El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, remarcó ayer que el gobierno defiende la competencia entre empresas del sector de telecomunicaciones y que la decisión de declarar la caducidad de la licencia de Fibertel obedece a “una violación flagrante de la ley” de parte de Cablevisión, la empresa del Grupo Clarín que controla Fibertel. En sintonía con la compañía prestadora del servicio de internet, que ayer publicó una solicitada rechazando la medida, diputados de la oposición anunciaron un proyecto de ley para derogar la resolución por la que el gobierno retiró la licencia a Fibertel, al denunciar que se trata de una “decisión ilegal y un ataque sistemático para restringir la libertad de prensa”.
Por su lado, el ministro De Vido insistió: “Que se entienda, nosotros queremos ampliar la oferta pero que los que presten el servicio no lo hagan en forma trucha”. La empresa Cablevisión aseguró en un comunicado que la decisión del gobierno nacional “busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas” y que ejercerá “todas las acciones administrativas y judiciales tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos”.
De Vido dijo que “acá (por Fibertel) hay una violación fragrante a la ley y no estamos peleando contra un grupo” mediático, tras puntualizar que “lo que sí queremos es evitar concentración monopólica en la actividad que fuera”. “Tampoco es cierto el maniqueísmo que se esparce por ahí, que dice que el que deja de tener el servicio Fibertel estará en manos de las telefónicas”, agregó el funcionario.
El titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Ceferino Namuncurá, aseguró que en “el supuesto caso excepcional de que exista algún punto del país donde haya llegado Fibertel y no haya otro prestador, el gobierno va a hacer todo lo que esté a su disposición para que los clientes tengan otro proveedor”.
Además, la CNC “va a trabajar para que no haya abusos ni excesos sobre los clientes de la ex Fibertel”, de parte de los otros prestadores del servicio de internet de banda ancha, según agregó Namuncurá, para remarcar luego que en el país hay 178 empresas y 155 cooperativas registradas como proveedoras de servicio de banda ancha, lo que demuestra que hay “una oferta importante extendida en el país y una oferta tecnológica”.
Según expresiones del ministro De Vido, Cablevisión, que no tiene licencia para dar servicios de internet de banda ancha, continuó ejerciendo las “potestades” de Fibertel (que sí tenía licencia para dar servicios de telecomunicaciones) pese a que el 15 de enero del año pasado ambas compañías firmaron la disolución de Fibertel ante la Inspección General de Justicia.
“Ataque a libertad de expresión”
Legisladores del arco opositor, Oscar Aguad y Silvana Giudici (UCR), Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Federico Pinedo (PRO), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) y Margarita Stolbizer (GEN) anunciaron que presentarán un proyecto con el propósito de dejar sin efecto la medida del gobierno de anular la licencia de Fibertel.
Los diputados también alertaron que la semana próxima habrá una “andanada del gobierno” sobre Papel Prensa, en alusión al informe que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le presentará a Cristina Kirchner sobre la historia y constitución de esa empresa, previsto para el próximo martes.
Aguad señaló: “No estamos ante hechos aislados, sino ante un plan muy bien concebido, un abuso funcional de uno de los poderes del Estado”. Para el jefe de los diputados de la UCR, ésta decisión del Poder Ejecutivo “forma parte de un ataque sistemático para restringir la libertad de expresión y el derecho a elegir el medio de información”.
Tras la decisión del gobierno de cancelar la licencia para brindar internet de Fibertel-Cablevisión, el Grupo Clarín irá a la Justicia para tratar de trabar una medida que considera “arbitraria e injusta”, mientras busca evitar el éxodo de su millón de usuarios hacia otras empresas.
Por eso, desde la empresa se recordó que los clientes tienen hasta 15 días para apelar la medida publicada en el Boletín Oficial.
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