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Oldani: juez federal ordenó inhibición de bienes e indagatoria para operadores financieros rosarinos

La medida de la Justicia federal abarca a la hija del empresario junto a nueve personas; entre ellas dos financistas del Grupo Carey. Este año y por diferentes causas, la ruta del dinero llevó a los fiscales a distintas oficinas de la esquina tradicional esquina de Corrientes y Córdoba en Rosario


En la agencia de turismo había cifras millonarias, según la causa.

El juez federal Marcelo Bailaque aceptó el pedido fiscal para indagar a diez sospechosos de intermediación financiera ilegal en el marco de la causa que se desprendió del crimen del operador turístico santafesino Hugo Oldani. Entre la decena de imputados, a quienes les inhibieron sus bienes, figuran dos rosarinos, empleados de la Mutual 29 de Noviembre, vinculada con el Grupo Carey, de Córdoba al 1400. Relacionada con el mismo grupo y con domicilio a pocos metros (sobre Corrientes al 800), la financiera Cofyrco fue allanada semanas atrás ante sospecha de lavado de activos en la investigación por otro asesinato, el del narcobarra de Newell’s Marcelo “Coto” Medrano, y allí se descubrieron 175 DNI que derivaron en la apertura de otra causa judicial. Como si fuera poco para el mundillo financiero cuyo epicentro es la emblemática esquina de Corrientes y Córdoba, este martes fue allanado un estudio contable, que funciona en el mismo edificio que Cofyrco, en el contexto de una investigación por juego clandestino, nada menos que la causa que tiene presos a dos fiscales. Dos semanas atrás, el fiscal federal Federico Reynares Solari pidió que se investigue si otra tradicional casa de cambios de Córdoba al 1400, Transatlántica, vendía dólares al narco Ignacio “Ojito” Actis Caporale, según dijo éste en juicio.

El juez Bailaque hizo lugar, según trascendió ayer en la capital provincial, a un pedido del fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez y dispuso la indagatoria de los diez acusados en el caso Oldani, entre los que aparecen la hija del empresario asesinado, Virginia Oldani, y los operadores rosarinos vinculados con el Grupo Carey SA, el ex rugbier Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, alias Charly y gerente de otra de las firmas del grupo, bajo sospecha de haber incurrido en el delito de intermediación financiera no autorizada. Les inhibió los bienes y fijó fecha para tomarles declaración en marzo próximo.

A nueve meses del homicidio del empresario Oldani, perpetrado en una galería del microcentro de la ciudad de Santa Fe, el fiscal Rodríguez había pedido semanas atrás la indagatoria de las tres personas mencionadas, además de María José Calle, Carina Amelia Chelmo (presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa SA al momento de los hechos), Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas y Eugenio Francisco Alonso.

En los fundamentos del pedido de indagatoria, el fiscal Rodríguez refirió: “El pasado 18 de agosto aludí la presencia de indicios serios, precisos y concordantes para decir que Hugo Ernesto César Oldani había desarrollado actos demostrativos del delito de intermediación financiera no autorizada, de alcance interjurisdiccional, lo cual implica una actividad tendiente a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para prestarlos al público en general. Entre los aspectos más relevantes -prosiguió el funcionario del Ministerio Público Fiscal-, valoré que la suma de dinero hallada en el lugar donde se produjo el homicidio de Oldani es desproporcionada si consideramos los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial”.

La fiscal santafesina Cristina Ferraro, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quedó bajo la lupa de la Justicia Federal por irregularidades que se desprenden de la investigación del crimen ocurrido el pasado 11 de febrero. Para el fiscal federal Rodríguez, su colega provincial no resguardó la suma millonaria hallada en el local de Oldani tras su muerte y permitió que familiares lo retiraran, además de no garantizar la custodia, lo que le valió una denuncia por el delito de encubrimiento agravado.

“En tal sentido podemos reafirmar que Oldani celebraba operaciones de envergadura patrimonial a partir de una logística que incluía la utilización de automotores que ingresaban y estacionaban en dársenas de un garaje que se encuentra al frente de la Galería Rivadavia, conducidos por sujetos que bajaban de los vehículos con cajas de cartón que eran introducidas a la casa de turismo, y luego volvían a llevar esas mismas cajas a sus rodados”, sostiene el pedido de indagatoria.

El caso Oldani, espinoso en los primeros meses de gestión del gobierno provincial, mutó en una causa compleja e incómoda. Parte de ello se debe a que el ministro de Seguridad Marcelo Sain denunció en junio ante la Justicia federal que la firma ubicada en La Rioja al 2445 de Santa Fe -sede de Oldani Turismo SRL- lavaba activos, al tiempo que criticó el accionar de la Justicia provincial.

“Se empezó a mover la cosa como para decir paremos esto, esclarezcamos el homicidio, pero no investiguemos nada más que el homicidio. Esto puede terminar con que se corte el piolín en lo más débil, que son los cuatro pelagatos que estuvieron en ese lugar”, había dicho el ministro sobre los módicos avances del caso que tiene a tres hombres imputados y a una adolescente indagada en la Justicia de Menores.

“Debemos anticipar que los nuevos elementos de prueba me permiten modificar parte de las aseveraciones anteriores, concretamente me refiero a los roles adjudicados a los distintos integrantes de la firma Turismo Oldani SRL, ya que Virginia Oldani no sólo se ocupaba de las operaciones turísticas e intercambio de divisas; ni la empleada María José Calle se limitaba a llevar distintas operaciones turísticas y trámites administrativos”, advierte el fiscal.

“Por lo contrario, sus intervenciones individuales van mucho más allá, pues desarrollaron aportes necesarios que contribuyeron a la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada ejecutado por Hugo Oldani, junto a terceras personas”, fundamenta el representante del Ministerio Público Fiscal.

En la investigación aparecen otros actores que desplegaron vínculos con el malogrado empresario “por fuera de la estructura societaria”. Tales los casos de Carina Amelia Chelmo, presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa S.A., con asiento en la ciudad de Santa Fe, “en lo relativo a la operatoria de préstamos”, especificaron.

También aparece la participación de Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas, Eugenio Francisco Alonso, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigalupo, alias Charly, “en lo concerniente a la operatoria con cheques”. A los últimos cinco, “se le agregan intervenciones en transacciones bajo el sistema del dólar cable”, entiende el fiscal Rodríguez.

En el pedido de indagatoria aparecen dos operadores rosarinos. “Ambos serían del Grupo Carey SA, que tiene asiento en Rosario dedicado a servicios financieros y asesoramiento bursátil según su página web institucional”, referenciaron.

“La información permite sostener que Ciochetto al momento de los hechos se encontraba registrado como empleado de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, con domicilio en calle Córdoba 1437 piso 3 de esa ciudad, de la misma manera que Bacigaluppo lo fue formalmente entre fines del 2017 y mediados del 2018”.

La vinculación entre el Grupo Carey SA y la mencionada Mutual fue explicada por el propio Oldani en la siguiente conversación con el usuario identificado como “Tope”, del 28 de diciembre de 2018, dice el fiscal.

Tope: “Pasame si querés el número de cuenta donde depositarla por las dudas para adelantarme porque estos pibes no me están contestando y me adelantan el juego, pasámela por acá”.

Oldani: “Tienen que ir a Córdoba 1438 tercer piso. Mutual 29 de Noviembre. Preguntan por Carlos Cioccietto. Y le dicen que es un aporte a la cuenta de Hugo Oldani. Ahí te doy los datos Tope, con eso es suficiente, eh… sí los vagos son una mesa o una financiera de Rosario seguro, seguro que esta gente los conocen porque esto es la mutual que tiene… que tiene Carey para hacer algunas cosas en ese color”.

Según la investigación, “se observan conversaciones cuyo contenido permite concluir que diferentes personas se acercaron a Hugo Oldani para entregarle dinero durante un tiempo acordado a cambio de recibir un interés porcentual calculado en función del monto (de similares condiciones a un plazo fijo del sistema bancario), con la posibilidad de renovarlo una vez vencido el plazo, o por lo contrario, retirar el monto e intereses percibidos”.

Para el fiscal Rodríguez “resulta relevante mencionar una conversación entre Hugo Oldani y Charly Bacigaluppo, vinculado al Grupo Carey S.A., a quien le envió un mensaje el 30 de agosto de 2019. “Después sacame us 419.000 y haceme un plazoleta para salchicha”.

“Teniendo en cuenta el contenido del diálogo, es posible presumir que Oldani habría solicitado a Charly que constituya un plazo fijo con los dólares que él tenía en la cuenta que administraba Charly”, entiende el informe del fiscal que lleva adelante la investigación por el crimen del empresario santafesino.

Ojito

El pasado viernes 13 de noviembre, el fiscal general del Ministerio Público Fiscal Federico Reynares Solari pidió que se investigue a la empresa Transatlántica, empresa de cambios que además funciona como agencia de turismo. Es que días antes el imputado por narcotráfico Ignacio Actis Caporale dijo en el juicio que, en 2012, el entonces jefe de Drogas de la Policía de Santa Fe, Alejandro Druetta, lo obligaba a vender estupefacientes incautados en operativos antinarcóticos, y que también le exigía que con el dinero recaudado comprara allí dólares en negro. Ambos están sentados en el banquillo y se acusan mutuamente como jefes de una banda narco.

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