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Ruta del dinero

Crimen de Coto Medrano: cinco empresarios detenidos en distintos allanamientos por lavado

Los ocho operativos se llevaron adelante en los domicilios de los dueños de una financiera del centro y en Puerto Norte en el marco de la causa por lavado de activos y encubrimiento. La pesquisa descubrió que el narcobarra compraba dólares en el mercado ilegal. Hay otros empresarios en la mira


La ruta del dinero en las investigaciones penales se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas personas relacionadas al mundo financiero. El crimen del Marcelo “Coto” Medrano, un hombre vinculado al narcotráfico y la barra de Newell’s dejó a la vista la faceta económica de las actividades criminales y una financiera ubicada en microcentro rosarino, Cofyrco, fue allanada en septiembre pasado.

Los investigadores determinaron que Medrano era cliente de esta entidad. El crimen de Coto abrió otras pesquisas, en este caso vinculada con el lavado de activos. Este martes trascendieron que se hicieron ocho allanamientos que incluyeron los domicilios de los tres dueños de la financiera Cofyrco y las residencias de otras dos personas relacionadas con el mundo financiero. Estos son los cinco detenidos.

También fue allanada la financiera Terranova de San Lorenzo al 1300, vinculada con el empresario Fernando Riccomi, quien fuera detenido el año pasado por violar la cuarentena y quien volvió a los medios a principios de este año, cuando la Unión Argentina de Rugby canceló el contrato por el cual le había cedido el manejo de la franquicia Ceibos.

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal Sebastián Narvaja y llevadas adelante por el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) especialmente en la zona centro y Puerto Norte. Por la firma ubicada en una oficina de Corrientes al 800 fueron arrestados los empresarios Guido Garay junto a Patricio Carey y Fernando Vercesi. También quedaron detenidos otros dos hombres con actividad en el mundo financiero.

Todos serán imputados el próximo jueves por el delito de lavado de activos y por encubrimiento, ya que en el allanamiento de septiembre pasado, en las oficinas de la financiera secuestraron 175 DNI, cuyos titulares, al ser contactados, dijeron que los habían perdido y aseguraron desconocer que se habían comprado dólares a su nombre.

A Marcelo “Coto” Medrano lo mataron el 10 de septiembre pasado cuando paró en una estación de servicios ubicada en Eva Perón y San Martín, de la localidad Granadero Baigorria. Coto bajó y su pareja quedó en el interior del coche. Cuando volvía para continuar viaje, se bajaron varios hombre de una Ecosport y mientras uno de ellos interceptó a la mujer los otros lo acribillaron a tiros. La pesquisa apuntó a los autores materiales y partícipes del crimen, algunos de ellos ya imputados en el caso como el ex uniformado Gabriel Godoy, un policía señalado por conducir el vehículo que llevó y sacó del lugar a los tiradores. Este ex policía también estuvo vinculado a la causa por la desaparición seguida de muerte de Paula Perassi y salió absuelto en el juicio por el beneficio de la duda.

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Pero la pesquisa llevó a lugares insospechados, se desbarataron un puerto seco y uno húmedo en el cordón industrial y se determinó que Medrano operaba con una financiera ubicada en Corrientes al 800, que fue allanada en septiembre pasado. El objetivo fue secuestrar documentación y así lo hicieron: listado de clientes, inversiones realizadas, filmaciones de las cámaras de seguridad de las oficinas, dispositivos electrónicos, celulares y todo otro documento de interés para la causa, de acuerdo informaron desde la Fiscalía en dicha oportunidad.

La sospecha era que Medrano a través de estas operaciones canalizaba dinero de origen ilícito. Se supo que la víctima había comprado el 10 de septiembre un poco más de 17 mil dólares en esa financiera.

Durante el allanamiento, que se realizó en la firma una semana después del crimen de Medrano, habían demorado a uno de sus directivos Fernando Vercesi y la investigación avanzó sobre este hombre y sus socios. Fue así que este martes, a pedido del fiscal Narvaja, se realizaron una serie de allanamientos, algunos de los cuales tuvieron lugar en los domicilios de los socios de la financiera.

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Durante una conferencia de prensa que brindó este martes por la tarde, el fiscal Narvaja dijo que fueron ocho los procedimientos que se realizaron. Cinco en domicilios particulares, en uno de los cuales se secuestró alrededor de 5 millones de pesos y otra suma en dólares que no fue determinada.

Además, los pesquisas allanaron el domicilio de tres empresas, una de ellas figura como financiera, la mencionada Terranova.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó que fueron detenidas cinco personas entre ellas los empresarios de la firma Cofyrco: Vercesi, Garay y Carey. También otros dos hombres con actividad en el mundo financiero, se trata de Marcelo Fracassi y Sergio Zapata.

Todos serán imputados el próximo jueves por el delito de lavado de activos y por encubrimiento, ya que en el allanamiento que se llevó adelante en septiembre pasado, en las oficinas de calle Corrientes al 800, se secuestraron 175 documentos de identidad, señaló el fiscal.  

Narvaja también explicó que se contactaron con los titulares de esos DNI y la mayoría aseguró que los había extraviado y que no habían realizado ninguna operatoria con dólares aunque figuraban ante AFIP como personas que han comprado dólares. Lo que derivará en una nueva ramificación de esta investigación.

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Narvaja recordó que en la pesquisa por el crimen de Marcelo Medrano se detectó una operatoria en una oficina donde aparentemente funcionaba una financiera por lo que se resolvió hacer un desglose e investigar la cuestión patrimonial. Se allanó esa oficina (Cofyrco) donde secuestraron dinero en distintas monedas. Todo indicaba que en el lugar había operaciones de cambio de tipo ilegal, dijo.

Ese cambio de dinero incluyó, entre otras operaciones, las realizadas con Medrano cuya única actividad conocida era la criminal. Nunca tuvo actividad lícita de ningún tipo, aseguró.

El fiscal dijo que más allá de la operatoria de cambio ilegal de dinero, que de por sí es un delito, habría una situación de lavado. Ya que esos pesos que se adquieren ilícitamente terminan luego, a través de préstamos o de un cambio de cheque, en el bolsillo de una persona que introduce ese dinero al circuito legal.

Narvaja detalló que la empresa que funcionaba en las oficinas de Córdoba y Corrientes en realidad no es una financiera, tenía un cascarón de fachada jurídica pero no estaba autorizada como financiera por el Banco Central o la superintendencia de bancos y entidades financieras.

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