Vencido el plazo de prórroga, establecido por la Justicia el pasado 17 de noviembre para suspender el remate de la vivienda única de Gilda S., una jubilada de 70 años con discapacidad, el juez Marcelo Bergia volvió a fijar una nueva subasta con fecha para el próximo 21 de este mes, al aludir que se trata de una vivienda en condominio. Desde la Concejalía Popular denunciaron que el dictamen va en contra de la ley aprobada recientemente en la Legislatura provincial, por la cual se extiende por 180 días la ley de protección a la vivienda única. Por su parte, la defensa hará mañana una presentación en Tribunales, con el objeto de que el juez dé marcha atrás con el remate y promueva un acuerdo entre las partes propietarias del inmueble para evitar que la mujer tenga que abandonar la vivienda.
En lo que va de 2015 es la tercera vez que Gilda teme por la posibilidad de quedarse en la calle y perder la vivienda en la que habitó la mayor parte de sus 70 años. Jubilada, con una discapacidad que le afecta los huesos y le ocasiona problemas de motricidad, Gilda se dedicó los últimos años a cuidar a su madre enferma, en el departamento ubicado en Sarmiento y 3 de Febrero, en pleno centro de la ciudad.
Según narró, tras la muerte de su madre, los conflictos por la herencia y la división del inmueble comenzaron cuando su hermana, radicada en Buenos Aires, se negó a aceptar un ofrecimiento económico para que Gilda se quedara en la vivienda. Sin llegar a un acuerdo, su hermana radicó un pedido de remate que desencadenó en la actual situación.
El primer intento de subasta fue en octubre de este año, el cual se suspendió por considerar la propiedad como vivienda única y de ocupación permanente de la jubilada.
Por el mismo motivo, el pasado 17 de noviembre, el juez Bergia dictó una prórroga de al menos 20 días al nuevo intento de subasta, con la idea de que Gilda consiguiera los medios para efectuar un arreglo entre partes que le permitiera quedarse con la vivienda de Sarmiento y 3 de Febrero. Vencido ese plazo, es el mismo juez quien determinó una nueva fecha de subasta para la propiedad, pautada ahora para el próximo 21, a pesar de que la Legislatura de la provincia haya sancionado la extensión por 180 días de la ley de protección a la vivienda única.
“A pesar de la sanción de la ley que prorroga por 180 días los remates de viviendas únicas, el juez Bergia citó para el 21 de diciembre como fecha de remate del departamento, reinterpretando que no es una vivienda única, sino que entiende que es una vivienda de condominio”, explicó Nire Roldán, ex concejal y titular de la Concejalía Popular.
En manifiesta disconformidad con lo resuelto por el juez advirtió: “Claramente es una vivienda única. Entendemos que no debe proceder el remate ya que la reforma del Código Civil interpretó que en el caso de la división de condominio no debe efectuarse. Quienes ganan en esa subasta no son siquiera las partes en disputa, sino la intermediación, es decir, el negocio de la usura y especulación inmobiliaria”.
En noviembre pasado, cuando se suspendió el remate anterior, una entidad de la economía social se acercó a la jubilada, por intermedio de la Concejalía, para ofrecerle un préstamo que le permitiera llegar a un acuerdo económico y, de ese modo, evitar que la mujer tenga que abandonar la vivienda. Por esto, sorprendió la actitud del juez de no llamar a las partes a negociar una alternativa al remate.
“Evaluemos que es una persona jubilada con ingresos modestos y estamos hablando de 700 mil pesos. No vemos por qué el juez determina el remate sin siquiera llamar a un diálogo a las partes, a sabiendas que el mismo día en que se suspendió el remate anterior, entidades de la economía social intentaban dar respuesta al problema e hicieron una oferta concreta que rechazó la otra parte. Entonces nos preguntamos por qué el juez no obliga a la otra parte a aceptar la negociación. Las únicas personas interesadas son personas vinculadas a la usura, que ni siquiera fueron a ver el departamento”, señaló Roldán.
La vivienda está tasada en 1.350.000 pesos y, según explicó Roldán, “sale al remate con un 25 por ciento de retasa, es decir que si no hay oferentes se baja el precio hasta un 50 por ciento”, con lo que estima que podría haber oferentes por 675 mil pesos, la mitad del valor original del inmueble. A su vez, en caso de concretarse la subasta, la propietaria deberá hacerse cargo de las costas, que junto con los gastos de un juicio anterior de sucesión que perdió frente a su hermana daría como saldo un monto de alrededor de 50 mil pesos que obtendría por su parte del inmueble.
“Hay otras alternativas solidarias a considerar previas al remate. En primer lugar, plantear un consenso entre las dos partes y vender de común acuerdo el departamento; otra opción es que una de las partes le compre a la otra el 50 por ciento del inmueble, por eso ofrecimos la ayuda de la entidad de economía solidaria”, explicó el ex Concejal.
Ante la nueva resolución del juez, desde la Concejalía harán una presentación mañana, junto con la defensa de la mujer, para hacer cumplir la ley y evitar la concreción del remate.
“Vamos a hacer una presentación en Tribunales en virtud de lo que dice la ley, ya que consideramos que se trata de una vivienda única. Nos preguntamos cómo a pesar de una sanción legislativa de las dos cámaras, donde suspenden por 180 días los remates, el juez avanza sin siquiera escuchar a las partes. Con esto, ataca el derecho de fondo de la Constitución en el que no se puede rematar este tipo de inmueble, además acá no hay ninguna deuda, sólo es una pérdida”, subrayó Roldán, al tiempo que afirmó que solicitó a la Cámara de Diputados que “investigue qué sucede con este juez que no escucha las sanciones legislativas del congreso provincial”.
“Hay una normativa que suspende los remates, no puede ser un capricho jurídico esta decisión sino que hay que pensar en la legitimidad del acto jurídico, es más importante resolver el problema que hacer caso a teorías jurídicas”, concluyó.
La Legislatura prorrogó la protección por seis meses
En la última sesión ordinaria, la Legislatura provincial sancionó la ley para prorrogar por 180 días hábiles la protección a la vivienda única, suspendiendo por ese tiempo los remates. Asimismo, durante ese plazo, se establece un procedimiento de emergencia para que los jueces establezcan una forma de pago que cancele la deuda y evite la pérdida de la vivienda.
“El año próximo se van a evaluar los 5.500 casos de viviendas pendientes de remate. Se establecerá un registro para ver la cantidad de personas que se encuentran en esta situación y la característica de los acreedores para conocer el estado de las deudas, y determinar si son legítimas las acreencias o no. El objetivo es que se sancione luego una nueva ley que plantee la inenjuiciabilidad e inembargabilidad de las viviendas únicas familiares y de ocupación permanente. Queremos que la ley lo defina con claridad, así no hay jueces que tengan que interpretar las normas”, enfatizó Nire Roldán, titular de la Concejalía Popular, a este diario.
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