Rafael Correa resultó protagonista excluyente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró hasta el lunes en Tiquipaya, Bolivia, con una enérgica embestida contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) y lo que él denomina el “oenegecismo”.
La intención del presidente ecuatoriano no es solitaria. También los gobiernos de Evo Morales, Dilma Rousseff y Hugo Chávez han expresado quejas o su voluntad de modificar, por diversos motivos, el funcionamiento de la CIDH, en el marco de la cual funciona, desde 1997, la Rele.
Esas siglas no son menores en tanto ejercen un monitoreo del estado de los derechos humanos en el continente y elaboran informes, que luego son enarbolados como amonestaciones o certificados de buena conducta, con mejor o peor intención. Además, la CIDH puede presentar demandas ante la Corte Interamericana, cuyos fallos son, en teoría, vinculantes para los países.
El punto de conflicto que llevó al mandatario ecuatoriano a proclamar que el sistema interamericano tiene que “revolucionarse o desaparecer” es el siguiente. Por un lado, Correa sostiene que la Rele tiene una relación non sancta con las ONG, que a su vez, según él, tienen una relación non sancta con grupos mediáticos y el financiamiento norteamericano, lo que derivaría en una mirada sesgada en sus evaluaciones. Por su parte, las ONG y otros actores argumentan que la Rele, que encabeza hace más de tres años la colombiana Carolina Botero, es autónoma e independiente de los Estados miembros de la OEA, y en ello radica, a su juicio, su fortaleza.
Algunas de las críticas de Correa son menores (considera una “vergüenza” que la CIDH tenga sede en Washington) y otras, como un paso en falso de algunos funcionarios durante el golpe de Estado de 2002 en Venezuela, parecen atendibles. En cualquier caso, cerca en el tiempo, la CIDH y la Corte Interamericana resultaron decisivas, por ejemplo, para la anulación de la amnistía en Uruguay o de las figuras de calumnias e injurias en la Argentina, entre varias resoluciones de alto impacto.
El presidente de Ecuador puso a la CIDH en la mira cuando ésta emitió en 2011 una cautelar contra la demanda entablada contra el diario El Universo. Este medio opositor guayaquileño, que no condenó, por ejemplo, el golpe policial contra Correa de septiembre de 2010, publicó en febrero de 2011 una nota de opinión del editorialista Emilio Palacio en la que se llamó “dictador” al presidente constitucional y se insinuó que podría ser procesado por delitos de lesa humanidad. “Damnificado” por esa nota, entabló un juicio que terminó, corridos algunos plazos llamativos, con una condena al diario a pagar una indemnización 40 millones de dólares y a tres periodistas, a tres años de prisión. El mandatario continuó el proceso contra viento y marea, pese a la vulneración de principios democráticos elementales que señalan que las opiniones, aun las vulgares y sin fundamento como la publicada por El Universo, no deben judicializarse, menos en sede penal, y menos aún si la “víctima” es un presidente, que se supone tiene otras herramientas de gobierno para convivir con los denuestos.
Otro capítulo es el de los informes anuales de la Rele. Por un lado, según datos públicos, diversas ONG del continente que se dedican a la libertad de expresión suelen recibir fondos de organismos estatales, partidarios y privados norteamericanos, o de magnates como George Soros, muchos de los cuales, como mínimo, se llevan bien con el Departamento de Estado. Aunque importante, ese dato no iguala a las ONG. Algunas de ellas exhiben prácticas y posturas públicas opuestas, aunque compartan fuentes de financiamiento y hasta la sede.
Los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador merecen especificaciones. La Embajada de Estados Unidos en Caracas, según develan sus comunicaciones confidenciales con Washington, puso a la “cooperación” con diversas ONG, entre ellas el Instituto Prensa y Sociedad y Espacio Público, como una de sus prioridades para erosionar a Chávez en el frente externo e interno. Evo Morales tuvo, a su vez, serios indicios de que algo similar ocurría en su país a través de la oficina estatal estadounidense Usaid.
En Ecuador, Fundamedios aparece a todas luces como la principal fuente de información local de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA en los informes de 2009 y 2010, en tanto declina algo su recurrencia en el de 2011.
En consecuencia, la agenda de Fundamedios, cuyos informes alimentan también a la Embajada, suele coincidir hasta en sus adjetivos con la de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y rara vez refleja las críticas que no sólo formula Correa a los grandes medios privados, sino que, paradójicamente, la Embajada en Quito hizo propias en sus comunicaciones internas con el Departamento de Estado, emitidas años ha. Ello se desprende de la lectura de los énfasis y los silencios de los informes de la Rele.
En la otra vereda, la defensa poco creíble de la santidad de las ONG que alimenta en parte el sistema interamericano de derechos humanos, o el disimulo eterno, a veces para preservar fuentes de financiamiento, deja abiertos flancos por los que ingresan propuestas drásticas, saludables y poco edificantes a la vez.
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