El fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, presentó una denuncia penal, ante la Justicia Federal, contra los policías santafesinos que encabezaron el alzamiento y mantuvieron ocupada por dos días la entrada principal de Casa de Gobierno, muchos de los cuales portaban armas reglamentarias.
La denuncia es para que se investigue la participación de integrantes de las fuerzas de seguridad “en carácter de coautores, cómplices, determinadores e instigadores, y que como funcionarios públicos o particulares, hayan participado criminalmente en su perpetración de los delitos de coacciones calificadas, asociación ilícita agravada, atentado al orden público, sedición, violación de los deberes de los funcionarios cometidos contra la libertad, el orden público, los poderes públicos y la administración pública, en concurso formal”.
Por instrucción del gobernador Antonio Bonfatti, la Fiscalía de Estado hizo una presentación ante el fiscal federal de la ciudad de Santa Fe Walter Rodríguez por la posible comisión de delitos ya que, según Saccone, se puso de manifiesto que “en el marco de este reclamo policial se habían suscitado hechos que, entendíamos, exceden el normal marco de reclamo de cualquier trabajador”.
Como punto de partida, se aportaron pruebas contra los agentes que permanecieron dos días frente de la Casa Gris, en la ciudad capital, armados y con móviles oficiales a su disposición. El fiscal de Estado sostuvo que la participación de “personal vestido de civil que hacía exhibición de armas no es un hecho menor”.
“Esto califica de otra manera la protesta; podría tipificarse en algunos de los supuestos previstos en el Código Penal como sedición”, explicó Saccone a LT3. La presentación de la provincia se enmarca “en apreciaciones del gobierno nacional, donde el ministro (de Justicia, Julio) Alak también se había pronunciado”, agregó el funcionario provincial.
Investigación preliminar
El fiscal federal Walter Rodríguez le dio instrucciones a la Prefectura y a la Policía Federal para que lleven adelante la investigación preliminar. En ese marco se libraron oficios informativos a la Municipalidad de Santa Fe, al Ministerio de Seguridad y al Arzobispado de Santa Fe, donde se cerraron –el martes a la tarde– las negociaciones entre el gobierno provincial y la Policía.
Las medidas dispuestas por el fiscal Rodríguez están orientadas a iniciar una investigación preliminar en la ciudad de Santa Fe para establecer si los policías que se manifestaron frente a la Casa Gris tuvieron conductas extorsivas contra el gobierno provincial y si la actitud de la fuerza generó las condiciones que hicieron posibles los robos y saqueos registrados en los últimos días.
“El 90% no se plegó”
El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, diferenció la situación de Santa Fe de lo ocurrido en otras provincias. “Estoy convencido de que el 90 por ciento de la Policía no se plegó a la protesta. Algunos trabajaron a desgano por razones obvias. Quiero reivindicar el trabajo de la plana mayor de la Policía, las unidades especiales, la plana mayor de la URI, porque salieron a la calle a defender Santa Fe. Hasta miembros de la banda musical de la Policía dejaron sus instrumentos y fueron a la calle”.
“Muchos tendrán que pensar lo que hicieron. Una cosa es la protesta y otra cosa es desproteger a los vecinos. Una cosa es la protesta y otra cosa es utilizar armas para que los compañeros no trabajen o dañar los patrulleros”, enfatizó Lamberto.
El funcionario hizo hincapié en la situación que atravesó la capital provincial: “En Santa Fe hubo actos vandálicos, hubo gente que aprovechó el conflicto para salir a saquear y a robar. La Justicia determinará su responsabilidad en los hechos y analizará los antecedentes delictivos. Los detenidos (hasta ayer eran 50) fueron apresados intentando robar. Así que hubo, al menos, tentativa de robo calificado. Este es un hecho grave que entiendo que impedirá que recuperen la libertad en forma inmediata”.
A financiar el aumento
El senador Miguel Lifschitz dijo ayer que “seguramente en la Cámara de Diputados, donde se está tratando el Presupuesto 2014 (ver página 10), se va a debatir la necesidad de incluir recursos para financiar el aumento otorgado a la Policía. Cuando se le preguntó si podía ser a través de un aumento de impuestos, el ex intendente respondió que esa u otra alternativa hay que encontrar.
Recordó que en el proyecto de presupuesto no está incluido ningún aumento salarial para empleados públicos (las paritarias se negocian en febrero) y mucho menos este que no estaba en los planes de nadie.
El Presupuesto 2014 tiene media sanción del Senado provincial y está ahora a tratamiento en Diputados, donde se esperaba darle sanción antes de que termine el año. De introducirse cambios en la Cámara baja el proyecto deberá volver al Senado.
Bonfatti: “Son actos de sedición”
En sus primeras declaraciones después del acuerdo, el gobernador Antonio Bonfatti remarcó que hubo policías que “actuaron como los delincuentes al taparse la cara”. El mandatario aclaró que no habrá sanciones a los efectivos que participaron de las protestas y que sólo se perseguirá a aquellos que hayan cometido delitos.
Bonfatti destacó la labor de los arzobispos de Santa Fe y Rosario, José María Arancedo y José Luis Mollaghan, y minimizó la crisis al señalar que sólo participó “un grupo minúsculo de 400 o 500 efectivos frente a 22 mil” que forman parte de las fuerzas de seguridad.
El mandatario provincial destacó el diálogo que tuvo con autoridades del gobierno nacional y contó que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo llamó “no menos de 30 o 40 veces”. Además, aseguró haber tenido permanente contacto con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, además de haber hablado en forma permanente con los gobernadores de Buenos Aires Daniel Scioli y de Entre Ríos Sergio Urribarri.
“Fue lo más duro que nos tocó a los argentinos después de los levantamientos militares ocurridos en los primeros años de democracia. Son actos de sedición que están tipificados en el Código Penal. Se puede conversar, dialogar sobre estos temas, pero nunca con un arma en la mano”, sostuvo Bonfatti.
“En Santa Fe existe desde hace tres meses, por resolución del Ministerio de Seguridad, una mesa para dialogar. Siempre hemos planteado que los policías son trabajadores y que merecen evaluarse sus derechos. No pudimos hacer esa selección de temas por el problema de calle Salta y una serie de circunstancias, pero estaba esa mesa para conversar la cuestión salarial”, se lamentó el gobernador.
En declaraciones a Canal 5, el titular del Ejecutivo provincial negó que la Policía haya impuesto sus términos al gobierno: “La propuesta la impusimos por decreto y por una denuncia que hicimos en la Fiscalía Federal, por acto de sedición. No hay conquista por parte de los efectivos policiales. Esto fue una decisión del gobierno provincial porque sabe la situación que atraviesan los policías, como todos los trabajadores estatales”.
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