elementos del caso, la conducta de la condenada y la situación de los hijos a su cargo resolvió mantener la prisión domiciliaria al hacer una interpretación integral de las normas.
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