El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, sostuvo que “Argentina necesita un baño de reconciliación”, y tras calificar de “asesino” al ex dictador Jorge Rafael Videla, criticó el hecho de que el gobierno nacional no le haya ofrecido a los militares reducir sus penas a cambio de información.
De La Sota se refirió a la política de derechos humanos del gobierno nacional, y la criticó al considerarla “una política del resentimiento que, en lugar de negociar para conseguir la información necesaria, se dedicó a amenazarlos diciéndoles «los vamos a reventar»”.
“Yo soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación”, afirmó el gobernador de Córdoba y se preguntó: “Si se quisiera descubrir la verdad en serio, ¿por qué no se hace como en todos los países del mundo?”
Y ejemplificó cómo sería una supuesta negociación con los involucrados en los crímenes de Estado: “Te ofrezco reducirte las penas si me decís realmente dónde están los que nos faltan”.
De esta forma, afirmó el gobernador, se hubiera podido “quebrar la coalición de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado”.
Finalmente señaló: “Soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación. Yo no daría un paso atrás en los Derechos Humanos, daría uno adelante. Yo quiero que también vayan presos los asesinos de José Ignacio Rucci que todavía gozan de buena salud”.
Las reacciones
El constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó ayer que las declaraciones en las que el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, propuso reducir penas a represores a cambio de información “acreditan un supino desconocimiento” del derecho y las previsiones constitucionales.
“Tanto la figura del genocidio como la de crimen de lesa humanidad se oponen categóricamente a la idea de beneficio alguno para los autores y partícipes penalmente responsables”, dijo Barcesat.
Al contrario “de la insólita propuesta del gobernador De la Sota, tanto la amnistía, como el indulto o la conmutación de pena, se encuentran vedadas por los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina e incorporados con jerarquía de cláusula constitucional”, añadió el abogado y citó el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial, Eduardo Toniolli, rechazó la propuesta de negociar con los genocidas porque “va en línea con los sectores más reaccionarios”.
“Esta propuesta no es nueva, la enunció en su momento la diputada (Elisa) Carrió con el argumento de que en países como Sudáfrica había resultado”, reseñó el legislador del Movimiento Evita.
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