Los accionistas minoritarios de YPF terminaron siendo el jamón del sándwich en medio de la disputa entre el gobierno argentino y Repsol: en un año sufrieron una caída del papel superior al 50 por ciento, que contrastó con la fuerte suba del precio del petróleo.
El discurso pronunciado el lunes último por la presidenta Cristina de Kirchner dejó entrever que la idea es que la empresa continúe cotizando, aunque por otra parte los estatutos actuales de YPF ordenan realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100 por ciento de las acciones a cualquier oferente que se quiera quedar con más del 15 por ciento.
Aproximadamente un 17 por ciento de la compañía está en manos de inversores que si bien tienen una presencia menos significativa en la empresa, en muchos casos son grandes fondos internacionales. La mayor parte del volumen que se negocia de YPF (más de un 90 por ciento) pasa por Wall Street y sólo una mínima parte por la Bolsa porteña. El caso más notorio es el de Lazard Asset Management, que según los últimos registros públicos posee el 3,2 por ciento de la compañía, una participación que hoy estaría valuada en unos 255 millones de dólares. El que le sigue en la lista es Eton Park, que mantiene el 2,5 por ciento de YPF, lo que significa unos 200 millones de dólares.
Ambos le compraron a Repsol entre fines de 2010 y el primer trimestre de 2011, cuando los españoles decidieron reducir la exposición del riesgo argentino, vendiendo una porción de la petrolera. Fue una serie de operaciones en bloque, aunque luego Repsol efectuó otra colocación secundaria de acciones en Wall Street por aproximadamente un 8 por ciento adicional de su participación accionaria. Como consecuencia, luego de todo este proceso la porción de Repsol en YPF cayó del 75 por ciento al 57 por ciento actual.
¿Qué deben esperar estos accionistas menores de YPF? En primer lugar, es probable que sigan sometidos a la volatilidad de la acción. Pero al mismo tiempo aún es una incógnita si se respetará o no el actual estatuto de la empresa. El mismo dice que el comprador, en este caso el Estado, debería extender la oferta para expropiar el 50,01 por ciento de la empresa a la totalidad de los accionistas. Obviamente, cuanto más generosa sea esta propuesta, mayor será el grado de aceptación.
El nuevo directorio que surja de la presencia estatal tranquilamente podría cambiar ese estatuto para que el gobierno no se vea obligado a extender la compra al resto de los accionistas.
La transacción tiene un antecedente. Cuando el Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) compró poco más del 15 por ciento tuvo que lanzar una OPA para quedarse con la totalidad de la compañía. Sin embargo, en aquel momento el único accionista relevante era Repsol, por lo que el consorcio argentino simplemente cumplió con un paso formal.
Uno de los mayores temores tiene que ver con la “indemnización justa” que debe recibir quien queda sujeto a la expropiación. Aquí es donde más problemas puede haber. Una de las posturas del gobierno es que el precio debe surgir del valor libro, es decir el patrimonio de la empresa dividido su número de acciones. De este cálculo surgiría un valor de alrededor de 50 pesos por acción. Se trata de una hipótesis de máxima que maneja el gobierno, de acuerdo con la cual la valuación total no superaría los 4.000 millones de dólares.
Otra posibilidad, que se presume como algo más realista, es que la valuación esté cerca de 8.000 millones de dólares.
Siempre está latente para los accionistas minoritarios, por supuesto, la posibilidad de comenzar juicios internacionales por la expropiación, tal como sucedió en el pasado por ejemplo con compañías rusas.
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