Los gobiernos de Córdoba y Santa Fe acordaron conformar una mesa técnica para trabajar en una agenda conjunta, tendiente a unificar criterios y acciones para fomentar, promocionar e incentivar la producción de biocombustibles, se informó oficialmente este viernes.
De acuerdo con la información suministrada por Casa de Gobierno, miembros de gabinete de ambas provincias mantuvieron una reunión virtual con el objetivo de “avanzar en la transición energética hacia combustibles sustentables”.
Por Córdoba participaron los ministros Silvina Rivero, de Coordinación; Pablo de Chiara, de Ciencia y Tecnología; Fabián López, de Servicios Públicos y Sergio Busso, de Agricultura y Ganadería.
Por Santa Fe lo hicieron Érika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático; Juan D’angelosante, presidente de la empresa estatal Enerfe; Claudio Mossuz, secretario de Industria, y Candelaria del Pino, secretaria de Gestión Federal.
El ministro De Chiara destacó la iniciativa al sostener que “la producción de biocombustibles es de una gran importancia para la región, por el agregado de valor a las materias primas de origen agrícola y el conocimiento y la innovación que aporta, con el plus de la generación de más posibilidades de desarrollo de energías limpias y sustentables”.
En ese sentido, añadió que en esa mirada “tenemos una total coincidencia con la provincia de Santa Fe y será uno de los ejes de trabajo conjunto”.
También planteó la necesidad de legislar hacia adelante en función de la experiencia adquirida con la ley nacional 26.039 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, cuyos beneficios vencen el próximo 12 de mayo y están solicitando que el Congreso Nacional que se prorrogue.
El pedido de prórroga se viene haciendo a través del bloque de la Región Centro, que integran Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
La Cámara de Diputados de la Nación, por intermedio del bloque del Frente de Todos (FDT), promueve un proyecto para un nuevo marco regulatorio, que se extienda hasta el 2030, en el cual establece la reducción del 10 al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.
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