El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, tiene que dar a conocer esta semana de qué modo la EPE compensará a los clientes afectados por los cortes de energía, especialmente frecuentes en Rosario. Así se comprometió ante el defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti, cuando éste se reunió con él para arrimarle su opinión de cómo debe compensarse a los perjudicados.
Bistoletti le pidió a Ciancio, entre otros puntos, que suspenda el aumento tarifario del 6 por ciento –anunciado en los primeros días del año– para aquellos usuarios que fueron afectados por los cortes: “Como gesto de buena voluntad, debería suspenderse por este bimestre en los sectores que más sufrieron cortes de magnitud”, propuso el ombudsman. De momento, lo único seguro es que los electrodomésticos quemados se van a pagar, tal como está estipulado, siempre que quede demostrado que hubo responsabilidad de la empresa. Por lo demás, Bistoletti ofreció los servicios de la Defensoría del Pueblo para facilitar los trámites, que –se supone– serán miles.
La semana anterior hubo en distintos lugares de Rosario varios piquetes protagonizados por usuarios del servicio eléctrico que sufrieron por largas horas las consecuencias de la falta de luz. Las protestas no se limitaron a los barrios periféricos, donde las redes son más precarias y están más expuestas a las inclemencias climáticas sino que llegaron a verificarse en Rioja y Laprida, en pleno microcentro.
La propuesta
La semana pasada, Bistoletti le llevó a Ciancio una propuesta para que la EPE responda los reclamos de los clientes que fueron afectados por los cortes de luz. En primer lugar, el defensor del Pueblo le recordó al ministro una resolución de marzo de 2005 en la que se recomendaba el resarcimiento a los usuarios por cortes abruptos y la creación de un organismo de control. Luego, sostuvo que “más allá de eventuales hechos de fuerza mayor –el que no ha podido preverse o, que previsto, no ha podido evitarse– existen numerosos casos de defectuosa prestación de servicios que afectan a los usuarios de la EPE que ameritan la necesidad de que los perjudicados por diversas situaciones obtengan una rápida reparación de los menoscabos sufridos”.
Después se refirió a las pérdidas que derivan de la defectuosa prestación del servicio: el daño directo a artefactos eléctricos y las mercaderías que se echan a perder en locales comerciales. Para el primero de los casos, ya existe un mecanismo mediante el cual la EPE se hace cargo del monto de los arreglos, pero para la Defensoría del Pueblo es “engorroso” y por eso pidió que se disponga algún sistema más ágil. Para el segundo caso no hay ningún régimen contemplado; de allí que Bistoletti haya señalado que es “una tarea impostergable a resolver”.
Además, el defensor del Pueblo argumentó que el corte en sí mismo es un perjuicio, incluso cuando no haya ocasionado pérdidas materiales, porque la EPE es una empresa monopólica y por lo tanto sus clientes no pueden recurrir al servicio de otra cuando ésta colapsa. En ese sentido, el ombudsman le sugirió a Ciancio que “la mera no prestación del servicio origina la necesidad de indemnizar a los usuarios”. Para ello, citó la legislación que rige a la empresa privada Edesur, que opera en Buenos Aires, que ya fue sancionada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad en 1999. Y le indicó a la EPE que tuviera en cuenta –como antecedente de derecho comparado– el caso de Chile, donde se aplica un sistema de compensaciones por los daños generados por las interrupciones del suministro eléctrico teniendo en cuenta el consumo promedio del cliente y el tiempo del corte.
“Se debe diagramar una reparación por la mera interrupción no programada del suministro eléctrico para todos los usuarios que lo sufran”, pidió Bistoletti. “Para el caso en que el daño exceda esa mera falta de electricidad, que se disponga un trámite ágil y sencillo para obtener la reparación del daño concreto. No resultaría lógico que no se reparen las molestias que originan la no prestación del servicio y que deban ser remediadas en mayor medida en tanto y en cuanto se incremente el tiempo sin suministro eléctrico, ya que es obvio que a medida que pasan las horas sin el fluido, se producen daños concretos para los usuarios”.
La propuesta de la Defensoría del Pueblo contempla la suspensión del aumento tarifario –por el primer bimestre– para los sectores que más han sufrido los cortes. Y prevé una compensación automática por parte de la EPE, es decir sin necesidad de reclamo, para los casos de interrupciones no programadas que hayan superado las seis horas corridas o para los casos de tres cortes que excedan las dos horas de duración cada uno por bimestre. “Se entiende que la compensación referida podría realizarse en kilovatios, siendo éste un sistema inédito en nuestro país”, agregó Bistoletti, que propuso como método compensatorio que se otorgue a los usuarios el doble de los kilovatios no suministrados por el corte, tomando como referencia el consumo del mismo bimestre del año anterior.
El ministro Ciancio reconoció que los problemas en Rosario serán solucionados recién en el mediano plazo, habida cuenta la millonaria inversión que se necesita para actualizar el sistema energético.
—El gobierno tiene menos presupuesto del que esperaba y todo indica que así será durante el resto de la gestión. ¿Cómo se va a hacer esa inversión? —le preguntó El Ciudadano.
—La ciudadanía tendrá que entender que por obra y gracia de un grupo de senadores que se han tomado el derecho de modificar el presupuesto y quitarnos gran parte de lo que pensábamos recaudar, nos han dejado en una situación compleja. De todos modos, con lo que podamos vamos a seguir los planes de trabajo. Estamos gobernando; podemos hacerlo en mejores o en peores condiciones, pero nunca vamos a resignar los planes que planteamos. A pesar de las estrecheces presupuestarias, nos estamos ciñendo a lo que dijimos que íbamos a hacer. Vamos a caminar un poco más rápido o un poco más lento, pero vamos a seguir caminando. Y no vamos a ocular nada: nosotros no mentimos, decimos las cosas como son. Vamos a seguir haciendo obras en la EPE; tal vez no con el nivel de inversión que pensábamos para este año, pero no nos vamos a escudar en que nos quitaron parte del presupuesto para justificar una inacción consentida.
Autocrítica y palos al PJ
Ciancio dijo que “la desinversión ha sido una constante histórica en la empresa”. “Hemos tenido en los últimos días altos consumos de energía producto de temperaturas que han superado lo normal y que no han descendido durante la noche como para que el sistema se recupere. La sobreexigencia en ciudades con tecnologías muy obsoletas hace que el cableado y las mallas no resistan”, agregó.
El ministro también ensayó una autocrítica: “Lo que hay que hacer es plantear estas cosas, reconocer el malhumor de quien se le corta la energía y comunicar a la gente con mayor fidelidad de lo que hemos hecho cuál es la realidad y la vulnerabilidad que tiene este sistema. Y también las posibilidades que tenemos, en el marco de un presupuesto muy acotado, de ir afrontando el trabajo de renovación de un parque eléctrico muy obsoleto, que va a llevar más de una gestión”.
Sobre las críticas del ex interventor de la EPE, Luis El Halli Obeid, que había dicho que las actuales autoridades no estaban preparadas al asumir sus cargos, Ciancio dijo: “Cuando asumimos dijimos con lo que nos encontrábamos. Y dijimos que un problema que no se resolvió en 24 años no se iba a poder resolver en dos años”. Sobre el problema, el ministro fue tajante: la empresa fue desatendida por las sucesivas administraciones justicialistas con el objetivo de privatizarla, cosa que finalmente no ocurrió, en parte por la resistencia del gremio Luz y Fuerza y en parte por la férrea oposición parlamentaria a la privatización.
El ministro ratificó el plan de 1.000 millones de pesos de inversión para la EPE y aseguró que en los dos primeros años de gestión ya se invirtieron 400 millones. A su turno, Cantalejo se quejó porque con el recorte presupuestario dispuesto por los senadores de la oposición la empresa no podrá incorporar cien trabajadores calificados, como estaba previsto. Iba a ser el segundo ingreso de personal en muchos años; el funcionario destacó la importancia recordando que, en los años en que se intentó privatizar la EPE, habían despedido a seiscientos trabajadores, muchos de ellos calificados. “Realmente esto entorpece la atención al cliente”, dijo el titular de la EPE, a la vez que recordó que los cien cargos que le negó el PJ iban a ser destinados a los nuevos callcenter y a trabajos de reparación en el tendido eléctrico.
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