Policiales

Bandas narco

Daniela Ungaro, también investigada por lavado

La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante hace tres años en una causa que investiga los bienes del asesinado Luis Medina, su ex pareja, y otros familiares y allegados.


Foto: Juan José García

El clan Ungaro, incluida Daniela, quien fue detenida este jueves como una de las cabezas de una organización narcodelictiva, está bajo la lupa de la Justicia federal también por lavado de activos. El dato se conoció a fines de junio de 2015, luego de que la Unidad de Información Financiera de la Nación (UIF) diera por finalizada una investigación administrativa sobre tres grupos asentados en Rosario (los otros dos son los clanes Cantero y Zacarías) y se presentara como querellante en tres causas que instruye el juez federal Carlos Vera Barros, y que fueron impulsadas por los fiscales federales locales y la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Carlos Gonella.

Luis Medina era un ex convicto por robo calificado que algunos meses antes de ser ultimado (en diciembre de 2013) en el acceso sur junto con su novia, la modelo Justina Pérez Castelli, había encabezado el frustrado desembarco local de la franquicia del boliche porteño Esperanto (en agosto de 2012), que nunca fue autorizada a funcionar como disco y debió cerrar tras la oposición de vecinos. Medina figuraba sin ingresos en la Ansés y en su caso el origen de la pesquisa fueron varios Reportes de Operaciones Sospechosas que revelaron ante la UIF la posible existencia de bienes generados por una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

También hubo una presentación de la Sedronar. De la recolección de informes y entrecruzamiento de información, “resulta que las personas físicas imputadas en la causa integrarían una banda criminal dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes y posterior lavado de los activos que dicha actividad les genera”.

Desde la UIF informaron que en este caso se investigan cuatro sociedades y seis personas. La primera es Yazmin SRL, creada en 2011 por Medina y su entonces pareja, Daniela Ungaro, con el fin de otorgar “préstamos de dinero propios con percepción o no de intereses y financiaciones en general, garantizando ello con cualquiera de los medios habituales en el mercado y compraventa y comercialización de automotores”.

En la misma época, la pareja inscribió la firma Lumed 20/11 SRL, con el objeto de la “instalación, administración, explotación y comercialización de bar, confitería y restaurant bailable, con posibilidad de realizar fiestas, cumpleaños, espectáculos, actividades culturales y/o musicales y/o gastronómicas y/o de modelaje y realización u organización de eventos”.

La tercera es Argom SRL, a nombre de Medina y Néstor Tamagno desde 2010, destinada a la fabricación, y/o comercialización, y/o importación, y/o representación y distribución de artículos de caucho y goma, maquinarias y accesorios para gomerías; reconstructoras de neumáticos, motos, bicicletas y/o de sus insumos y accesorios”. Para su funcionamiento se fijó una propiedad de Avellaneda 2430.

A dos cuadras de la sede de Argom SRL, en Avellaneda y Gálvez, justo enfrente del boliche Mogambo, había funcionado el bar americano Daylu, cuya propiedad fue atribuida a Medina y Daniela Ungaro, y a un hermano de ésta, Lelio, apodado Chapita. Otro hermano de Daniela, René, fue condenado por el crimen del barrabrava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos. Precisamente, desde la UIF informaron que se investiga a Daniela, quien tiene un par de antecedentes por infracción a la ley de drogas, y a su padre, Daniel José Ungaro, un ex pirata del asfalto apodado Bola, en la causa por lavado.

En la mira de la UIF también están Esteban Alvarado, a quien le atribuyen haber sido socio de Medina en la venta de sustancias cuya comercialización está prohibida y quien fue condenado como líder de una banda de ladrones de autos en el norte del Gran Buenos Aires. Desde fines del año pasado tiene libertad condicional. También está bajo la lupa Hernán Capucci, cara visible de Esperanto Rosario, según se informó.

La cuarta sociedad investigada es Reina Automotores, conocida concesionaria de autos que funcionó hasta fines de 2014 en bulevar Oroño al 2700 y que fue vinculada con Medina por diferentes fuentes. Como socios figuran desde 2009, Leandro David Pérez, alias Lelo, y Gustavo Pellegrini, aunque éste le transfirió su parte de las acciones a Mauricio Amoroso. Un nombre que vincula a Medina con Reina Automotores es el de Germán Tobo, quien en septiembre de 2014 corrió la misma suerte que Medina: fue asesinado a balazos en su concesionaria de Lagos al 5100 –a pocos metros de la Jefatura de Rosario–, que había abierto cuatro meses antes.

Tobo había sido empleado y/o socio de Medina en la concesionaria Lume, de Pellegrini al 5500, hasta fines de 2013. Antes había trabajado con Lelo Pérez en Reina. La jueza Alejandra Rodenas, que estuvo a cargo de la pesquisa por el crimen de Medina, ordenó allanar Lume a poco del asesinato, ante el rumor de que el lugar estaba siendo vaciado y los vehículos llevados a una concesionaria ubicada enfrente.

El nombre de Lelo Pérez se hizo conocido hace tres años a partir de que los programas del corazón le adjudicaran un romance con la vedette Vicky Xipolitakis, la misma que estuvo presente en la inauguración local de Esperanto y quien protagonizó un escandalete en un vuelo de Austral –causa judicial incluida– que venía a Rosario, justamente para visitar a su pareja. Pérez, dijeron fuentes policiales, es socio de Ariel Gustavo Spadoni, dueño de una concesionaria de motos y procesado por el caso Peras Blancas, que investiga el envío de 1.200 kilos de cocaína a Portugal en 2013, en la firma Respuestos Exclusivos SRL, dedicada a las autopartes. Pero Lelo terminó de ser conocido en Rosario luego de que fuera detenido en el marco de la megaestafa inmobiliaria: una banda de profesionales y empresarios que tenía vínculos con la banda de Los Monos dedicada a desapoderar a los dueños de propiedades mediante falsificación de escrituras. Con arresto domiciliario desde hace un año, enfrenta un pedido de siete años de cárcel y de una multa de 73 millones de pesos.

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