Ana Laura Píccolo
Primero. Defender a muerte la propiedad privada. Segundo. Quitar la vida a quien intente apropiarse de lo ajeno. Tercero. Quedar en libertad por ser coherentes con los valores del sistema: los bienes materiales por encima de la vida humana. Podría ser una reflexión sarcástica pero no lo es. El mes próximo se cumple un año del linchamiento de David Moreira. Un joven de 18 años asesinado a golpes por un numeroso grupo de vecinos de barrio Azcuénaga que lo condenó, sin tribunal, por el robo de una cartera.
Ayer, una resolución de la Cámara Penal dejó a un paso de la libertad a los únicos dos imputados. El fallo se remonta a una “contradicción” de la jueza de primera instancia que en noviembre pasado no prorrogó la prisión preventiva de los detenidos, al mismo tiempo que les dictó arresto domiciliario.
Ayer, el juez de cámara Daniel Acosta revocó la resolución dictada por su subordinada de primera instancia, Roxana Bernardelli, que había sido apelada por los abogados de Nahuel Yamil P., de 27 años, y Gerardo Fabián G., de 28, Jorge Bedouret y Germán Mahieu, respectivamente. Entre sus argumentos, el magistrado de alzada señala que en el fallo puesto en cuestión se ven “contrariados los principios lógicos de no contradicción y razón suficiente”, ya que la jueza, por un lado, “denegó la prórroga de la prisión preventiva” y luego “dispuso la prisión domiciliaria, que como tal no es otra cosa que una forma de prisión con finalidad cautelar”. Al respecto refiere que “constituye una contradicción negar la prórroga y disponer en el mismo acto su continuación domiciliaria”.
“Hay prueba no producida”
El abogado de la familia de Moreira, Norberto Olivares, aclaró que esta decisión no desvincula a los imputados de la causa. “Tenemos convicción. La pelea nuestra va a continuar. Lo tomamos como una libertad provisoria. Nosotros ofrecimos y propusimos pruebas a la Fiscalía que todavía no se han producido”, dijo ayer a El Ciudadano tras expresar sus diferencias con el cambio de carátula que el año pasado dispuso el fiscal de la causa, Florentino Malaponte.
En principio, las imputaciones eran de homicidio doblemente calificado por la participación de tres o más personas y ensañamiento. En caso de condena, la misma prevé prisión perpetua. Con el cambio a la figura a la de homicidio por agresión, la perspectiva de la pena es de 2 a 6 años.
“Buenos vecinos”
En lo que considera un indispensable análisis de contexto, el fallo de Acosta conocido ayer plantea que, “más allá de lo que digan las normas, el capitalismo ha logrado poner en crisis el orden de valores y la propiedad ciertamente comenzó a disputarle la primacía a los otros, incluso a la mismísima vida humana”. Y continúa: “Ello no sólo determina que un individuo devenido en ladrón pueda matar a una persona para quedarse con su celular (ejemplo tomado sin ninguna referencia con el hecho motivante); sino que además –y como reacción– aquel colectivo de ciudadanos que podría ubicarse y rotularse como «buenos vecinos» se adjudique un derecho a la autodefensa, en el que puedan cobrarse con vidas la frustración por la cotidiana alteración de su existencia por la proliferación de delitos contra la propiedad”.
Moreira fue asesinado a golpes por un grupo numeroso de vecinos en Marcos Paz y Liniers el 22 de marzo pasado. Iba en moto con un joven que logró huir luego de quitarle la cartera a una mujer. Cuando David cayó del rodado, fue brutalmente golpeado al punto de perder masa encefálica y murió tres días después. Parte de la tortuosa escena quedó registrada en videos tomados por celulares, uno de los cuales llegó a la Justicia y, entre otras medidas, llevó a la detención de los acusados.
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