El Ministerio de Seguridad bonaerense envió ayer a 300 efectivos de Infantería al predio de 60 hectáreas tomado en la localidad bonaerense de Merlo, y esperaba ayer una orden judicial que disponga el desalojo de las tierras.
En medio de cruces políticos y acusaciones entre el actual intendente del partido ubicado en el oeste del Gran Buenos Aires, Raúl Othacehé, y el intendente electo, Gustavo Menéndez, el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados apostó al personal de la Policía Bonaerense sobre la ruta 1003, donde las familias comenzaban a construir precarias viviendas, y los puso a disposición del fiscal Fernando Capello.
Según explicó el funcionario del gobernador Daniel Scioli, al personal ya afectado se sumarán hoy otros 300 efectivos, para rodear de forma total las 60 hectáreas que tiene el predio usurpado desde el 22 de octubre pasado.
“Cuando la Justicia nos ordene desalojar, desalojamos”, expresó Granados. Y detalló que no cree que vaya a haber problemas para retirar a la gente del lugar, “ya que no están afincados”.
Además, sostuvo que se trata de “gente que vive en el mismo barrio” y afirmó que son entre “550 y 600 familias”, al rechazar que fueran 3 mil, como se denunció en principio.
Granados consideró que la situación de ocupación se originó a partir de “un vivo que quiso perjudicar a alguien y que hizo correr la voz de que se podían tomar esos terrenos”.
Cuando arribaron los efectivos de Infantería, pasadas las 14.30, algunos vecinos que se encontraban en la zona empezaron a retirar colchones, camas, maderas y elementos utilizados para la construcción precaria de las viviendas.
La toma de tierras tiene dos tramos: las 60 hectáreas de terrenos vacíos y una zona lindera donde se estaban construyendo unas 340 viviendas correspondientes a un plan federal.
Por ese segundo sector, el juez federal de Morón Juan Pablo Salas le pidió ayer al gobierno provincial que impida el ingreso de nuevas personas y de materiales al predio tomado.
En el mismo fallo, el magistrado consideró que el predio pertenece a la órbita del gobierno bonaerense, por lo que se declaró incompetente en la causa, que ahora pasó a manos de la Justicia provincial de Morón.
Tanto el gobernador Daniel Scioli como la mandataria electa, María Eugenia Vidal, repudiaron la usurpación, en medio de las negociaciones entre ambos para el traspaso de la administración el próximo 10 de diciembre.
“Nosotros estamos absolutamente en contra de las tomas ilegales. Cuando hay este tipo de situación, obviamente estamos con el intendente electo trabajando en esta cuestión, y fundamentalmente para normalizar esto sin ningún tipo de violencia”, sostuvo el mandatario bonaerense.
A la vez, continuaron los cruces entre Othacehé, uno de los barones del conurbano, y Menéndez, quienes se señalan mutuamente como responsables de alentar la toma de tierras.
Menéndez sostuvo que le están dejando “una bomba de tiempo” en Merlo, aunque se comprometió a “desactivarla” a partir del 10 de diciembre próximo, mientras que Othacehé salió duro al cruce del intendente electo, lo responsabilizó por la toma y señaló que “está ligado a las drogas y a la delincuencia”.
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